Al cumplirse nueve años del nuevo sistema procesal penal de la provincia, el fiscal general Jorge Baclini hizo un balance positivo del desempeño del Ministerio Público de la Acusación, que consideró "eje fundamental" desde 2014, en la justicia penal. En ese sentido, destacó la "transparencia" en relación a la publicidad de los procesos, y la "jerarquización" de las víctimas de delitos. Ante la situación actual, planteó la importancia de "asumir un programa de acuerdo político donde se establezca un proyecto" en relación a la seguridad, ya que lo entiende como un tema que "supera a un gobierno". Además, aseguró que "en la medida que la potestad disciplinaria de los fiscales esté en manos del poder político, en este caso el Legislativo, se daña en forma muy importante la autonomía e independencia del MPA, se afecta la política criminal y se termina poniendo en vilo la actuación de fiscales en las causas".

En febrero de 2014 se puso en marcha el sistema acusatorio que dejó a la fiscalía al frente de las investigaciones penales. Baclini recordó cuáles fueron los principales cambios desde entonces. "En la justicia escrita la investigación estaba a cargo de los jueces y no había un diseño de política criminal. En la problemática que tiene la provincia la creación de estas políticas termina siendo algo muy necesario y va al lado de lo que significa la eficiencia, que tiene que tener los controles adecuados con las garantías que respetamos desde Fiscalía", planteó sobre lo que consideró un cambio "impactante".

Además, puso énfasis en las víctimas. "Tienen un lugar central dentro de lo que es la persecución penal de los delitos. Es una problemática compleja, porque detrás de las 250 mil denuncias que tiene la provincia hay una víctima y eso repercute en tener que afrontar una atención debida a esas personas damnificadas, de la manera más profesional, sobre todo en temáticas puntuales como los delitos contra la integridad sexual, por violencia de género, homicidios dolosos y otros hechos. En la gravedad se termina reconocimiento un tipo de víctima que requiere mayor dedicación del MPA", planteó. 

Como complemento, valoró la "descentralización" del MPA. "Nosotros generamos una política de descentralización amplia que se fue concretando en la provincia. Actualmente tenemos un solo departamento, con cabecera en Helvecia, donde todavía no tenemos delegación del MPA pero los demás sí. Eso es muy importante porque significa un acercamiento a las víctimas que además tienen lugar y opinión en los acuerdos que se celebran, como procedimientos abreviados, suspensión de juicio a prueba y eso le da una validez mayor, se jerarquizó a las víctimas, con un lugar importante", señaló el jefe de los fiscales de la provincia. También mencionó los sistemas de protección a las víctimas.

Consultado sobre la necesidad de un acuerdo político para lograr un plan a mediano y largo plazo por los hechos delictivos, Baclini consideró que "el problema de seguridad es un tema que ya supera a un gobierno y que si no se asume un programa de acuerdo político donde se establezca un proyecto, un plan de trabajo donde se especifique cuáles son las instituciones sobre las cuales se puede impactar de manera inmediata, de manera mediata y a largo plazo, será difícil salir con un esquema de trabajo de caso a caso. La política de seguridad tiene que ser extendida en el tiempo y direccionada donde a través de los gobiernos exista continuidad". 

En ese sentido, planteó que "hay que fortalecer a las áreas de prevención, de investigación policial, criminalísticas y fundamentalmente, las áreas de control policial que son déficit que se sigue teniendo, como el de ingreso y capacitación, que requiere todo un cambio revolucionario para adaptarlo a la verdadera situación que vive la provincia", sostuvo el funcionario judicial.

En relación a la autonomía del MPA, indicó: "Hemos padecimos algunas leyes que terminan dañando la independencia y autonomía del MPA, que son las que se dictaron en relación a la potestad disciplinaria de las y los fiscales, fundamentalmente en lo que hace a la suspensión de entre dos y seis meses y la remoción que está a cargo de la Legislatura provincial. En la medida que la potestad disciplinaria de los fiscales esté en manos del poder político, en este caso el Legislativo, se daña en forma muy importante la autonomía e independencia del MPA y se afecta la política criminal y se termina poniendo en vilo la actuación de cada uno de los fiscales en las causas".

En ese sentido, agregó al portal Rafaelanoticias.com: “Estamos firmemente convencidos de que debe volverse al régimen original en el que los y las fiscales no estaban sometidas a un control político, sino a un sistema disciplinario jurídico que seguía los lineamientos de lo previsto en el artículo 91 de la Constitución Provincial y que era similar a lo regulado por las leyes orgánicas de los ministerios públicos de todo el país”.

Sobre los recursos, comparó que "en Mendoza hay un plantel de 1.600 personas trabajando en la investigación del delito; mientras que en Santa Fe –con casi el doble de población– contamos solo con 650”.

También se refirió a la situación carcelaria. En 2013 (antes del nuevo sistema procesal penal), había 5025 personas privadas de su libertad en la provincia. De ese total, el 54,1% no tenía condena, y "en 2022, las personas privadas de libertad son casi el doble que hace 10 años: de 9.350 personas privadas de su libertad, el 55,9% tiene condena”, diferenció. Al mismo tiempo, valoró que “este incremento de la cantidad de personas privadas de libertad generó un serio problema en el ámbito penitenciario. Por eso creemos que, como ya propusimos en instancias interinstitucionales, es necesario realizar un profundo estudio de las cárceles santafesinas, y un detallado abordaje de las medidas alternativas a la prisión preventiva y a los sistemas de control de las personas que recuperan su libertad”.