Un grupo de organizaciones defensoras de la tierra denunciaron el asesinato del dirigente campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, en la región del Bajo Aguán en Honduras. También reclamaron la protección del Estado y recordaron que Rivas contaba con medidas de protección desde 2019.
"En menos de dos meses asesinaron a siete defensores de la tierra y el agua en esta región", denuncian las organizaciones.
La Plataforma Agraria y las Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denunciaron el asesinato del defensor campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas. El dirigente fundó la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá. El crimen tuvo lugar en Ilanga, una comunidad de la ciudad costera de Trujillo en el Caribe de Honduras, cuando Rivas y su hijo viajaban en una motocicleta.
Amenazas y persecución
Rivas ya había denunciado que era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado liderado por alías “Piturro” y que hace varios años opera a lo interno de la finca Paso Aguán “situación que es de conocimiento de las autoridades de la región”, denunciaron las organizaciones.En junio de 2019 la Plataforma Agraria presentó una denuncia ante el fiscal general de Honduras, Oscar Chinchilla, contra el grupo armado que opera en Paso Aguán.
En julio de 2021 Juan Moncada, uno de los miembros de la empresa campesina fue asesinado. Desde el 28 de marzo de 2019 Moncada contaba con medidas de protección interna del Mecanismo de Protección.
"Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013 regresaron la zona y se integraron al grupo armado que lidera alias 'Piturro'", subrayaron en el comunicado.
En el texto también exigieron la intervención urgente de la Fiscalía de Crímenes Contra la Vida para que inicie una investigación inmediata y exhaustiva para capturar a los responsables del crimen del dirigente campesino y su hijo.
ONU pide medidas urgentes
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó el asesinato y además instó a las autoridades de Honduras a realizar una “investigación pronta, imparcial y exhaustiva”.
El organismo además pidió tomar medidas urgentes para prevenir más asesinatos en el Bajo Aguán, una zona que desde 2009 es escenario de enfrentamientos entre campesinos locales y terratenientes. La Oacnudh pide también a Honduras instalar una Comisión Tripartita prevista en los acuerdos firmados con las cooperativas agrarias en febrero de 2022.
El pasado 12 de enero, también en la región del Aguán, fueron asesinados los ambientalistas Aly Domínguez y Jair Bonilla, reconocidos por oponerse a un proyecto minero que afectaba al río Guapinol y al Parque Nacional Montaña Botaderos "Carlos Escaleras".
