El 28 de julio del año pasado un fiscal le pidió por escrito al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que "reforzara la prevención", léase, que pusiera más policías, en las inmediaciones del Instituto Patria. En el oficio le explicaba que sabía, por el tenor de publicaciones y convocatorias en las redes sociales, podía haber "amenazas o intimidaciones a la Sra. vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner". Lo mismo fue informado y requerido al jefe de gabinete del ministerio, Enzo Cassia, y al jefe de la policía porteña, Gabriel Berard. ¿Qué hicieron? Nada. 

Nadie respondió y no se reforzó la presencia de agentes en la zona. Una semanas después, y en especial a partir del 22 de agosto, los alrededores de la casa de CFK se llenaron de uniformados de la Ciudad. No iban a colaborar con su resguardo: iban reprimir y espiar a los manifestantes que querían darle apoyo en los días en que el fiscal Diego Luciani pedía para ella 12 años de cárcel. No se privaron de insultar a su hijo Máximo Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El 1 de septiembre, fue el intento de magnicidio.

Luego del intento de asesinato a la vicepresidenta, la jueza María Eugenia Capuchetti abrió un legajo para investigar a las fuerzas policiales y se enfocó en la custodia de CFK de la Policía Federal. Pero en los días previos al intento de magnicidio hubo un enorme despliegue de agentes de la Policía porteña que desarrollaron actividades que nunca fueron investigadas. Una de ellas fue filmar, el 27 de agosto, a los manifestantes que iban a apoyar a la vicepresidenta en los días del alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio de Vialidad. ¿Quién les dio la orden de filmar? ¿El ministro? ¿El jefe de policía? ¿Algún juez? ¿Qué pasó con ese material? Nada de eso tiene respuesta hasta ahora. 

Lo que se les pasó fue detectar que ya ese día había un hombre armado entre la gente, Fernando Sabag Montiel, que se retiró porque cuando se aprestaba a disparar había cámaras de C5N y quedaba poca gente. Es el mismo que el 1 de septiembre intentaría gatillar en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, y que ahora está detenido junto con Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. A esto hay que sumar que por la zona circulaban tranquilamente los miembros de Revolución Federal.

La punta del ovillo

El fiscal que mandó el oficio a D'Alessandro y compañía es Leonel Gómez Barbella. Fue el primero que tuvo a cargo la investigación sobre las amenazas contra CFK en la puerta del Instituto Patria el 21 de julio de 2022. Ese día un hombre, que después se supo que se llama Claudio Herz, se paró con un megáfono delante de la sede de instituto, en Rodríguez Peña 80, y empezó a gritar: "Ahora te toca la horca, el único camino para deshacernos de vos, de todos tus cómplices, tu hijo y toda la basura que nos gobierna, eso es lo que te vamos a hacer, te vamos a sacar a patadas en el culo" y "te vamos a ahorcar acá" "o si no delante del Senado". Cuando el fiscal imputó a Herz y pidió su detención advirtió también que una agente que estaba a cargo del operativo, hablaba con total confianza con él y no hizo nada por frenarlo. Tiempo después la causa pasó a Comodoro Py y el juez Daniel Rafecas procesó sin prisión preventiva al hombre del altavoz, también identificado porque siempre usa un delantal blanco, por incitación a la violencia colectiva y amenazas.

El hecho es que mientras llevaba adelante su investigación, Gómez Barbella detectó nuevas convocatorias de diversos grupos y personas en las redes sociales y advirtió un peligro. Por esos días, y ya desde mayo, funcionaba Revolución Federal --entre otras-- como organización y convocaba a manifestaciones violentas, varias de ellas en julio y agosto: en la Quinta de Olivos, cuando asumía Silvina Batakis en el ministerio de Economía; en el Obelisco cuando llevaron la famosa guillotina fabricada en la carpintería de su líder, Jonathan Morel; cuando asumió Sergio Massa en lugar de Batakis; en la puerta de la Casa Rosada, con antorchas, entre otras. Con el tiempo el análisis de los videos frente al Instituto Patria reveló que allí estaban también al menos tres referentes del grupo de perfil nazi: el propio Morel, Gastón Guerra y Sabrina Basile.

En la fiscalía de Gómez Barbella ya habían tenido contacto frecuente con el ministro D'Alessandro desde la investigación por el asesinato de Lucas González, a manos de policías de la Ciudad de Buenos Aires. Un funcionario de la fiscalía habló con el jefe de gabinete la cartera de Justicia y Seguridad, Cassia, y éste le dijo que mandaron un oficio al correo electrónico personal institucional de D´Alessandro. Como era el mismo correo con el que se habían comunicado con frecuencia con él, pensaron que recibirían pronta respuesta. Además, el texto indicaba claramente que habían hablado previamente con Cassia y que seguían sus indicaciones. El escrito llevaba un encabezado que decía "urgente" escrito en letras de molde.

También mandaron el oficio al jefe de policía. El texto era muy preciso y advertía que podía haber acciones intimidatorias similares a las que se estaban investigando ese mismo día a las 15.30, el horario de una convocatoria. Nadie respondió a ese requerimiento. Es decir, hubo un fiscal que pidió policías en la zona, en un contexto de una evidente escalada de violencia agitada por agrupaciones de extrema derecha que estaba ya a la vista de todo el mundo, y los responsables de enviarlos, no lo hicieron. No pasó nada de casualidad. Las agresiones en otras acciones forman parte de la investigación a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre Revolución Federal. Cuando procesó a cuatro de sus integrantes, explicó que "agitaron en la sociedad un clima de violencia, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación". Agregó que "realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio” en especial contra funcionarios del Poder Ejecutivo". El episodio Patria fue uno de ellos.

La investigación del atentado

Los abogados de la querella de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del atentado vienen señalando la necesidad de investigar cómo actuó la Policía de la Ciudad en los días de ataques contra ella y otros referentes del oficialismo. Lo volvieron a plantear en la audiencia de recusación contra la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien tiene un cargo rentado en el Instituto de Seguridad Pública porteño, que tiene una dependencia política con la estructura del ministerio que dirige D'Alessandro y la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Para los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal es una designación incompatible con su cargo de jueza, algo que el camarista Leopoldo Bruglia rechazó. Tampoco está claro qué hace en el instituto. Si fuera docencia, necesitaría una autorización de la Corte Suprema. Pero ella está designada en el Observatorio de Políticas de Seguridad, relacionado con el diseño de políticas.

D'Alessandro, vale recordar, fue uno de los integrantes del chárter de jueces, un fiscal, un ex espía, un consultor y empresarios, que viajó a Lago Escondido a la mansión de Joe Lewis, cuya conducta está siendo investigada. Nadie duda que el objetivo de ese viaje pudo estar relacionado con la manipulación de causas, en especial para atacar a CFK y al oficialismo y proteger al macrismo/larretismo. Al ministro también se lo investiga por sus conversaciones con Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti. Una causa se cerró pero quedan otras.

El 28 de agosto se sumó otra situación asombrosa con la policía porteña. Al diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner no lo dejaban pasar y en video se escucha claramente cómo uno de los agentes le grita "¿Querés pasar Máximo la concha de tu madre? ¿Querés pasar puto? La concha de tu madre vas a pasar". Cuando llegaba Axel Kicillof, uno de los oficiales avisa: "Se hizo presente el gobernador de la Provincia", relata uno de los oficiales en el audio. Otro le respondía: "Mire señor, el gobernador de la Provincia (Kicillof) es un manifestante más en este momento. El gobernador es un manifestante más. Vamos a trabajar con el personal urbano de la manera correcta, está formada la línea y vamos a aguantar. El hidrante va a tomar posición por detrás del personal policial". Todo esto está registrado, pero a la jueza hasta ahora no le pareció que hubiera que tenerlo en cuenta.