La Dirección General de Aduanas denunció irregularidades y sobrefacturación del 80 por ciento en una importación de casi cien máquinas tragamonedas por parte de una empresa argentina con el objetivo de sacar las divisas del país, según denunció el organismo. A su vez, la Dirección General Impositiva incautó casi 600 toneladas de maíz en Luján que no contaba con la documentación respaldatoria que acreditase su origen.

La Aduana encontró irregularidades en la importación de 96 máquinas tragamonedas realizada por la empresa Aristocrat Argentina PTY que presentó documentación adulterada para su ingreso. En primer lugar, había declarado que el costo de la operación era de 931.680 dólares y en segundo lugar que se adquirían 96 aparatos. Pero a través de un trabajo de inteligencia con Trade and Transparency Unit de EE.UU, una entidad creada para el intercambio de información para la transparencia comercial entre dos países, se comprobó que el valor real de la operación fue de 520.870 dólares (lo cual supone una sobrefacturación del 80 por ciento) y también constató que en la exportación se había declarado la salida de 86 máquinas a diferencia de los registros en Argentina.

Aristocrat Argentina PTY es una importadora que abastece a casi todo el mercado argentino de tragamonedas, tanto esa empresa como la exportadora estadounidense pertenecen al mismo grupo económico denominado Aristocrat Leisure Limited, con sede en Sidney, Australia. El organismo que dirige Guillermo Michel observó que esta maniobra habitual entre empresas respondía en este caso al objetivo de sacar divisas del país de forma indebida. Aduana buscará cobrar una multa mínima de 7 millones de dólares.

El caso de las tragamonedas había aparecido en la opinión pública con la denuncia que hiciera el propio ministro Massa al asumir sobre las cautelares para importar entre las que se encontraba este particular caso.

Por otro lado, la Dirección General Impositiva también dependiente de AFIP incautó el jueves 595 toneladas de maíz, con un valor de mercado cercano a los 30 millones de pesos, en una planta de la localidad de Luján, Buenos Aires. La mercadería no contaba con documentación respaldatoria que acreditase su origen, se trataba de un total equivalente a 22 camiones de cargas. Del operativo de fiscalización también participaron agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.