El gobierno de Brasil anunció ayer que prepara un plan de retiros voluntarios en el Estado con el objetivo de reducir la masa salarial de los empleados públicos. Esto sucede a menos de una semana de haber aumentado en hasta 16 por ciento el precio de los combustibles para intentar subir la recaudación fiscal.

El anuncio fue hecho por el ministro de Planificación, Dyogo Oliveira, quien indicó que el plan también puede incluir la reducción de la jornada laboral y de salario para los empleados del gobierno central, estimados en 500 mil personas. El objetivo es reducir mil millones de reales anuales (unos 320 millones de dólares), equivalente al 0,35 por ciento del gasto previsto con los salarios de empleados públicos. “El último programa de retiros voluntarios (llamados PDV en Brasil) fue hecho en 1999 y es difícil calcular la adhesión”, dijo Oliveira citado por el diario económico Valor y en referencia a la reducción hecha por la vía voluntaria en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

El ministro aclaró que habrá sectores estratégicos donde no será aplicado el plan de retiro voluntario, que prevé inicialmente el incentivo de pagar 1,25 salario por año para cada trabajador que acceda a la propuesta. Además, habrá una reducción del costo mediante un plan (extendido hasta 2022) de reducción de la jornada laboral de los empleados públicos con reducción de salario. 

El asunto es complejo por cuestiones sindicales y de la justicia laboral sobre todo porque es anunciado dos semanas después de la reforma laboral, que flexibilizó las leyes laborales y permite la tercerización y el llamado trabajo intermitente en blanco, apenas cuando el empleador convoca al trabajador para una función específica. De las ocho horas diarias actuales, habrá recortes en áreas aún no definidas para jornadas de seis y de cuatro horas diarias. “El que opte por una reducción de jornada tendrá un pago adicional de incentivo de media hora diaria conforme una nueva reglamentación”, informó el Ministerio de Planificación en un comunicado.

Según datos del gobierno, en el 2014 el pago del sector público representó el 3,8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y aumentó al 4,1 por ciento del PBI en el 2016. El ministro de Economía, Henrique Meirelles, dijo que la idea inicial es que adhieran anualmente unos cinco mil empleados al plan de retiro voluntario. La semana pasada el ministro Meirelles había anunciado el aumento de los tributos de los combustibles, lo cual encareció automáticamente en más de 40 centavos de real (unos dos pesos) el litro de nafta y etanol y anunció un recorte de unos 2700 millones de dólares en gastos corrientes del presupuesto 2017.

La medida provocó severas críticas de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, el mayor conglomerado empresarial del país, que había apoyado el impeachment de Dilma Rousseff al considerar que su gobierno buscaba aumentar los impuestos a las transacciones financieras.

El objetivo del gobierno de Temer es cumplir la meta de un déficit primario de unos 44 mil millones de dólares para este año, de la cual ya se consumió más del 60 por ciento, en parte porque aún el país no está creciendo al ritmo que el equipo ecónomico había previsto el año pasado. En diciembre, el gobierno logró que el Congreso aprobara una medida inédita en el mundo: la fijación constitucional de un techo del gasto público (incluido salud y educación) por 20 años apenas actualizado por la inflación del año anterior.

El gobierno, que enfrenta una crisis por corrupción que puede alejar a Temer del poder la próxima semana, ya no cuenta como antes de este escándalo con la certeza de que podrá reformar el sistema jubilatorio y aumentar la política de ajuste del gasto.