El Congreso ha dado la luz verde definitiva a la ley de derechos sexuales y reproductivos y de interrupción voluntaria del embarazo. Con 185 votos a favor, 154 votos en contra y ninguna abstención el Congreso ha aprobado este jueves ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La norma contó con el voto favorable de todos los partidos que apoyan al Gobierno y de Ciudadanos y con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. La ley, una de las apuestas más firmes del Gobierno de coalición, devuelve a las menores de 16 y 17 años su derecho a poder interrumpir su embarazo sin tutelas (un derecho que les había arrebatado el partido popular en 2015) y ahonda en toda una serie de derechos adicionales.

Tal como afirmó la diputada de ERC, Pilar Valluguera, en su intervención en el pleno de la Cámara Baja, "esta ley no es sólo de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que contiene muchas medida de prevención y muchas medidas precisamente de acceso a los anticonceptivos".

En su alocución final, la ministra de Igualdad, Irene Montero, hizo hincapié en esta idea y agregó que "es una ley que amplia los derechos sexuales y reproductivos porque las mujeres, quienes nos han precedido y nos han dado el testigo que hoy honramos, nos han explicado con claridad que sin derechos sexuales y reproductivos no somos ciudadanas de pleno derechos". Montero hizo una especial mención a las mujeres y movimientos que a lo largo de las últimas décadas han peleado por estos derechos y destacó la figura de Bibiana Aído, primera ministra de Igualdad de España, que fue duramente criticada y vilipendiada en el Parlamento y en una ofensiva orquestada por la derecha.

La ministra hizo una defensa férrea de la ley y ha repetido en el pleno una frase acuñada por el feminismo: "Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, ser libres y ser felices. Que viva la lucha de las mujeres y gracias a la mayoría feminista de la Cámara que la hace posible".

La ley no acaba con su publicación en el BOE

Montero, que ha sido interrumpida en diversos momentos de su intervención en al Congreso por abucheos de parte de la derecha, ha afirmado que la entrada en vigor de la ley no acaba con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)."Va a haber resistencias en la aplicación de la ley, igual que lo ha habido con todas las leyes feministas" por lo que "ahora toca trabajar con las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las administraciones competentes para garantizar que en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para realizar abortos, respetando el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios".

La ministra ha hecho un repaso a los derechos que esta ley reconoce. Entre ellos el de que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro público más cercano a su domicilio (existen regiones y provincias donde nunca realizaron abortos); la recuperación del derecho de las menores de 16 y 17 años a poder interrumpir su embarazo sin tutelas; el reconocimiento de los derechos menstruales; el derecho a una baja por menstruaciones dolorosas y en la semana 39 de embarazo. También elimina trámites que se consideran una forma de infantilizar a las mujeres y de entorpecer su acceso a la interrupción del embarazo, como es la obligación de recibir un sobre con información antes de abortar y de tener que esperar tres días a partir de ese momento para poder abortar. Un período considerado de reflexión, al que las organizaciones feministas y expertas en salud reproductiva se han opuesto siempre.

Niñas, niños y niñes interrumpen el debate

En varias ocasiones, la ministra de Igualdad tuvo que interrumpir su discurso por los murmullos y abucheos en la Cámara Baja. Uno de ellos se produjo cuando Irene Montero afirmó que la responsabilidad del uso de anticonceptivos no podía recaer sobre las mujeres y que es necesaria la corresponsabilidad en esta area. La presidenta del Congreso tuvo que pedir silencio. Cuando retomó la palabra Montero afirmó que "Si no respetan el derecho al aborto, como van a respetar a quienes lo defendemos".

Inmediatamente después, cuando la ministra se refirió al derecho de los niños, niñas y niñes a tener una educación sexual integral, el ala derecha del Congreso volvió a rugir. Esta vez la interrupción fue más amplia, lo que obligó a la ministra lamentar que la cámara de representes no fuera capaz de "acercarse ni siquiera con respeto a la realidad de gente que solo esta pidiendo poder existir y que se le reconozca sin burla", haciendo referencia a las personas LGTBI, cuya ley se debatía justo después de la del aborto.

Partido Popular y Vox en contra

Vox y el Partido Popular, como hicieron en las votaciones anteriores, se opusieron a la norma. Ciudadanos, en cambio, votó a favor, a pesar de que su postura no estuvo clara hasta el último momento. Los naranjas criticaron que la ley reconociera como violencia reproductiva la práctica de los vientres de alquiler. En este sentido, la representante de Ciudadanos, afirmó en la tribuna que este hecho supone considerar a las mujeres como infantilizadas por no poder decidir sobre su cuerpo a la hora de gestar para otras personas. Una postura que esta formación mantiene históricamente. Sin embargo, su voto fue afirmativo hacia la ley.

La diputada del PP, Marta González, puso el énfasis en que la ley prohiba a las mujeres que vayan a abortar recibir información sobre ayudas a las que pueden acogerse, y denunció que con esta medida, el Gobierno trata de manera infantil a las mujeres impidiendo que puedan tomar una decisión de manera consciente. "El Gobierno lleva su sectarismo hasta el punto de hurtar esa información a las mujeres", afirmó.

Lourdes Méndez, portavoz de Vox, hizo un duro discurso contra la ley en el que criticó la postura del Partido Popular por apoyar un enmienda que, afirmó, prohibe que se informe a la embarazada. Hacía referencia a uno de los cambios acordados por todos los partidos escepto Vox en el Senado, para impedir a las administraciones tomar medidas como las impulsadas en Castilla y León por su partido para realizar ecografías 4D o hacer escuchar el latido fetal a las mujeres antes de abortar. Una enmienda que ha sido ratificada en el pleno. Y añadió: "A mí lo que me escandaliza, señorías, es que sancionen con pena de cárcel a quién mate a una rata, mientras se puede matar libremente a un niño en el seno de su madre. Eso es sadismo". Méndez volvió a agitar la fake newsde que se destinan 35 millones al aborto y sólo tres a ayudas sociales.

Pero quién fue protagonista indiscutible del debate sobre la ley del aborto, sin duda fue el Partido Popular, que estuvo presente en casi todas las intervenciones de los grupos parlamentarios, incluida la de Vox. El lío interno surgido a raíz de las declaraciones de Feijóo en los últimos días sobre si para él y su partido el aborto es o no un derecho, levantó duras críticas de los grupos de la izquierda.

Íñigo Errejón (Más País) espetó a los populares: "¿​Cómo no va a ser un derecho?. Por supuesto que lo es. Y por eso es importante aclarar el debate. Señorías no vamos a legislar hoy sobre si el aborto es un derecho o no. Ese es un debate de otro siglo. El aborto es un derecho se pongan como se pongan" y acusó a los populares de no estar debatiendo sobre el derecho a la vida. "Ustedes debaten sobre lo que les incomoda. Que es la libertad de las mujeres".

Valluguera, por su parte, advirtió de que se veía en la obligación de "recordar a todas las mujeres y hombres de este Estado, que los derechos no están nunca suficientemente garantizados. Nunca. Damos por hecho que el derecho al aborto va a permanecer incólume después de esta legislación y depende de qué mayorías haya en este parlamento no va a ser así. Y añadió: "Lo voy a decir más claro: Como ganen Vox y el PP, señoras, me veo otra vez en Londres abortando y acompañando a mis amigas. Y eso no puede ser", en clara referencia a las actuaciones que ambos partidos han tenido en Castilla y León.

Recientemente el Tribunal Constitucional abordó la incostitucionalidad de la ley del aborto que presentó en 2010 diversos diputados del Partido Popular y que llevaba cerca de 13 años esperando ser resuelta. El Alto Tribunal se posicionó a favor de la constitucionaidad de la ley y rechazó la ponencia elaborada por Enrique Arnaldo, un magistrado ligado al PP y con un amplio historial de artículos oponiéndose a la ley. El Constitucional encargó un nuevo texto a una magistrada progresista que refleje el sentir de dicho órgano y se espera que en breve emita una sentencia desechando el recurso de los populares.