Este martes 14 de febrero Lucía Pérez cumpliría 23 años y el lunes comienza la segunda semana del juicio que empezó el martes 7: Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (47) están acusados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio”. Como pasó la semana pasada, las organizaciones sociales que acompañan el proceso estarán en la puerta de los Tribunales de Mar del Plata para exigir justicia. “Aunque está claro que se juzga el abuso sexual y la muerte de Lucía, que fue llevada por narcos, las defensas todo el tiempo hacen preguntas que no tienen nada que ver, como si se la investigara a ella. Es muy revictimizante. En la primera semana del juicio quedó claro que hubo un abuso sexual”, expresó Marta Montero, la mamá de Lucía.
Una jornada determinante fue la del jueves, cuando declararon las médicas Silvina Cabrera, Gabriela Tinto y el bioquímico Sebastián de los Reyes, miembros de la Asesoría Pericial de Suprema Corte provincial. Tanto la querella como el tribunal les pidieron que hablaran por turno y que lo hicieran de una manera “menos técnica”. Todos ellos, y Adalberto Bonvicini, exdirector del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, coincidieron en puntos clave: como adolescente de 16 años, Lucía se encontraba en situación de “vulnerabilidad e incapacidad para consentir una relación sexual”. Además, “no hacía falta la fuerza física para ‘someterla’ (concepto que se reiteró en todas las alocuciones)”, remarcando que Lucía se encontraba en una situación de estrés (subjetivo y físico) producido por un abuso sexual y por el consumo de cocaína, lo que alteraba su juicio y capacidad para consentir. También coincidieron en la existencia de lesiones vaginales y anales producto de un abuso sexual, tan categóricamente que pudieron establecer que se produjeron aproximadamente entre 30 a 40 minutos antes de comenzar el proceso de la muerte y que incluso se encontraron lesiones en el cuerpo de Lucía compatibles con traumas producidos mientras se estaba muriendo. Producto de ese abuso sexual y sus lesiones se produjo un sangrado hallado en la ropa de cama de Farías que arrojó un análisis genético positivo para ADN de Lucía, de Farías y de otro varón no identificado.
A diferencia de lo ocurrido en el juicio anterior, hubo unanimidad en que la muerte de Lucía fue violenta y que se produjo por una asfixia e insuficiencia cardíaca, producida por la cocaína suministrada. Además quedó claro que la muerte por consumo de cocaína pudo producirse por una única dosis y que no se corroboraron científicamente antecedentes de consumo en Lucía.
Este segundo juicio se desarrolla ante un tribunal integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, con la acusación a cargo del fiscal Leandro Arévalo. La primera en declarar fue la mamá de Lucía, Marta Montero. Con una foto de su hija en sus manos, Marta dijo: “Cuando me fui la despedí, le di un beso y le dije te quiero mucho. Le di 100 pesos que me había pedido. Me dijo: yo también te quiero mucho. Es el último contacto de amor, de madre que tuve con ella”.
En 2018, cuando se llevó adelante el primer juicio, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, del TOC 1, por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que iba Lucía, pero fueron absueltos por las acusaciones de abuso sexual seguido de muerte y femicidio. Por la lucha de la familia, acompañada por organizaciones transfeministas y de derechos humanos, en agosto de 2020, la sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó ambas absoluciones, dispuso la “nulidad” del primer juicio y ordenó la realización de uno nuevo, que fue confirmada un año más tarde por la Corte Provincial.
Con la declaración de 49 testigos, está previsto que la sentencia sea el 1 de marzo. En representación de la familia de Lucía intervienen las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini. A Offidani lo defiende César Sivo y Romina Merino, mientras que Farías es asistido por la defensora oficial Laura Solari.
La asesora técnica de las querellas, Virginia Creimer, fue propuesta por la fiscalía en la audiencia preliminar del juicio, a mediados del año pasado, para brindar testimonio, en virtud de sus conocidos antecedentes, como testigo experta. Pero las defensas se opusieron terminantemente a que se pudiera escuchar su voz en las audiencias.
El primer día del juicio, el Tribunal dispuso otra sala para que algunos amicus --organizaciones y personas que piden acompañarlo--, familiares y periodistas acreditados, puedan seguir la audiencia. Ese día estuvieron allí Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, y Flavia Delmas, del mismo ministerio; Carolina Varsky, en representación de la cartera Nacional de Mujeres, la diputada Romina del Pla y el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. Afuera, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, entre ellas una gran delegación de la CTA Autónoma, acompaña el desarrollo del juicio.
Además de los amicus, están monitoreando el juicio Eduardo Carnesero, de la Defensoría del Pueblo Bonaerense y Juan Manuel Figueroa, del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Nación.
Las organizaciones sociales que acompañan el segundo juicio volverán a reunirse en las puertas del Tribunal Número 2 de Mar del Plata como lo hicieron desde el inicio de este nuevo juicio para volver a pedir justicia para Lucía. Y es que el femicidio de la adolescente ocurrido el 8 de octubre de 2016 llevó al movimiento transfeminista y de derechos humanos de todo el país a organizar el primer paro de mujeres el 19 de octubre de 2016.
