"Es necesaria una reacción enérgica y homogénea de los distintos poderes estatales, sin distinción de niveles y más allá de intereses políticos coyunturales, a fin de neutralizar el accionar de organizaciones criminales que pretenden imponer una lógica de violencia totalmente inaceptable en un estado constitucional y democrático de derecho". Con esas palabras el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe exigió respuestas contra las amenazas que días atrás fueron dirigidas al juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Susana Pepino -Melincué- y el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, mediante un mensaje de WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Ayer se conoció que el ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti se comunicó con Aníbal Fernández por el tema.
"El que avisa no traiciona", reza el mensaje amenazante que habla de "balas y granadas". Dos presos de la zona de Venado Tuerto aparecen como sospechosos. Uno de ellos, Matías A., está preso en Rawson y el otro, Nahuel N., en Marcos Paz, por causas federales. El segundo fue indagado la semana por Cuello Murúa y Arzubi Calvo por el mismo delito de amenazas, en otra causa de enero pasado, hacia el intendente.
En los días porteriores al nuevo mensaje intimidatorio hubo comunicados de la Asociación de Magistrados y Funcionarios nacionales y del Colegio de Magistrados de sur de Santa Fe, que planteó "preocupación ante la sistemática repetición de estas intimidaciones cada vez que distintos órganos judiciales direccionan su accionar contra integrantes de bandas de criminalidad organizada“, dice el comunicado. “Tal preocupación se profundiza a poco que se repare en que, de acuerdo a información que es de público conocimiento, los actos intimidatorios se ordenan y/o planifican desde el interior de instituciones penitenciarias, tanto federales como provinciales", dice la nota firmada por el presidente del Colegio, Gustavo Salvador e Ivan Kvasina, secretario.
Salvador sumó ayer en LT8: "Es una reiteración de la preocupación que manifestamos en otras oportunidades. Desde el año 2018 venimos manifestando esta preocupación. Que tengamos que estar realizando nuestra función tratando de juzgar los hechos de criminalidad organizada que se están llevando adelante, en la justicia provincial también trae los riesgos que ahora la justicia federal está padeciendo”, planteó y reclamó seguridad al gobierno local y al nacional.
En tanto, ayer se conoció que Rosatti pidió al titular de la cartera de Seguridad nacional, protección para jueces y fiscales federales, y desde el Ministerio "se comprometieron a intensificar la custodia y evaluar medidas de protección", publicó el portal Venado24.
