La Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá inició ayer la marcha a la capital provincial decidida en asamblea. Las y los caminantes partieron desde el valle de altura con el propósito de llegar el miércoles a San Salvador de Jujuy en otra instancia de la lucha que mantienen desde hace tres meses en defensa del territorio y de sus derechos como pueblos indígenas preexistentes. El objetivo es visibilizar la violación a los derechos indígenas, el hostigamiento y la persecución a las y los caspaleños provocado por el gobierno de Gerardo Morales.
Se ha previsto que el día en que la marcha llegue a la capital jujeña, en Buenos Aires distintas organizaciones se concentren en la Casa de Jujuy a las 11, en solidaridad con la comunidad de Caspalá.
"Vamos a defender nuestros derechos, y hemos denunciado los atropellos del gobierno provincial. Quieren despojarnos de nuestro territorio y tenemos leyes que no se están cumpliendo en Jujuy. La gente tiene miedo por todo lo que venimos sufriendo. Hay amenazas y denuncias a la gente para que tengan miedo y se callen. Nos conocemos en el pueblo y sabemos que no es como dice el comisionado Natividad Apaza. Se abusa del poder que le dio el pueblo, que era para ayudar al pueblo, no para destruir el pueblo. No quiere hablar con la comunidad por eso pedimos que renuncie", sostuvo antes de partir la presidenta de la Comunidad Kolla Caspalá, Lucía Apaza. La referenta informó que otros pobladores y comunidades acompañarán por el camino de Humahuaca a la capital jujeña.
La Comunidad reclama que se cumpla con el derecho a la consulta libre, previa e informada consagrado en el Convenio 169 de la OIT, con rango constitucional, y otras normas nacionales e internacionales vigentes que garantizan derechos indígenas.
Los y las manifestantes que comenzaron a marchar ayer recorrerán a pie y en vehículos la ruta provincial 83, un camino sinuoso a 3 mil metros sobre el nivel del mar. Salieron con carteles que expresan su rechazo a la violencia institucional que vienen padeciendo: “No al estado de sitio”, “Basta de racismo hacia las comunidades indígenas de Jujuy”, “No al racismo estamos mal psicológicamente. Morales y Natividad, personas no gratas”. Natividad Apaza es el comisionado municipal en Caspalá.
La comunidad caspaleña rechaza la decisión del gobierno provincial y de la Comisión Municipal de destruir la cancha comunitaria para levantar ahí el edificio del colegio secundario, que ya tenía asignado otro terreno para ese fin. Además, para hacer una nueva cancha, el gobierno expropió la propiedad de un comunero.
Además, en Caspalá hay desconfianza sobre las intenciones del gobierno de Morales. La abogada Silvana Llanes, que representa a la Comunidad, detalló que vió los planos de la escuela y "es enorme, no me dejaron tomar una fotografía, pero la estructura de la construcción es para otra cosa, y no para una escuela que tiene 50 alumnos”. En coincidencia con la Comunidad, la letrada sospecha que las obras serían para un negocio inmobiliario.
Ofensiva discriminatoria y racista
El delegado en Jujuy del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI), Walter Soriano, denunció que “funcionarios, policías y miembros de la justicia han tenido un trato autoritario, despectivo y discriminante en las acciones que llevan a cabo desde hace más de dos meses en la zona”.
Añadió que ven "con gran preocupación la ofensiva discriminatoria y racista que está sufriendo la comunidad de Caspalá, con la gravedad de que esta violencia proviene de instituciones municipales y provinciales”.
El funcionario se mostró preocupado por el estado de vulnerabilidad de niñas, niños y mujeres caspaleños ante la violencia ejercida por el Estado. “Son también víctimas directas de los sucesos y que corren el riesgo, entre otros efectos, de perder su hogar. Como así también, las mujeres de la comunidad están siendo hostigadas laboral, económica y socialmente; constituyendo una sistemática agresión por cuestiones de género”, aseveró en referencia a la familia a la que le expropiaron el terreno.
Al pueblo de Caspalá se puede acceder por la Quebrada de Humahuaca, recorriendo poco más de 115 kilómetros por la ruta provincial 73 . También se puede llegar a este pueblito pequeño que conserva costumbres ancestrales por la localidad de Libertador General San Martín, en este caso dista 148 kilómetros por la ruta provincial 83. Este es el recorrido que están haciendo las y los comuneros.
Salieron caminando desde el Valle de Caspalá hasta un abra, luego siguieron en vehículo hasta el cruce de Santa Ana y desde ahí volvieron a caminar hasta la localidad misma de Santa Ana caminando. Después de descansar unos minutos partieron a Valle Colorado. El recorrido comprende Valle Grande, Pampichuela, San Francisco y luego San Salvador para finalizar en la casa de gobierno, en el centro de la capital provincial. En cada pueblo fueron recibidos con mucha solidaridad, les entregaron frutas, comida mientras descansaban.
En el trayecto de la marcha no hay comunicación telefónica ya que por la geografia la señal es mínima en esas localidades. Es así que cuando llegaron a Santa Ana, otros comuneros les dijeron que la ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la provincia, Natalia Sarapura, les había ofrecido algunos beneficios a la comunidad de Valle Grande para que no recibieran a las y los manifestantes, sin embargo, la población salió a recibirlos.
La mayor parte de las personas que están marchando son mujeres, y son ellas las que encabezan la lucha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas preexistentes de Jujuy. También acompaña Gustavo Ontiveros, referente de la organización Comunidades Indígenas Libres de Jujuy.
Parcelación de la propiedad comunitaria
Caspalá fue ocupado en enero último por fuerzas policiales, custodias de topadoras que arrasan la cancha comunitaria. En el inicio de estas actividades, el 18 de enero, las personas que trataban de evitar la destrucción de la cancha fueron reprimidas. Además de los gases lacrimógenos y las balas de goma, varios vecinos y vecinas fueron denunciados penalmente, y una vocal municipal fue suspendida de manera express, acusada de haber apoyado la protesta. Así también, un trabajador municipal estuvo desaparecido por 25 días y tanto él como su familia denunciaron que había padecido hostigamiento de parte del comisionado municipal Natividad Apaza.
Desde el día de la represión, el conflicto en Caspalá escaló, el gobierno expropió, con la aprobación de la mayoría oficialista en la Legislatura, tierras al poblador Pablo Cruz, en esa propiedad las topadoras destruyeron parte de un antigal prehispánico que era conservado por la familia.
El paso de las máquinas retroexcavadoras dejó al descubierto cuatro qolqas (depósitos). Esta novedad obligó al gobierno a detener las tareas en ese predio. Aunque el gobierno dijo que “fue un hallazgo de los operarios”, la Comunidad salió a aclarar que “sí conservaban ese sitio arqueológico y avisaron a las autoridades para que frenen las máquinas, y (a pesar de ello) pasaron las topadoras”. Por estos días, especialistas realizan excavaciones en el terreno de Pablo Cruz. Más allá de los entredichos, la exposición de las qolqas dejó en evidencia que el estado provincial avanza con obras públicas en el territorio comunitario sin estudios de impacto ambiental y social. La Comunidad Kolla denunció al estado provincial por los daños a sus tierras ancestrales.
En esa suma de conflictos está la decisión del gobierno de Jujuy de mensurar el territorio indígena de la comunidad para entregar títulos de propiedad. Esa acción se llevó adelante en el territorio sin dar información a la Comunidad y, según denuncian, les hicieron firmar una declaración jurada renunciando a las tierras comunitarias. De manera que el gobierno, a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la provincia decidió entregar parcelas de 8 metros por 20 metros a las familias. Esa situación fue denunciada también en la justicia, dado que la comunidad sostiene que el gobierno actuó de mala para avanzar en esta determinación desconociendo la cosmovisión indígena.
