Procuradores, fiscales y defensores públicos de todo el país se expresaron ayer en un comunicado conjunto sobre "la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico".
El documento lleva la firma de miembros del Consejo Federal de Políticas Criminales y el Consejo de Fiscales, Procuradores, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y sostiene que hace años que vienen "denunciando la gravísima situación" y "la necesidad de una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes". Afirman que "se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente".
"No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal", afirman y en el tercer punto advierten: "El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad".
Los funcionarios judiciales –entre los que se encuentran Jorge Baclini, titular del MPA de Santa Fe, y Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte provincial– indican que la capacidad de corromper del narcotráfico lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática". Ponen a disposición toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar, y proponemos que, desde todos los ámbitos institucionales y políticos, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible".
El documento cierra con un "incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional".
