Los organismos de derechos humanos de Chile pusieron el grito en el cielo al conocer las millonarias sumas que ex miembros de las Fuerzas Armadas reciben en concepto de pensiones por invalidez. Los montos superan en un 20 por ciento la última remuneración recibida en actividad y fueron ventilados por el programa de investigación Informe especial que la Televisión Nacional de Chile (TVN) transmite los domingos por la noche. Familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet instaron al gobierno de Michelle Bachelet a que resuelva el tema y termine con el trato especial a las Fuerzas Armadas en materia jubilatoria. “Es brutal que ex agentes de Pinochet reciban altas pensiones por supuesto estrés postraumático, después de haber asesinado gente en la dictadura”, afirmó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira. Entre los beneficiarios está Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor del dictador chileno que recibe una pensión por invalidez desde hace 40 años, calculada hoy en 900.000 pesos chilenos (unos 1.300 dólares aproximadamente). 

Según explicó Pinochet Hiriart, obtuvo el subsidio tras sufrir un accidente mientras prestaba servicios en el Ejército, dos años después de haber ingresado a la institución, de la que se retiró en 1979, después de ocho años de servicio. “Quedé bien para la vida civil pero no para la militar”, señaló Pinochet Hiriart, quien aseguró que en estas cuatro décadas trabajó en otras tareas lejos del mundo castrense.

Los sobresueldos se conocieron gracias a un reportaje emitido anteayer por el canal público de televisión TVN, donde se reveló que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) pagan jugosas sumas de dinero a ex uniformados jubilados que están sanos física y mentalmente e incluso trabajan. Al menos cuatro condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura aparecen en la nómina de beneficiados, además del propio hijo de Pinochet.

“Ellos saben que están cometiendo un delito con los dineros de todos los chilenos. Rechazamos, pero también exigimos que se termine con el poder que las Fuerzas Armadas mantienen en el país”, señaló Lira. Los abultados montos por inutilidad que reciben militares retirados en perfecto estado de salud “habla muy mal de este país, en el que las Fuerzas Armadas pasan por encima del Gobierno, que no supervisa”, subrayó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Es tradición en Chile que los criminales de lesa humanidad no pierdan sus grados ni beneficios económicos al ser condenados, por lo que no dejan de cobrar sus pensiones según la posición jerárquica en la milicia que hayan ocupado al momento de retirarse.

Por otra parte, a 27 años de haber finalizado la dictadura pinochetista, el Estado no se encuentra facultado para fiscalizar a las instituciones militares como hace con las civiles, cuestión ampliamente criticada por los partidos de izquierda. La ciudadanía mostró indignación al conocer estos hechos, que aparecen como más graves a la luz de las bajas jubilaciones que reciben los chilenos, afiliados al sistema privado de pensiones, que en el 90 por ciento de los casos obtienen menos de 240 dólares al mes, según datos de la Fundación Sol.

A las críticas vertidas por la AFEP se sumaron las denuncias de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), desde donde afirmaron que en las Fuerzas Armadas impera la falta de ética, pues se compra el silencio de los soldados a cambio de pensiones de invalidez que superan los 2 millones de pesos (unos 3000 dólares). “Existe un pacto de silencio, del que son parte todas las Fuerzas Armadas, que benefician a sus agentes condenados para que no entreguen información respecto de los crímenes y represión de la dictadura”, remarcó la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro. En esta misma línea, la activista llamó a legislar para democratizar las Fuerzas Armadas, con el objeto de poner fin al secretismo que permanece entre sus filas desde la dictadura.

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, afirmó que “no vamos a proteger a nadie, ni permitir que los recursos de los chilenos estén mal utilizados”, pero matizó que el gobierno no puede anular esas pensiones, porque la ley no permite la revisión de determinaciones establecidas por comisiones médicas. No obstante, dijo que su Ministerio, junto al del Trabajo, formarán una mesa de trabajo que analizará el asunto y entregará resultados en 45 días, y anunció que los antecedentes reunidos por una comisión parlamentaria serán entregados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Contraloría General de la República.

Estimó, además, que para certificar casos de invalidez y otras afecciones se puede dejar de utilizar las listas que emplea el sistema de previsión de Fuerzas Armadas y recurrir en cambio a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) que atiende a la población civil. Las pensiones por invalidez se entregan a aquellos que sufrieron accidentes en actos de servicio, enfermedades profesionales o padecen una enfermedad que les impida trabajar de por vida, en el sector público o privado. Se registraron numerosas jubilaciones que sobrepasan el monto establecido legalmente, de 2304 dólares por beneficiario.