La entrevista al niño bautizado mediáticamente como el Polaquito y  televisada en el programa de Canal 13 de Jorge Lanata ha escandalizado a la sociedad. El repudio ha sido unánime y coincidente.

La primera cuestión que fundamenta la denuncia judicial ya formulada es la violación del derecho de los chicos –en especial cuando están en situación de conflictividad social y aun penal– a la confidencialidad y a la privacidad.

Existe una abundante legislación y jurisprudencia en la materia, así como guías de buenas prácticas sobre el respeto por los derechos de los niños en los medios de comunicación, que una vez más han sido desconocidas y violentadas.

No se trata solamente de mantener oculta la identidad del niño, objetivo de por sí valioso pero no excluyente, lo es también prevenir cualquier forma de manipulación y evitar la propia incriminación de los chicos en sucesos cargados de conductas violentas.

Hay una cadena de responsabilidades administrativas y penales en los adultos intervinientes, aquellos que contactaron y detuvieron al niño, los que luego promovieron y organizaron la entrevista con el medio periodístico, y quienes realizaron la misma y luego la televisaron. Todos violaron artículos de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, así como de otros delitos penales, por la eventual retención y utilización de niños en actividades no consentidas por sus familiares, que la investigación judicial deberá establecer con claridad.

Hay otros temas de igual o mayor profundidad que subyacen en esta discusión. 

En lo profundo se trata del retroceso de las políticas de protección de derechos de la infancia, que en vez de consolidarse en un sistema articulado y arraigado en los barrios porteños y del conurbano bonaerense,  se dispersa en dispositivos cada vez más precarizados y endebles. 

Es la brecha de la desigualdad amplificada por el neoliberalismo que profundiza también los niveles de violencia social e institucional. Y la desresponsabilización de los distintos organismos de infancia y adolescencia, paralizados frente a los grupos de niños de mayor vulnerabilidad.

Quien respondió fue el poder judicial de la provincia, con el viejo reflejo de la disposición tutelar del Patronato, ordenando la búsqueda de internación del niño, reflejo anacrónico y fantasmal del siglo XIX.

Es preciso conocer las respuestas del Consejo Provincial de la Niñez, de la Dirección de Niñez y el Consejo Municipal de la Niñez de Lanús, si es que están cumpliendo con sus funciones. Son quienes deben generar las respuestas para aun tardíamente empezar a reparar tanto desacierto institucional. 

Más repudiable aún es el confuso intento de utilizar la entrevista del niño para impulsar la baja de edad de punibilidad de los adolescentes. Queremos descartar de raíz esta hipótesis, maniobra maquiavélica que ha encontrado su propia refutación. Porque las historias de los chicos en situación de grave riesgo social, en conflicto con la ley, tienen como conclusión después del análisis y del debate, la necesidad no de reformar el sistema penal, sino de encontrar mecanismos de inclusión eficaces que lleguen antes que se produzcan daños tan graves en la vida de los chicos. Es el camino de la prevención, que vende poco para los medios y la agenda electoral de los políticos de mano dura, pero es la única respuesta digna y efectiva.

* Directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo CABA. Integrante de la APDH Nacional.