El fútbol español está a las puertas de un grave escándalo, que involucra al Barcelona y que algunos especulan con que podría llevarlo al descenso: un grupo de fiscales españoles investigan unos pagos de alrededor de 1.4 millones de euros que el club catalán llevó a adelante hace tres años a una empresa propiedad de un alto miembro del cuerpo arbitral español. A través de un comunicado, el Barcelona confirmó la información que había adelantado una emisora de radio y que provocó la reacción de la entidad catalana.
El miércoles, durante uno de sus programas deportivos, la Cadena SER informó que el Barcelona había hecho los pagos entre 2016 y 2018 a una empresa de José María Enríquez Negreira, quien era en ese momento vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol.
El Barcelona confirmó a través del comunicado que estaba al tanto de la investigación. Indicó que el club "contrató los servicios de un consultor técnico externo" que le suministró "informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional", calificándolo de "práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales". La entidad dijo que la consultora también perfeccionó, en formato de vídeo, informes sobre jugadores juveniles de otros clubes españoles.
En paralelo a la información oficial del club, el ex presidente de la institución Josep María Bartomeu manifestó al diario catalán Mundo Deportivo que los pagos se remontan a antes de 2003 y totalizaron 575.000 euros por año desde la temporada 2009/2010 antes de que se detuvieran en 2018 como parte de las medidas de reducción de costos. Al ser consultado por estas declaraciones, el Barcelona no ofreció más comentarios, remitiéndose a su comunicado original.
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) intentó desligarse de las responsabilidad. El organismo expresó que Enríquez Negreira no tuvo ningún papel oficial desde 2018 y que "ningún árbitro en activo o miembro de los órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflicto de intereses ".
De acuerdo a la información publicada por diferentes medios españoles, los fiscales iniciaron la investigación en 2022 después de que una inspección de la Agencia Tributaria a una empresa propiedad de Enríquez Negreira, no encontrara ningún registro o servicios prestados a Barcelona a cambio de 1.4 millones de euros en pagos.
La Cadena SER recogió los comentarios de Negreira en los que afirmaba que su asesoramiento era verbal e interferencias de los jugadores con los árbitros y negaba haber favorecido nunca al Barcelona en ninguna decisión o disputa arbitral.
En un informe del diario El Confidencial publicado este jueves se afirma que Enríquez Negreira embolsó más de 4,7 millones de euros a través de su empresa DASNIL 95 SL (en la que era el único miembro) y que al menos entre 2016 y 2018, más del 95% de la facturación de la sociedad procedió de manera exclusiva del club catalán.
