![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/media/users/4903/anal-c3-ada-20brizuela.png?itok=_cUGIR9m)
La Comunidad Kolla Quewar, de la localidad de Olacapato, acordó ayer un plazo de quince días con la Secretaría de Minería y Energía de Salta para que esta última medie en el conflicto que mantiene con la transnacional minera Río Tinto.
Los problemas se originaron tras la contratación de la empresa Cookins (domiciliada en Olivos, Buenos Aires) para que brinde servicio de catering en uno de sus campamentos en la Puna salteña. La decisión fue confirmada por el Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta. También, por la referente de la Comunidad Kolla Quewar, Clara Acori, y la empresa minera. Ayer por la tarde, el gobierno de Salta informaba que “la comunidad acordó levantar medidas de fuerza para así poder dialogar con la empresa de manera ordenada”.
Miembros de la comunidad permanecieron sobre la ruta nacional 51 el miércoles 8 de febrero, para visibilizar su desacuerdo con el accionar de la transnacional minera ralentizando el paso a transportistas y proveedores que circulan sobre ese tramo de la autovía. Por esa razón, una delegación de la Secretaría de Minería y Energía salteña viajó el jueves a la Puna para gestionar conversaciones entre esa comunidad de Olacapato y la empresa Rincón Minería Limited (subsidiaria de Río Tinto).
“Mina Rincón se encuentra actualmente en fase de exploración. Hay dos campamentos. En el primero la empresa La Estrella, de Olacapato, presta servicios de catering. Como se instaló un segundo campamento transitoriamente para la construcción de la planta de tratamiento (de litio), se contrató a Cookins”, explicó a Salta/12 Claudio Barone, del departamento de Comunicaciones de Río Tinto. Justamente el período de tres meses es el que cuestionan los comuneros de Olacapato. “Una vez que ingresen, nos van a querer echar a todos”, dijo a este medio Miguel Siarez, cacique de la Comunidad Collas Unidos, de San Antonio de Los Cobres. En ese momento (8 de febrero), su acción de protesta se desarrollaba en la plaza 9 de Julio, en la ciudad de Salta, donde visibilizó el problema de los comuneros. Olacapato se encuentra en el departamento Los Andes y la separan casi 230 kilómetros por ruta de la capital salteña.
El representante de Río Tinto confirmó que JSC Minning subcontrató a Cookins para ese servicio de catering minero porque la última era la única que reunía las condiciones requeridas: una cocina móvil. “¿Por qué no nos consultaron a nosotros antes?”, se quejó Siarez que además es coordinador general de la Federación Kollas de Salta. “Nosotros podemos ofrecer los servicios que requieren, pero toman medidas unilaterales (por la empresa minera y las subcontratadas). Queremos que se cumpla la consulta previa, libre e informada”, dijo.
El gobierno de Salta informó ayer que el encuentro en Olacapato entre funcionarios, representantes de la minera y referentes comunitarios, se realizó porque se “habría contratado a una empresa que no está asentada en el Registro de Proveedores de Estado”. La Comunidad Quewar sostuvo desde el principio del conflicto en enero pasado, que ni la empresa Cookins y tampoco quien la subcontrató, JSC Minning, forman parte de ese registro.
Un informe de la Dirección General de Asuntos Legales y Técnicos de la Secretaría de Minería y Energía provincial confirmó la posición de la Comunidad. Se trata de un documento remitido el 3 de febrero pasado a la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini, en relación al expediente 302-22039/2023-0. Fue generado después de que otra funcionaria escuchara las quejas de la Comunidad en una reunión, el 24 de enero pasado. Justamente, al final de ese informe, Asuntos Legales y Técnicos menciona: “se destaca que la empresa referida (por JSC Minning) no se encuentra inscripta constituyendo una Unión Transitoria de Empresas (UTE) en el Registro de Proveedores Locales de Empresas Mineras de la Provincia”. Por lo tanto, todas las acciones que realiza se encuentran fuera de lo establecido por la Ley de Promoción Minera.
Los comuneros kollas discuten que por esa Ley, 8164 de 2019, las empresas que extraen minerales y operan en territorio salteño "deben contratar preferentemente (aclara el artículo 17) obras, bienes, insumos y/o servicios prestados por proveedores locales en un porcentaje no inferior al setenta por ciento”. Ese valor se calcula según el total de acuerdos celebrados anualmente. Es lo que defienden las comunidades: su porción de participación en el negocio de los proveedores mineros asegurada por ley. Punto seguido, la herramienta legal menciona que todos los prestadores deben estar inscriptos en Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras que maneja el Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta. Ofrece además una serie de detalles sobre cómo deben estar constituídas las UTE.
Cookins, como proveedora de catering para los trabajadores mineros, desembarcó en ese sector de la Puna salteña de la mano de JSC Minning. La última es una sociedad por acciones simplificada (SAS) enfocada principalmente en brindar asistencia y transporte minero. Según consta en el Boletín Oficial de Salta, fijó domicilio en San Antonio de Los Cobres y legalmente se constituyó en diciembre de 2019. La sociedad está conformada por tres personas: Luis Alfredo Cabral, Mosoalen Luis Vacazur y Roberto Fernando Naser Buonarroti.
Luis Vacazur es vicepresidente y fundador de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de la Puna Argentina. En un spot publicitario de 2022, presentó en off a esta Cámara como la que establece vínculos entre las mineras y las comunidades originarias de la Puna. Miguel Siarez explicó que los referentes kollas de la Puna de Salta no reconocen a Vacasur como nexo, tampoco como originario, porque no forma parte de ningún censo realizado en comunidades puneñas de Salta. La opinión de Siarez fue confirmada por la cacica Clara Acori.
El derecho a trabajar y la Ley de Promoción Minera
Por el relato de pobladores de Olacapato, Salta/12 pudo saber que el conflicto con las comunidades se agigantó en la semana, cuando Vacazur se presentó en el pueblo y maltrató a los comuneros que defienden su derecho a trabajar brindando servicios de catering a Río Tinto (o Rincón Minería Limited su subsidiaria). Diez proveedores de servicios mineros de Olacapato buscan mejorar sus condiciones de vida en medio del auge extractivo, pero actualmente solo una empresa presta servicios de comida a Rincón Minería Limited. Es La Estrella. Con tantas empresas mineras operando en la zona, los comuneros afirman que lo que buscan es asegurar una fuente de ingresos para todos los emprendedores comunitarios.
La actitud de Vacazur en Olacapato los enfureció y le pidieron que se retire del pueblo, contaron habitantes del lugar. Siarez también apuntó contra Vacazur: “Trató a los miembros de la comunidad de Olacapato de manera violenta, con actitudes humillantes”, y agregó que maneja una estrategia de falsas promesas para generar divisiones entre los habitantes de Olacapato. La Comunidad Collas Unidos, de San Antonio de Los Cobres, posteó ayer en sus redes sociales: “La comunidad de Olacapato comunica que Luis Vacazur se presentó en el lugar donde las comunidades (kollas) están luchando por sus derechos, para desarmar y confrontar a los hermanos. Ante esta acción se le pidió que se retire porque no representa a ninguna comunidad y también por traicionar a las comunidades kollas”.
A 50 kilómetros de San Antonio de Los Cobres y sobre el trazado de la ruta nacional 51, el pueblo de Olacapato no tiene una planta potabilizadora de agua potable, tampoco un servicio regular de luz eléctrica. Sin embargo, existe una gigantesca planta solar visible por imágenes satelitales a través de portales de aproximación geográfica como Google Earth. Es el Parque Solar Cauchari, en Jujuy, a pocos kilómetros de Olacapato. A los pobladores distribuidos en dos pueblos (Olacapato y Olacapato Chico) no les llega ni un kilovatio generado. Otro parque solar es Neoen, de capitales franceses, situado en territorio salteño. Tampoco le brinda energía eléctrica gratuita y limpia al pequeño poblado que no supera los 500 habitantes. El cálculo poblacional surge de datos censales anteriores: en 2001 registró 186 habitantes, en 2010 se censaron 218 personas.
“Promueven el emprededurismo, nosotros nos organizamos, y ahora no nos dejan trabajar”, se quejó la referente comunitaria de Olacapato, que también hace semanas defiende las fuentes laborales de la Comunidad, todas asociadas a servicios mineros por las empresas extractivas que actualmente transforman toda la Puna norteña. “Nosotros queremos progresar”, dijo Acori. “No tenemos escuela secundaria. Queremos que nuestros hijos sean ingenieros, que se transformen en protagonistas en las empresas mineras, no en meros prestadores de servicios”, continuó. Los referentes comunitarios consultados por este medio solicitaron al gobernador Gustavo Sáenz que viaje hasta la localidad puneña y escuche los reclamos de la población. “No queremos bolsones, queremos vivir mejor”, plantearon los referentes en relación a un modus operandi que observan y detestan: llegan las elecciones y los candidatos viajan hasta esa zona que ya no es inhóspita para intercambiar promesas por votos.
