La comisión de Juicio Político se prepara para meter quinta en la investigación a los jueces de la Corte Suprema. Este jueves la comisión que comanda Carolina Gaillard volverá a reunirse para definir el cronograma de trabajo y anunciar, finalmente, los nombres de los primeros testigos a comparecer a partir del 24 de febrero. Y, a modo de gran acto de apertura, el Frente de Todos planea iniciar el proceso de manera explosiva, convocando a varios funcionarios de la Corte Suprema para que den cuenta de algunos fallos, movimiento de expedientes, decisiones administrativas y comunicaciones que se desarrollaban al interior del Máximo Tribunal. Serán convocados, a su vez, el ministro de Interior, Wado de Pedro, y el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, para brindar precisiones sobre el litigio entre Nación y Ciudad de Buenos Aires en torno a la coparticipación porteña. Esto será, sin embargo, solo el comienzo. Le seguirá un largo proceso de recolección de prueba, que se estima que durará entre dos y tres meses, y en el que Juntos por el Cambio también intentará meter bocado.

Aprobada la admisibilidad del proceso la semana pasada, este jueves a las 11 comienza la etapa de investigación y recolección de prueba en la comisión de Juicio Político. Será, sin embargo, un primer encuentro organizativo, en el que los diferentes bloques podrán ofrecer los testigos que quieren convocar - funcionarios, expertos, constitucionalistas - para sustentar (o contradecir) algunos de los 60 hechos por los cuales se denuncia por "mal desempeño" a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En el caso de los cortesanos, a quienes muches diputades oficialistas tienen la fantasía de poder interrogar, estos serán convocados recién al final del proceso y no estarán obligados a hacerlo. Los testigos, en cambio, sí. 

Según pudo saber Página12, la bancada oficialista propondrá al comienzo del encuentro convocar, para las dos primeras audiencias informativas, a funcionarios del Máximo Tribunal. Esto incluye a secretarios, directores, subdirectores y diversas autoridades que integran las distintas dependencias que componen la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es que comparezcan el viernes 24 y el martes 28, acelerando el cronograma original (que, la semana pasada, suponía que la primer reunión informativa sería recién el 2 de marzo). 

"Los vamos a citar bajo apercibimiento de lo que establece el artículo 12 inciso D que sostiene que, si no vienen, vamos a dar intervención a un juez para que tome las medidas correspondientes y a sus organismos disciplinarios", advirtió una espada de la comisión de Juicio Político, anticipándose a la resistencia que, desde el oficialismo, intuyen que ofrecerán los funcionarios de la Corte. La preocupación respecto a qué hacer en el caso de que un testigo se niegue a comparecer está presente en la bancada oficialista desde el comienzo, al punto que diputados del FdT desenterraron viejos antecedentes de la propia Corte que sostenían que el Congreso tenía la facultad, por sí sola, de enviar a la fuerza pública a retenerlos. Finalmente, sin embargo, terminó prevaleciendo la idea de apelar a una orden judicial.

Luego, para la última reunión (de esta primera etapa) del 2 de marzo, el FdT tiene planeado convocar al ministro "Wado" De Pedro y el procurador del Tesoro, Carlos Zanini. El objetivo es que que brinden detalles sobre las negociaciones entre Nación y Ciudad por la quita de unos puntos de la coparticipación porteña (que Mauricio Macri triplicó cuando era presidente y Alberto Fernández redujo). El fallo de la Corte que benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es uno de los ejes principales del juicio político a los cortesanos, así como también el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, el cómputo del 2x1 para el represor Luis Muiña y las irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

En Juntos por el Cambio, mientras tanto, todavía estaban analizando qué postura adoptar. Hay diputades que consideran que hay que llevar testigos propios, especialistas que fundamenten por qué el juicio político a toda la Corte "altera el orden democrático" o supone "un avance sobre la independencia de la Justicia". "Nuestra posición va a ser reactiva, no vamos a dejar que ellos hablen solos", sostuvo una diputada del PRO. De momento, sin embargo, la coalición opositora aguarda a que el FdT de el primer paso. "Vamos a ver mañana que nos proponen", indicó otra legisladora de JxC.

Jxc tiene, sin embargo, un agente libre que, más allá de la estrategia unificada, actuará por su cuenta con respecto a uno de los jueces. Esto es: la Coalición Cívica con Ricardo Lorenzetti. Ya en la última reunión, Juan Manuel López y Paula Oliveto habían presentado un informe de admisibilidad dirigido únicamente contra Lorenzetti. Y es que les diputades que responden a Elisa Carrió tienen planeado avanzar, en soledad, con sus denuncias contra el juez rafaelino. En el bloque, de momento, no quieren anticipar si ofrecerán a sus propios testigos - en el oficialismo están convencidos de que sí (y cuentan con ello) -, pero en principio ya ofrecieron un pedido de ampliación de prueba que refiere a la denuncia contra Lorenzetti por irregularidades en la obra social del poder Judicial. Ahora, el nivel de participación que la CC tendrá en lo que resta del proceso - en materia de recolección de prueba, al menos - se irá definiendo en las próximas reuniones.