El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, integrado por la Marta Snopek y los jueces Federico Díaz y Mario Juárez Almaraz, condenó ayer a Sergio Salum, Víctor Farfán y Jonatán Garzón a ocho años de prisión por el delito de cultivo de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes, tras homologar el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron la defensa y la fiscalía. 

Los tres hombres fueron considerados los cabecillas de la organización que tenía una plantación con más de 2400 plantas de cannabis en una zona rural de La Caldera, cerca del límite con la provincia de Jujuy.

En el caso de Garzón la calificación legal concurre con el delito de almacenamiento, por el secuestro de tres kilos de cogollo de marihuana encontrados en el allanamiento de su vivienda, en la localidad jujeña de Monterrico.

La sentencia fue producto de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal general Eduardo Villalba en la reanudación del debate, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara el rechazo a la recusación interpuesta por la defensa contra la presidenta del tribunal, a la que le objetaba una supuesta falta de imparcialidad.

Al retomar el debate, el tribunal celebró la disposición de las partes por resolver el conflicto a través de las herramientas previstas por el Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019.

Con las tres condenas de ayer, los once imputados que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del NOA llevó a juicio por la plantación de La Caldera, entre ellos los considerados los principales eslabones de la cadena delictiva, recibieron sanciones a través de acuerdos de juicio abreviado, lo que destacó el fiscal Villalba, que también destacó la "eficacia del sistema acusatorio".

Villalba recordó que la plantación de marihuana a cielo abierto más grande del país fue descubierta a partir de la denuncia de un agricultor de la zona. El 4 de febrero del año pasado se allanó la finca Los Chalchanios, ubicada en la localidad de La Caldera, a más de 11 kilómetros de la ciudad de Salta, y limítrofe con Jujuy. En el lugar “había 2.400 plantas con una altura de dos metros, 7.200 plantines listos para su cultivo, 71 kilos de cogollos, 305 gramos de semillas en germinación y tres ladrillos de marihuana prensados, entre otros elementos que hablan por sí solo sobre la envergadura de la empresa ilícita”, resaltó el fiscal.

Además, en la finca tenían todas las herramientas necesarias para el cultivo. “Tenían mochilas fumigadoras, insecticida, fertilizantes, grupos electrógenos, pantallas de calor, picadora y prensadoras; no les faltaba nada, habían pensado en todo, menos en dedicarse a una tarea lícita, que fácilmente podrían haber iniciado, pues se trata de una tierra hermosa”, explicó Villalba.

“Para una mayor magnitud, es dable señalar que la finca allanada estaba en condiciones de producir más de 1.300.000 dosis, prácticamente una para cada habitante de Salta”, agregó, a la vez que puso énfasis en el daño que representó la plantación.

El fiscal describió a Salum, Farfán y Garzón como los “cabecillas”, quienes “tenían el dominio total del delito. Salum y Farfán, desde sus casas, dirigían todo, mientras que Garzón era el ejecutor de las órdenes y, además, quien sabía todo sobre el cultivo de la droga”, aseguró. 

La defensa de los acusados no objetó la fundamentación del acuerdo expresada por el fiscal. Tras eso la presidenta del tribunal interrogó a los tres hombres y cada uno prestó conformidad a las penas propuestas y al decomiso de bienes requerido por la fiscalía, entre los que se mencionaron nueve teléfonos, 175 mil pesos y todas las herramientas y demás elementos utilizados para el cultivo.

Los otros acusados en esta causa recibieron condenas en etapas anteriores, también en acuerdos con la fiscalía. En el primero de ellos, formalizado el 6 de octubre del año pasado, en la audiencia de control de acusación se homologaron las condenas de Tomás y Simón Aparicio, Rodrigo Coronel y José y Gustavo Segovia, en calidad de partícipes secundarios, mientras que el 3 de febrero pasado, en un segundo acuerdo, Juan Berruezo (uno de los dueños de la finca), Luis Aparicio y César Alberto Royo fueron condenados a 8, 6 y 3 años de prisión.