El secretario de Comercio Matías Tombolini destacó este viernes que en enero hubo una mejora en el cumplimiento del programa de Precios Justos respecto a los dos meses anterioers.
Consultado por AM750, el secretario informó en exclusiva que, en un total de 11.344 fiscalizaciones en supermercados, más 350 operativos de día, 413 estudios sobre comercios de cercanía y 8 centros de distribución, se llegó a datos que muestran mejoras en todos los indicadores del programa. Estos arrojaron:
Cumplimiento de stock: 52% en noviembre, 61% en diciembre y 68 por ciento en enero.
Cumplimiento de señalización: 62% en noviembre, 76% en diciembre y 77 por ciento en enero.
Cumplimiento de precios: 99% en noviembre, 100% en diciembre y 100% en enero.
Sobre los incumplimientos, Tombolini señaló que se hizo un descargo por el que se procederá a “multas potenciales” por $650.000.000. En tanto, ya se efectuaron oficialmente sanciones por $404.750.000. Entre las empresas señaladas están: Carrefour, Walmart, Jumbo, Coto y Josimar.
Consultado por Mediodía 750, el funcionario explicó en la actualidad el operativo de verificación opera sobre el stock, sobre el precio, sobre la señalización y, fundamentalmente, de la pauta del 3,2 por ciento de los más de 50 mil productos de consumo popular.
“Porque cuando hablamos hace tres meses, Precios Justos solo operaba en la góndola y hoy opera también en el local donde se vende calzado, bicicleta, útiles, medicamentos o telefonía celular”, agregó el secretario nacional sobre este último punto.
“Orden y previsibilidad”
Tombolini enmarcó el programa de Precios Justos dentro de una “hoja de ruta que plantea el ministro de Economía, Sergio Massa, que supone acuerdos voluntarios que tienen que ver con estas 599 empresas que forman parte”.
“El programa de precios es un eslabón de la política macroeconómica. No es una iniciativa de la secretaria de manera individual. El objetivo es trabajar sobre las expectativas de inflación. Evitar abusos por parte de quienes acceden a dólares al precio oficial”, dijo.
Y añadió: “Un acuerdo de precios supone algo que es voluntario, pero que no es voluntarista. Eso permite al Estado despegar herramientas de verificación. El programa busca construir una pauta de precios que otorguen orden y previsibilidad”.
