La Cooperativa de Trabajo La Hoja superó ayer un fiero palo en la rueda a su historia de rescatar por esfuerzo propio la célebre yerbatera, luego de la quiebra de Martin y Cía SA, en 2008. Los trabajadores terminaron ante un juez penal, denunciados en graves términos por Alberto Martin, uno de los ejecutivos que fundió aquella reconocida empresa con asiento en Rosario y yerbales en Misiones. Y ese juez ayer derogó una medida cautelar de "no innovar" que impedía que la Cooperativa pudiera avanzar hacia la compra de la quiebra, luego de haber pagado y cancelado la millonaria hipoteca que los Martin habían contraído con el Banco Nación. Todo en el marco de una acusación de los quebrados –y de la que se hizo eco el fiscal penal Mariano Ríos Artacho– por cargos como "defraudación calificada, vaciamiento de empresa y administración infiel". 

"Es la historia de una empresa que quebró hace 14 años y que persiste en tratar de embarrar la cancha y desapoderar a trabajadores que iban a ser despedidos y que se organizaron en cooperativa hace 7 años para continuar la producción y de manera exitosa. Y procura recuperar lo perdido con una denuncia penal inventada y acusaciones falaces", resumió la abogada Marcela Macellari, representante legal de la cooperativa yerbatera en la causa civil.

La Hoja es una marca centenaria que el primero de los Martin fundó en Misiones a principios de siglo XX y fue una de las compañías líderes en el país en el rubro alimenticio. Su base estuvo en Rosario. En cuanto a la producción yerbatera persiste la planta en el oeste de la ciudad, adonde se produce el mate cocido y té en saquitos.

Su producción parte de un campo de 2800 hectáreas en San Ignacio, Misiones, y otro de 1900 hectáreas en el sur de Santiago del Estero, aunque sin yerbales. Ambos campos tienen adentro sendas comunidades indígenas, de raigambre histórica.

Hacia 1998 la firma entró en concurso preventivo de acreedores, y terminó de caer en 2008 cuando por un pagaré de poca monta alguien pidió la quiebra y la Justicia la decretó.

La quiebra recayó en el juzgado en lo Civil y Comercial n° 12 de Rosario, sin juez a cargo, por lo que el proceso navegó a la deriva. Pero entonces, apareció en escena una sociedad anónima, Demirol, que comenzó a operar la empresa fallida junto con otra empresa repentina, Yerbatera del Paraná, y un apoderado a quien siempre se lo vinculó con la familia Martin.

Como la Afip denunció a Demirol SA por trabajo esclavo, esta se retiró y en su lugar la sustituyó otra nueva compañía, Mavea SRL, que desde 2009 continuó produciendo y comercializando yerba La Hoja.

Cuando en 2012 asumió Fabián Bellizia como titular del juzgado, este juez descubrió mientras compraba en el supermercado que La Hoja continuaba en las góndolas a nombre de esa tal Mavea SRL que, sin embargo, no aportaba ningún dinero al fondo de la quiebra. 

"Qué raro que los Martin no se quejaron de que Demirol y luego Mavea explotaran La Hoja sin tributarle ni un peso a la quiebra", ironizó ayer el abogado Héctor Superti, representante penal de la Cooperativa.

Los trabajadores, para preservar su fuente laboral, se constituyeron en 2015 como cooperativa de trabajo, y el juez de la quiebra aceptó y apoyó ese proceso. Hoy son 120 socios directos y otras 400 personas que trabajan indirectamente. Y depositan el equivalente a 2500 kilos de yerba canchada como pago de alquiler a la quiebra.

Belizia conminó a Mavea a pagar 50 mil kilos de yerba por los 3 años que explotó la marca sin aportar a la quiebra. Y le otorgó el manejo de la empresa a la Cooperativa, con una co administradora judicial, la contadora Silvia Rodríguez Soto.

La decisión clave de los trabajadores fue ir cancelando deudas, incluso la del acreedor privilegiado, el Banco Nación, que le hizo 4 hipotecas a Martin por un crédito que no devolvió pese a renegociarlo fallidamente tres veces. La Cooperativa logró pagar en cuotas en aquel momento 166,5 millones de pesos, y quedó en el expediente pasible de actualización por CER, lo que hoy lleva ese crédito a unos 1500 millones de pesos.

Cuando el Banco Nación iba a firmar la extinción de la hipoteca, lo que habilitaría a la Cooperativa a comprar la quiebra, Alberto Martin acudió al estudio jurídico Salvatierra para ir por la vía penal. 

El empresario convenció al fiscal Ríos Artacho de su denuncia: que la Cooperativa La Hoja estaba descuidando sus yerbales para depreciar los activos de la quiebra y hacer valer lo que le pagó al Banco Nación y así quedarse con la empresa a precio vil. Llegó incluso a insinuar que detrás de la Cooperativa "hay un hombre de paja" que pretende quedarse con todo. 

Ríos Artacho nunca viajó a Misiones para comprobar la veracidad de la denuncia, pero igual pidió en diciembre a la jueza penal Silvia Castelli que dicte medida de no innovar, y así paralizó el proceso en un hecho poco común de interposición de fueros. 

Castelli obró de acuerdo al interés de Martin. Pero la cautelar cayó ayer por decisión de Nicolás Foppiani, nuevo juez a cargo porque Castelli fue recusada. Este magistrado hizo cesar la medida al considerar que "no se acredita la responsabilidad" que se le endilga a la Cooperativa, y que la cautelar "no guarda proporcionalidad con la denuncia: pasaron 2 meses y Fiscalía no probó que haya una maniobra destinada a bajar el valor del inmueble para comprar barato".

Foppiani incluso reprendió la forma en la que Fiscalía manejó la acusación, sin haber consultado al juez Belizia ni haber visitado los campos de Misiones.