Patricia Isasa, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar y militante de Derechos Humanos, aseguró que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, "no puede refutar" la acusación que le formuló de haber encubierto a un genocida cuando era intendente de Santa Fe, y consideró que el juicio político al máximo tribunal "desnuda la conducta" de sus integrantes.
"No hay forma de que Rosatti refute la acusación por haber encubierto a un genocida. El juicio político a la Corte desnuda la conducta que tienen estos jueces del máximo tribunal", señaló Isasa en declaraciones a Radio Nacional.
Isasa presentó una denuncia contra Rosatti en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por no haber actuado cuando se le informó en los años '90 que Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, el represor que la había secuestrado durante la última dictadura, había trabajado en la Secretaría de Cultura del Municipio de Santa Fe, cuando el actual juez de la Corte era intendente de ese distrito.
"Le dije quien era su empleado. No me quedan dudas de que lo encubrió. No lo despidió cuando debería haberlo hecho. A partir de ahí empezó un encubrimiento de una persona que tenía un requerimiento internacional por una causa por genocidio, terrorismo de Estado y torturas", señaló.
La denuncia de Isasa
En declaraciones formuladas días atrás, Isasa contó: "En ese momento Rosatti, con cara de nada, me dijo, 'bueno, vamos a ver'. Es decir, la nada misma". "Finalmente, me preguntó algo que no entendí. Quería saber si yo tenía trabajo. Años después me dijeron 'te habrá querido sobornar con un cargo'. Ni siquiera abrió un sumario. Ramos Campagnolo, quien me secuestró el 30 de julio del '76, cuando tenía 16 años. Me torturó y violó a cara descubierta. Fui liberada luego de dos años y medio", remarcó la sobreviviente.
En 1997, ya con 37 años, Isasa volvió a Santa Fe y le dicen que su secuestrador estaba trabajando en la Municipalidad "haciendo de matón". Por la vigencia de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales de Carlos Menem presentó en 1998 una denuncia contra Ramos Campagnolo en España, desde donde se pidió su captura por delitos de lesa humanidad.
Comisión de Juicio Político a la Corte
Esta semana, el oficialismo logró en la Comisión de Juicio Político la aprobación, con 16 votos a favor y 15 en contra, de la admisibilidad del proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Para Isasa, así como tenemos "una gran lucha por la soberanía territoria len Lago Escondido" esto es "una lucha por una soberanía judicial".
En esta línea, agregó que el proceso tiene que ver con que "el pueblo tenga soberanía y no esté a merced de esta gente".
Además, informó que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques firmó la libertad condicional de Ramos: "¿A dónde voy arecurrir? ¿A la Corte? ¿Rosatti se va a apartar?".
"Las que libramos son luchas largas. La Comisión puede hacer todas las averiguaciones y pruebas necesarias. Para este caso, no hay prueba que contradiga la acusación de mal desempeño que le formulo por haber encubierto un genocida", cerró.
