El cambio de gobierno, en diciembre de 2015, reinstaló de manera súbita y con un grado inusitado de violencia, el debate legal sobre la comunicación. La discusión, negada por los sectores más poderosos al momento de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), reapareció de la mano del Estado (bajo control de Cambiemos) vía decretos de necesidad y urgencia.  

En el año 2009, los grupos nacionales concentrados de la comunicación, jugando a que la ley no pasaría por el Congreso, privaron a los argentinos de tener una legislación consensuada.  Hoy, en un esquema de medios de creciente transnacionalización avanzan con hechos consumados, mientras el gobierno de Mauricio Macri dilata la difusión de un texto de la denominada Ley de Comunicación Convergente.

  Revisar la historia y conocer cómo se abrió camino la comunicación, nos permite redescubrir grandes epopeyas y gestas magníficas. El hombre (y la mujer) sortearon los obstáculos que le oponían las grandes distancias, montañas aparentemente infranqueables o los mares infinitos apelando a su creatividad y al poder indetenible del conocimiento.

Se crearon rutas, se construyeron artefactos para acortar distancias, flotas para surcar los mares, se reconocieron ríos como vías de acceso y más cerca en el tiempo, tras el descubrimiento del vapor, los grandes barcos, las redes ferroviarias, los aviones, los cohetes y en el siglo pasado, los satélites.

Rodrigo de Loredo, presidente de Arsat, en uno de los spot que produjo en el año 2016, para difundir  la aplicación del Plan Federal de Internet, el tendido de la red de fibra óptica  y los tres satélites de la empresa, comparó su tarea con el despliegue con el que, en 1857, el Estado nacional dio nacimiento a la red ferroviaria.

De Loredo acertó tanto con la comparación como en la implementación de un proyecto que se propuso hacer llegar Internet a más de 1300 pueblos, asociándose a Pymes y cooperativas, bajando el precio de acceso a 18 dólares y promoviendo  los servicios de Arsat. Además, atendiendo a la privatización del tercer satélite le adjudicó el rol que en los discursos fundacionales del ferrocarril asumieron Julio Roca y Bartolomé Mitre, facilitadores luego de la privatización y extranjerización.

La analogía de la red de Internet y los satélites, con el debate que desde su nacimiento generaron los ferrocarriles, nos lleva inevitablemente a reivindicar la tarea de esclarecimiento y propuesta llevada adelante por Raúl Scalabrini Ortiz, todo tiempo que propuso que los ferrocarriles debían ser argentinos y estatales. 

Los argumentos del gobierno de Cambiemos para asociar Arsat a la empresa estadounidense Hughes,  no distan mucho de aquellos que en el anterior gobierno, postulaban la necesidad de una Arsat rentable, aunque el costo fuera la inaccesibilidad para la mayoría de los usuarios, empresas pymes o cooperativas. El concepto de resolver la contradicción principal en la lucha  inter empresarial y no a través de la lucha de clases fue el que permitió que algunos funcionarios (de cuño neoliberal o cegados por una mala interpretación de la batalla cultural) facilitaran la presencia en Argentina de Carlos Slim y Claro con el objetivo de “demoler” al grupo Clarín.

La comunicación es un derecho humano y por lo tanto el acceso debe ser gratuito y universal como sucede con la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Si se deja en manos del mercado sólo podrán “usufructuarlo” quienes estén en condiciones de pagarlo.

En el desarrollo de Arsat y el acceso a Internet, es fundamental que los estados provinciales y municipales asuman un rol protagónico. La disputa por el paso de la red ferroviaria, fue precedido de las batallas sangrientas que confrontaron un modelo de Estado confederal con el  centralizado y unitario, dependiente del puerto y la aduana de Buenos Aires.  Rosario y el Ferrocarril Central Argentino  fueron una alternativa.

El modelo unitario y centralizado, que la democracia recuperada en 1983, no se atrevió a tocar es el que facilita que la red (ferroviaria o de fibra óptica) se maneje desde los intereses y premura de quien esté en el gobierno del Estado nacional.

El Parlamento y los gobernadores tienen en sus manos la posibilidad de impedir que Argentina vuelva a repetir el mismo esquema. Arsat puede y debe ser una empresa nacional con control estatal pero no sólo del Estado nacional sino también con la participación de los gobiernos provinciales en un modelo federal de convergencia tecnológica con poder no sólo de control sino con capacidad de decisión y participación social y productiva. Arsat nacional, estatal y federal, es el camino para el ejercicio del derecho humano a la comunicación.

* Periodista, licenciado en Psicología, miembro fundador de la Coalición por una Comunicación Democrática.