Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad porteño que pidió licencia tras el escándalo de la filtración de chats con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, utilizó la muerte de una oficial porteña baleada en la estación Retiro del Subte C para criticar al kirchnerismo y volver a instalar la discusión de las Pistolas Taser.
"Lamento profundamente la muerte de nuestra oficial Maribel Zalazar a manos de un asesino que ya está detenido y que no tiene que salir nunca más. Dos chicos que se quedan sin madre, una familia destruida por esta lacra. No alcanzan las palabras para tanto dolor", publicó D'Alessandro en su cuenta de Twitter.
Una vez cumplidas las formalidades, utilizó la oportunidad para volver a la carga con las Taser. "El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes", planteó el funcionario.
Y continuó, en un mensaje al oficialismo: "¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora?".
"Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición", concluyó D'Alessandro.
El debate por las pistolas Taser
La polémica por las Táser comenzó con una prueba piloto durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, con Guillermo Montenegro como ministro de Seguridad. En ese momento se compró un número pequeño de Taser X-26 para probarlas: eran cinco, en total. Esto fue repudiado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y otras entidades.
Amnistía Internacional recordó entonces que las llamadas "armas no letales" habían producido muertes a lo largo del mundo. Solo en Estados Unidos, entre 2001 y 2008, mataron a 334 personas. Por eso, la empresa que las fabrica debió enfrentar más de 300 juicios e indicó en el instructivo que sus efectos “aumentan el riesgo de morir o de un daño severo”.
La discusión tuvo un derrotero judicial, con un fallo de primera instancia que prohibió su uso. La jueza Andrea Danas consideró que su uso “puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aun de quienes se encuentran en perfecto estado de salud” y que “la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial favoreciendo situaciones de abuso”.
En 2013, la Cámara de apelaciones compartió los criterios y mantuvo la orden de no utilizar las Táser. Pero el Gobierno porteño siguió apelando. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia porteño -con varios integrantes cercanos al PRO- avaló el uso de las Táser. La Corte Suprema recibió un pedido de revisar esa cuestión, pero lo rechazó.
En 2019, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilitó el uso de pistolas Taser a las fuerzas policiales y de seguridad federales a través de un protocolo muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. Sabina Frederic, quien llegó a Seguridad con la gestión de Alberto Fernández, derogó el protocolo e indicó que las 300 pistolas que había comprado Bullrich serían usadas "en toma de rehenes, algunos allanamientos, circunstancias extremas".
Qué dice la ONU sobre las Taser
La semana pasada, expertos de las Naciones Unidad criticaron el excesivo uso de las Táser por parte de la policía de Estados Unidos y pidieron una investigación profunda de las recientes muertes de los afroamericanos Tyre Nichols y Keenan Anderson, atacados con este tipo de armas.
Las Taser "son usadas como protocolo de rutina (por agentes de seguridad) contra individuos que muestran resistencia o presentan crisis nerviosas, y que a menudo no suponen una amenaza", denunció en un comunicado el argentino Juan Méndez, uno de los expertos de la ONU.
"Nos sigue preocupando enormemente su excesivo uso por parte de las fuerzas de seguridad", agregó Méndez, uno de los tres miembros del equipo de expertos para investigar abusos y conductas racistas en cuerpos policiales, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a raíz del asesinato de George Floyd en 2020.
Según el equipo, este tipo de armas en teoría no letales "pueden matar, causar graves heridas y discapacidades permanentes".
