Con la lectura de la elevación a juicio comenzó en los tribunales de Comodoro Py el proceso denominado “Superintendencia de Seguridad Federal III”, en el que se analiza la responsabilidad de 17 agentes de la Policía Federal en una serie de operativos clandestinos en 1976 y 1977 que concluyeron con los asesinatos de 10 militantes y los secuestros de otros dos que permanecen desaparecidos. En las antípodas del show punitivista que desborda las pantallas y luego de casi medio siglo de impunidad, los acusados siguen el juicio por plataformas digitales desde sus casas –el Tribunal Oral Federal 6 no les exige estar presentes– y no se privaron de intercambiar risas y saludos durante los cuartos intermedios de la audiencia, que algunos ni siquiera vieron completa por cortes de luz en sus barrios.
La responsabilidad de los acusados en los seis operativos (cinco en la Ciudad de Buenos Aires, uno en el partido de San Martín) surge principalmente de sumarios y documentos incluidos en los denominados “Consejos de Guerra” que realizaba el Cuerpo I de Ejército, con los que en casos excepcionales se buscó dar apariencia de legalidad a la represión clandestina.
La mayoría de los policías procesados integraba los departamentos Sumarios y Táctico de la temible Superintendencia, antes conocida como Coordinación Federal. Sólo cuatro tienen alguna condena previa por delitos de lesa humanidad: el comisario Eduardo Norberto Comesaña (75 años, con detención domiciliaria en CABA), el comisario inspector Rafael Oscar Romero (72, CABA), el suboficial Horacio Alfredo Ortiz (77 años, domiciliado en Ranchos, provincia de Buenos Aires) y el abogado Gerardo Jorge Arráez (70 años, CABA). Alberto Mattone (91 años, CABA) fue jefe de la Zona 1 de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana.
Los otros acusados son Juan Carlos Carrera (76, CABA), Esteban Adolfo Sanguinetti (70, CABA), Antonio Ángel Imbrogiano (71, La Matanza), Miguel Ángel Boiffier (76, Garín), Guillermo Dolz (73, Mar del Plata), Carlos Jorge Berón (73, General Rodríguez), Norberto Julio Varcasia (70, CABA), Osvaldo Néstor González (77, Quilmes Oeste), Daniel Pablo Amarillo (73, barrio La Alborada, en Pilar), Juan Adolfo Ríos (78, Quilmes), Miguel Enrique Carlos Olarte (73, abogado, Quilmes) y Germán Ricardo Rimoldi (70, Casbas, partido bonaerense de Guaminí).
En el juicio se abordarán los homicidios de Jorge Hugo Casoy, María Marta Carlota Imáz Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Levenson, en la madrugada del 18 de mayo de 1976 en el interior del domicilio ubicado en Yatay 707, 8º piso "33"; el asesinato de Mario Lerner el 17 de marzo de 1977 en Don Bosco 4125, 1º C; los homicidios de Carlos Gabriel Federico Jeifetz y de Nora Beatriz Salvarezza, en San Nicolás 2220, 1º "18", el 4 de enero de 1977; y de Mario Alfredo Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Patricia Griffin en la noche del 19 de abril de 1977, en el interior del domicilio de Bacacay 2215, 6º "A".
El juicio a cargo del TOF-6, donde el fiscal general Pablo Ouviña representa al Ministerio Público y donde actúa como querellante la Secretaría de Derechos Humanos, es el tercero relacionado con los crímenes con epicentro en la Superintendencia, que tuvo su propio centro clandestino de detención en Moreno y San José, en el corazón de Buenos Aires. En 2008 se juzgó la Masacre de Fátima, el fusilamiento de 30 militantes que fueron arrancados de la Superintendencia, fusilados y dinamitados en un descampado de Pilar. Ese juicio concluyó con las condenas de Juan Carlos Lapuyole y Carlos Gallone, y la absolución de Miguel Ángel Timarchi. En 2019, en el segundo proceso, fueron condenados Gallone, los citados Comesaña y Romero, y también Fausto José Mingorance, Juan Manuel Grosso y Raúl Antonio Guglielminetti, por delitos contra 67 víctimas, de las cuales 15 continúan desaparecidas.
Los jueces del TOF 6, Daniel Obligado, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, por otra parte, resolvieron prohibirle al portal La Retaguardia, que difunde los juicios de lesa humanidad en todo el país, la transmisión de las audiencias testimoniales.
