La Coordinadora de Organizaciones y Comunidades Kollas Autónomas de la Provincia de Salta proclamó, para conocimiento público y de los gobiernos en especial, planteos relacionados con el territorio, la educación, la salud y el desarrollo social. Y solicitó "voluntad política para consensuar y dialogar mediante los mecanismos de participación para el abordaje y solución en conjunto de problemáticas urgentes" en las comunidades kollas de Salta.
La proclama, que se difundió luego de la 37° asamblea del Qullamarka, realizada el 21 de enero, en la Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Finca Santiago, en el Ayllu Isla de Cañas, se funda en la legislación nacional e internacional que reconoce y busca proteger los derechos de los pueblos originarios. El Qullamarka (palabra compuesta quechua o quichua que se puede traducir como Región de personas: qulla, región, y marka, persona) reúne a las organizaciones de las comunidades indígenas kollas de la Puna, las selvas de Yungas y los valles altoandinos en el territorio salteño.
Las comunidades kollas reclaman que este año se concrete la "gestión educativa intercultural", que se incorpore al Consejo Asesor Institucional en cada escuela, colegio o Instituto Superior "un referente o presidente de la comunidad indígena de base para tener injerencia en las decisiones compartidas y consulta previa, libre e informada" sobre infraestructura, creación de instituciones, gestión directiva, designación de docentes, ordenanzas y enseñanza de los lineamientos curriculares de enseñanza intercultural bilingüe (EIB) "Yachayninchej" (construidos por el Pueblo Kolla) en los niveles inicial, primario, secundario y superior.
Adelina Donata López, del Consejo Indígena Kolla de Iruya e integrante de la Mesa Coordinadora del Qullamarka, dijo a Salta/12 que vienen pidiendo ya "hace tiempo" la participación de representantes kollas en los consejos asesores de educación "para que la educación no quede descolgada” porque es todo “muy bonito, muy palabras lindas desde los gobiernos sobre el tema de la educación, pero no es la educación que pretendemos, no es la educación que queremos, no es la educación que va a tener un trayecto o una sustentabilidad". Agregó que los pueblos indígenas de la Argentina están "exigiendo" cambios en los contenidos de la educación formal que se recibe en "unidades educativas de nivel inicial, primario, secundario, superior, universidades y todo lo que funciona en la educación”. Dijo que este pedido se basa en varios aspectos, uno de ellos es que debe "adecuarse a la cosmovisión de los pueblos, no solamente del Pueblo Kolla, sino que también de los otros pueblos”.
También tienen quejas porque hoy en día “no hay educación prácticamente”, hay mucho ausentismo en la zona, que tiene una geografía y un clima difíciles, y “los docentes tienen muchas faltas, los niños no aprenden nada”. “Los docentes llegan con los contenidos a fin de año pero los chicos no saben los contenidos, los padres no apoyan a esto y porque también están en la búsqueda de un trabajo por una sustentabilidad económica”, explicó.
Salud capitalista
En otro apartado el planteo también requiere "Garantizar la Gestión de Salud Intercultural de la población, niños, ancianos y adultos", concretamente, que se dé una solución a la falta de especialistas en ginecología, pediatría, odontología, psicología, cardiología, así como la falta de enfermeros, que haya más ambulancias, se provean medicamentos, equipamientos y se reparen los puestos de salud. Y exige "el cumplimiento de nuestros derechos en el marco de la Ley de Salud Intercultural N° 7856".
Sobre ese planteo, Adelina López aseguró que la salud intercultural no se está poniendo en práctica, "en los hospitales ni se ve", dijo, a pesar de que es un viejo reclamo de los pueblos originarios. "Los gobiernos de turno no nos tienen en cuenta esa política. Siguen un ritmo capitalista, porque hoy en día la salud está pensada y está hecha para un manejo de una cadena capitalista, entonces es muy difícil que quieran adecuarse y vean la importancia. Para nosotros es importante pero para los profesionales y para un gobierno no es importante la salud o la medicina nuestra, autóctona y ancestral" porque "no es redituable, porque lo que les interesa es que sea redituable".
Y aún en el sistema capitalista que se aplica en la provincia, hay deficiencias en la atención de la salud en el territorio del Pueblo Kolla, agregó. Detalló que faltan médicos, que los de la zona “hacen mucha sobrecarga horaria”. Pero en general no hay interés de los profesionales de la salud en ir a esos lugares, porque en las ciudades tienen consultorios privados, “es una cadena de comercio de negocio de capitalismo. En cambio, para los médicos que vienen a esta zona como Iruya, Nazareno, Santa Victoria, Los Toldos, no es redituable, porque tienen un sueldo fijo y están más tiempo ahí, no tienen un consultorio privado donde cobran hasta por una consulta”.
López cuestionó que los gobiernos no hagan respetar derechos elementales, como a la educación, la salud, la vivienda, el bienestar. Como pueblos originarios saben, dijo, que “todo esto en conjunto lleva al buen vivir de las personas. Yo no puedo hablar de buena educación si no tengo buena salud, y no puedo hablar de buena salud si vivo en un rancho, y no puedo hablar de buena vivienda si no tengo agua”.
La propiedad comunitaria
Otro punto de la proclama refiere a esa gran cuestión con los pueblos preexistentes que el Estado argentino aún no logra resolver: la entrega de los títulos de propiedad comunitaria de sus territorios de uso ancestral. "Garantizar el relevamiento territorial de posesión ancestral de las comunidades de zona alta y baja (las Yungas), expropiación y regularización de las personerías jurídicas", reclama.
“La mayoría de las comunidades dentro del territorio del Pueblo Kolla no están con relevamiento”, contó Adelina López, quien cuestionó que esa labor que prevé la ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, "está demorando demasiado", si bien se entiende que son muchas las comunidades a relevar. Y ratificó aquello de que está todo conectado: “sin el relevamiento, sin el otorgamiento de las propiedades de las tierras del territorio, no podemos hablar de calidad de educación, salud, vivienda, nada. Ni siquiera estamos registrados” y no pueden acceder a programas elementales como Mi Pieza, sostuvo.
Raúl Viveros, coordinador del Consejo Kolla de Colanzulí e integrante de la Mesa Coordinadora del Qullamarka, ratificó que “la gran mayoría" de las comunidades kollas "no están relevadas, no están hechos los informes catastrales jurídicos, de posesión”. Contó que en esta situación algunas han decidido hacer la mensura por su cuenta, es el caso de la Finca Grande de Santa Victoria, que involucra tres municipios, Nazareno, Santa Victoria y Los Toldos, y están en juicio para que el estado vea cuál es el mecanismo que puede implementar para entregar el título. Y destacó en este sentido el reclamo de que el Estado instrumente la propiedad comunitaria, para lo que se han presentado varios proyectos de ley, pero que el Congreso no trata todavía.
"Las comunidades han generado sus propios mecanismos de defensa, de autoprotección, de lucha organizada” cuyo instrumento “estratégico es el Qullamarka, para defendernos de un posible desalojo, de una posible modificación de la ley de bosques, sobre todo en las comunidades que tienen monte”, destacó el referente.
En cuanto a las disputas territoriales, donde hoy en día también se cruzan en ocasiones diferentes concepciones dentro de las propias comunidades, cuestiones internas que se van resolviendo a través del diálogo y las asambleas del Qullamarka, aclaró, Viveros puso énfasis en señalar que los pueblos originarios "todo el tiempo" vienen proponiendo al Estado provincial y nacional que amplíe la mirada para tener en cuenta también la cosmovisión indígena, para no limitarse a una única visión jurídica. "Tiene que haber esa posibilidad de entender a las comunidades en general". "Hay concepciones diferentes del uso del territorio y la tierra y la renta, totalmente diferentes, aunque parezcan muy parecidas, son muy diferentes", sostuvo.
Un organismo indígena
Las comunidades kollas también solicitaron expresamente que se permita la participación de las comunidades Pueblo Indígena kolla de Finca Santiago, Tinkunaku y la Organización de Comunidades Kollas de Nazareno (OCAN) en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).
Viveros explicó que ocurre que hay organizaciones indígenas que tienen reconocimiento del gobierno nacional que no son reconocidas por el gobierno de Salta, aduciendo que no son comunidades sino asociaciones. "Entonces ahí hay un problema, no es nuestro obviamente, es un problema del Estado, provincial o nacional", aseguró. Añadió que la provincia además, "sigue entregando personerías jurídicas donde ya tienen personería jurídica, entonces se mete en las internas de las comunidades" y "va generando divisiones dentro de las comunidades". Dijo que están trabajando en una propuesta sobre como se deberían reconocer a las comunidades "a partir de un instrumento que no sea más vinculado al mundo occidental sino que tenga que ver con un pluralismo jurídico" pero entienden que a los organismos que tienen esta competencia "les cuesta entender esto".
Adelina López fue más allá, aseguró que "los referentes del IPPIS son una marioneta del gobierno”, y que es algo que se viene reiterando en los distintos gobiernos, aunque “más este gobierno”. "No hay nada a favor nuestro”, ni un fondo para garantizar que las comunidades se reúnan cada tres meses, aseguró. Cuando se le consultó si se debería reformar el IPPIS, dijo que es algo que "debería" hacerse y, "si no" debería "desaparecer uno de los dos organismos que tiene la provincia, o el IPPIS o la Secretaría de Pueblos Originarios, porque son dos aparatos al divino cohete" porque "ninguno de los dos funciona como debería funcionar dentro del territorio para las comunidades indígenas”. Sobre la Delegación de Asuntos Indígenas, opinó lo mismo. "¿Quién lo maneja? Ningún indígena, Córdova (Marcelo, el delegado) no es un apellido indígena. (Luis Gómez) Almaraz (secretario de Asuntos Indígenas" tampoco es un indígena”, cuestionó.
Desastres, naturales y no tanto
El tercer punto apunta al corazón de la disputa central en el país. El otro campo, el de la agricultura familiar, que reclama ser visto y tenido en cuenta por los gobiernos: reclaman que se optimicen los programas de apoyo a las comunidades en el marco de la emergencia productiva-agropecuaria y sanitaria, "dadas a las inclemencias climáticas que afectan a nuestro territorio".
Viveros recordó que a la sequía que vienen sufriendo en el territorio se sumaron los incendios y ahora se abaten otros desastres naturales como granizos y heladas. "Hay zonas donde los productores prácticamente han perdido todo, y obviamente, nuestro sector, por ser un sector de la agricultura familiar no es visible", lamentó.
