Como “crímenes de lesa humanidad” definió la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina, las acciones represivas del gobierno peruano contra las protestas sociales. En un informe preliminar hecho público este lunes --el final será entregado en 15 o 20 días-- esta misión, integrada por organizaciones y dos diputados nacionales, denuncia asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, torturas, persecución judicial, intimidación y amenazas contra la población. Por su carácter “sistemático y generalizado”, estos delitos son definidos como de "lesa humanidad". El informe concluye que por esos crímenes, “el Estado peruano debe ser investigado”.
En poco más de dos meses de protestas hay 60 muertos, de los cuales 48 --entre ellos siete adolescentes-- fueron asesinados por la policía y el ejército, sin que haya nadie denunciado por esos crímenes. Y hay más de mil heridos. En este informe se denuncia que en muchos hospitales no se quiere atender a los heridos y algunos debieron dejar los centros de salud para no ser detenidos. A manifestantes y dirigentes se les estigmatiza desde el poder político y los medios como violentos y terroristas. Y se les persigue con procesos judiciales por terrorismo.
Los miembros de la misión argentina de derechos humanos estuvieron en Lima, Juliaca --ciudad altiplánica epicentro de la mayor violencia con 20 muertos y 200 heridos--, Ayacucho -- donde en un día el ejército asesinó a 10 manifestantes--, Cusco --otro escenario andino de dura represión donde un dirigente campesino fue asesinado-- e Ica al sur de Lima que fue militarizada. Se entrevistaron con familiares de las víctimas, heridos y dirigentes sociales. Escucharon testimonios dramáticos marcados por el dolor y el miedo a denunciar por las amenazas. Pidieron entrevistarse con la presidenta Dina Boluarte, con su ministro de Justicia, José Tello, y con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero no los recibieron. Intentaron hablar con Pedro Castillo, pero no les dieron permiso.
En declaraciones a Página/12, el diputado Juan Marino del Frente de Todos --miembro de esta misión-- dijo que con este informe se buscará la condena internacional a la represión en Perú. “Junto con el diputado Francisco Fagioli, presentaremos en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración para que se condenen las violaciones a los derechos humanos en el Perú. Nos reuniremos con parlamentarios de toda la región para que se pronuncien. Tiene que haber una gran campaña internacional para impedir que en Perú sigan las masacres, los asesinatos, la persecución. Este informe va a ser un elemento sobre el cúal se van a presentar denuncias ante organismos internacionales”.
El abogado Juan Grabois, integrante de esta misión, dijo que en el Perú “hay un incumplimiento sistemático de las pautas del Estado de derecho, de los estándares más elementales de derechos humanos”. Esta misión ha comprobado cómo, desde los medios de comunicación se justifica y alienta la represión. “Hemos visto que de manera desfachatada salen personas en televisión a pedir el asesinato de otras personas. Esto es algo que incluso en situaciones críticas, no hemos visto tan abiertamente en otros países”.
En la represión hay una alta dosis de racismo contra las poblaciones andinas, donde se concentra la mayor parte de las víctimas. “El racismo es terrible. Si no existiera este racismo contra el campesino, el indígena, el pobre, y esta invisibilización de las violaciones más graves de los derechos humanos, sería bastante más difícil para quienes cometen estos delitos, hacerlo. Hay una campaña de estigmatización, de discriminación, de difamación, que profundiza la situación de violencia”, denunció Grabois.
Marianela Navarro, que como parte de esta misión estuvo en Juliaca, calificó de “desgarradores” los relatos de los pobladores. “Podemos señalar que ha existido un plan y una intención de matar. Muchas víctimas tienen disparos por la espalda. El Estado ha masacrado a gente humilde. Mujeres indígenas, campesinos, lloraban y decían: ‘500 años de discriminación, de opresión, y nos matan como animales’. La población denuncia una persecución judicial permanente. Hay una articulación de los distintos poderes del Estado para evitar que la gente denuncie, hay una política destinada a que no haya justicia, a que haya impunidad. Se amenaza a los familiares de las víctimas para que no denuncien”.
Por ser delitos de lesa humanidad, estos crímenes no prescriben y pueden juzgarse internacionalmente. “Es importante --afirmó Grabois-- que los violadores de derechos humanos sepan que aunque puedan corromper por un tiempo a la justicia de su país, cuando las cosas están debidamente documentadas, a la larga o a la corta, estos crímenes se pagan”.
La derecha que gobierna Perú se sigue aislando internacionalmente. Este martes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona no grata al presidente colombiano Gustavo Petro, quien al referirse al despliegue hace días de diez mil policías para reprimir las protestas en Lima, señaló que “en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo”. Las tropas policiales se desplegaron por el centro de la ciudad en una puesta en escena que recordó las marchas fascistas.
