En la mañana del miércoles una niña riojana de 4 años que vivía en Córdoba junto a su madre fue buscada por la policía y los agentes del CATI (Cuerpo Asesor Técnico Interdisciplinario) de la Justicia de La Rioja para sacarla de su centro de vida, trasladarla a La Rioja y dejarla viviendo sin su familia en un dispositivo de cuidado estatal por al menos una semana.
Desde la coordinación de la Dirección de niñez y adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y familia se informó sobre la resolución de tal medida precautoria, que aleja a la niña de su centro de vida y su familia para dejarla en un dispositivo de cuidado por más de una semana porque les pareció "oportuno traerla a La Rioja para que después de los feriados puedan evaluar quien les parece mejor que la cuide".
La decisión de este proceder fue tomada por 3 juezas, incluida quien está a cargo de una causa de abuso sexual intrafamiliar en la que se denuncia al progenitor y no avanza desde 2021.
Actualmente la vida de la niña está atravesada por 10 expedientes en La Rioja, y nuevas causas en la ciudad de Córdoba en donde vive hace más de un año. La batalla judicial que atraviesa su vida empezó en 2019 cuando el progenitor de la niña pidió a la Justicia riojana una medida cautelar para alejarla de su madre aduciendo que esta era un peligro para su hija. En dicha actuación el progenitor presentó audios y chats en los que se podía observar un severo problema de salud mental de la progenitora que según los informes que constan en expediente atravesaba por una depresión postparto que debió ser tratada por profesionales. Desde entonces el bienestar de la menor debió ser monitoreado por el Estado ya que ante este litigio judicial fueron muchas las denuncias y contradenuncias que sucedían entre ambos progenitores. Entre ellas, el progenitor fue denunciado por varias violencias y desobediencias, ya que nunca respetó las medidas de protección que le fue imponiendo la Justicia. Sin embargo, la niña creció en contacto con ambos progenitores, quienes compartían la responsabilidad parental hasta que a finales de 2021 una denuncia de abuso sexual contra el progenitor fue la causal del vínculo interrumpido.
La progenitora denunció ante la Justicia que el progenitor siempre ejerció violencia de género, relata violencia física y psicológica toda su relación y que esta fue escalando. Ella sostiene que ese fue un factor que, combinado con el fallecimiento de su padre durante el embarazo, quebraron su psiquis para cuando su hija nació, pero que tras la separación y el tratamiento pudo ejercer su maternidad con plenitud, hasta que un día su hija empezó a resistirse a ir con su progenitor porque relata que él “le hace cosquillitas en la cola” y desde entonces vive con miedo de lo que su presunto agresor pudiera hacerle a su hija. Por lo que relatan los expedientes el acecho del progenitor nunca cesó y la progenitora tomó la decisión unilateral de mudarse a Córdoba por seguridad advirtiendo a la justicia riojana de dicha decisión.
El progenitor denuncia que la progenitora es comparable a las asesinas de Lucio Dupuy, el dice temer que ella asesine a su hija, que su ex presentó denuncias falsas con el único propósito de interrumpir el vínculo con él. En 2021, tras enterarse de la denuncia de abuso sexual en su contra el progenitor empezó a hacer público el caso aduciendo impedimento de contacto y falsas denuncias. Acudió a Christian Dupuy quien inmediatamente compartió sus reclamos en redes sociales haciéndolo viral. En dicho posteo compartía aquellos chats que había presentado ante la justicia en 2019 cuando su ex contemplaba quitarse la vida antes del tratamiento psiquiátrico al que se sometió. La Justicia en aquel entonces le impuso una medida cautelar al progenitor que le impedía entre varias cosas hablar públicamente del caso por resguardo de la menor. Tras la mudanza de su hija a otra provincia, y la decisión de una jueza de familia que solo le permitía verla por fotos, volvió a hacer público el caso omitiendo las denuncias en su contra y publicando aquellas evidencias que presentó en la medida cautelar que pidió en 2019 cuando su hija era un bebé. Así fue como una activista de grupos antiderechos de CABA le ofreció su ayuda y el caso se volvió viral una vez más con la versión del progenitor.
Vaquero Morelli viajó a Córdoba y contactó a la progenitora, entrevistó a la niña junto a otro dirigente de CABA que dice ser preventor de ASÍ, gestionó unas denuncias de malos tratos contra la progenitora y presentó un informe ante la Justicia riojana, que, según ella, desconocía el paradero de la menor. Con autorización del progenitor difundió videos de la intimidad de la niña y habló del caso en medios nacionales usando los audios de la depresión post parto de la progenitora para sostener que este es otro caso Lucio más. Alardeó públicamente sobre cómo fue recibida por la Jueza Fernandez Favaron asegurando que era parte de los expedientes, al punto tal que la Justicia emitió un comunicado para aclarar que no era parte y que no pudo presentar la documentación que le solicitaron para acreditar la ONG que dice tener.
La progenitora nunca impulsó una acción para hacer público el caso ya que observaba preocupada la situación de otras niñas revictimizadas públicamente por sus presuntos abusadores y temía que ese estigma recayera en su hija.
Actualmente la familia materna que expresa desesperación por desconocer el estado emocional de la niña ante tan traumática situación, se dispuso a salir aclarar la situación aduciendo que el progenitor impulsa una campaña mediática de información falsa para conseguir su propia impunidad.
Más allá de cualquier versión de los hechos, hoy una niña de 4 años está incomunicada con su referente afectivo después de que un grupo de extraños se la llevaran de su hogar para trasladarla a otra provincia y depositarla en un dispositivo de cuidado perteneciente a la Dirección de Niñez y Adolescencia, en el que deberá permanecer más de una semana porque nadie avanzará en esta causa en medio de los feriados provinciales, asuetos y feriado nacional de carnaval. Esta experiencia en la vida de esta niña fue una decisión tomada en conjunto por la Jueza de menores Dra. Alicia Valdez, la Jueza de Violencia de Género y protección integral de menores Dra. Gisela Flamini y la Jueza de Cámara Dra. Marcela Fernandez Favaron.