Luego de varias jornadas intensas con cruces mediáticos de diversos tonos, el gobernador santafesino y el presidente de la nación se encontraron cara a cara para hablar de seguridad. Fue el lunes a última hora en Casa Rosada, cuando Omar Perotti y Alberto Fernández pusieron un paréntesis a los reproches por la crítica situación generada por el narcotráfico en Rosario. Específicamente, a los dardos twitteros de Aníbal Fernández, que escalaron hasta una solicitada nacional. Ayer al mediodía el mandatario santafesino junto con el intendente Pablo Javkin recibieron a familiares de víctimas de la inseguridad, quienes expusieron sus reclamos de políticas activas y algunas recetas ya conocidas como la baja de la edad de imputabilidad. "Les dijimos que se dejen de tirar los muertos”, reveló uno de los voceros de esa reunión. 

Las fuentes consultadas por este diario apuntan que si bien el encuentro entre presidente y gobernador tuvo un inicio tenso, terminó más distendido. Allí Perotti planteó la necesidad de contar con más agentes de fuerzas federales y un accionar más concreto, más coordinación entre las jurisdicciones, control de las cárceles federales y avances en materia de reforma y robustecimiento de la justicia federal. 

En materia judicial, el mandatario santafesino pidió robustecer juzgados y las fiscalías federales, así como la instalación de una sede local de Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar el lavado de dinero y que se incluya en sesiones extraordinarias los proyectos de reforma de la justicia federal.

Según hicieron trascender Perotti le habría pedido al presidente que se involucre más en las cuestiones y hechos cotidianos que ocurren en Rosario y no de forma espasmódica. Sobre las cárceles federales, exigió más control sobre las unidades penitenciarias ya que es de donde salen los llamados telefónicos que engrosan las paginas policiales. Perotti insistió con la instalación de inhibidores de señales de telefonía móvil en los penales federales, desde donde los cabecillas de las bandas encarcelados continúan dando órdenes que, en muchos casos, incluyen un asesinato, y el refuerzo de fuerzas federales en Santa Fe

La reunión se dio mientras, frente a la sede de Gobernación local, familiares de víctimas de la violencia realizaban un acampe para pedir compromiso serio de las autoridades, de todos los signos y jurisdicciones, para atender una crisis de seguridad extrema que se cobra vidas todos los días.

En rigor al inicio de la jornada de ayer fue el propio ministro de Seguridad quien recibió a los acampantes. Pero no fue suficiente, porque exigieron ver al propio Perotti y al intendente Pablo Javkin. “No levantamos el acampe hasta que no se tomen medidas y tengamos una respuesta”, afirmó Ezequiel Lowden, referente de Familiares de Víctimas de la Inseguridad.

Entre los familiares que participaron, Lowden precisó en diálogo con la prensa que se van “con expectativa de reunirnos con el arco político”. Según dijo, los dirigentes se comprometieron a convocar a las comisiones de Seguridad de Diputados y de Senadores para que se reúnan con los familiares de víctimas para tratar varios proyectos de ley que ellos vienen reclamando.

El referente del acampe manifestó que la salida está en que “tiene que haber acuerdo político de todos los sectores". "Estamos a la expectativa de que se tomen medidas con el nuevo ministro. Les dijimos que se dejen de tirar los muertos”. También manifestaron la necesidad de “que los fiscales escuchen el reclamo por avances en causas como la de Maxi Gómez o Joaquín Pérez. Son muchos casos donde no hay detenidos”.

A partir de este encuentro, el mismo referente adelantó que desde ahora se harán reuniones mensuales con los familiares de víctimas para ver el estado de las cosas tras las medidas que se llevarán a cabo en estos días. "De acá a los próximos 10 días van a convocar a las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras (Diputados y Senadores provinciales) junto a nosotros para tratar los distintos proyectos de ley que ingresaron los distintos bloques".

Consultado sobre todos los asuntos que elevaron los familiares de las víctimas, Lowden precisó sobre “la liberación constante de detenidos en la Justicia con hábeas corpus, y que trabajen en la baja de edad de imputabilidad en la ciudad, por la cantidad de delitos de menores con armas”. Y en esa línea aclaró: “Les propusimos el mínimo de 16 años, que es la edad en que ya se puede votar”.

Además recordó que se reclamó “que el personal policial sea considerado como corresponde, la sobrexplotación y baja remuneración lleva a cometer los ilícitos. Y sobre el servicio penitenciario pasaron cuatro ministros y sigue el mismo funcionario al frente”.

A esto sumó: “Se está planteando la instalación de tótem que capturen patentes, algo que reclamábamos, se pidieron licitaciones más rápidas en emergencia de seguridad, y conectar las cámaras privadas de la ciudad con el 911”.