Tras la reunión en La Plata, el pasado martes, entre Máximo Kirchner, Martín Insaurralde y los presidentes de los justicialismos de varias localidades rurales de la provincia,quienes participaron se fueron con una idea, que recogió Buenos Aires/12.  Sintieron que eran parte de un intento de abordar un problema que data de 2008: la sucesión de derrotas justicialistas o del Frente de Todos en las zonas rurales del interior bonaerense. Entre otras figuras estuvieron Ricardo Gorostiza (Ramallo), Ramiro Baguear (Rojas), Emir Miranda (General Arenales), Mauricio Martin (General Viamonte), Pablo Lambert (Trenque Lauquen), Juan Pablo García (Dolores), Evangelina Goicoechea (General Lavalle), Marcelo Rivero (Necochea), Patricia Domínguez (Bahía Blanca), Natalia Schmidt (Adolfo Alsina), Gustavo Trankels (Tornquist), y Danilo Mengarelli (Saladillo), 

En marzo de 2008 la resolución 125, ideada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau y firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aumentaba los derechos de exportación sobre la soja, en pleno boom de los commodities. La idea expuesta para sustentar las retenciones móviles era que el Estado captase, al menos parcialmente, esa renta extraordinaria. Fue el principio de un largo conflicto, que culminó en julio, con el voto “no positivo” del vicepresidente y presidente del Senado Julio Cobos. Una de sus principales consecuencias fue la ruptura de la llamada Concertación K (una alianza del PJ con gobernadores radicales como Alfredo Cornejo de Mendoza e intendentes como Gustavo Posse de San Isidro) y el constante retroceso del peronismo en los distritos bonaerenses predominantemente rurales, allende la ruta 6.

En muchos distritos, “la 125” fue el motivo perfecto para que rompieran los sectores conservadores del peronismo, con simpatías duhaldistas o menemistas, incómodos con la conducción de Néstor Kirchner. Esos grupos disidentes serían, poco después, en cada distrito, la célula embrionaria del Pro extendido nacionalmente, que hasta ese momento era un fenómeno estrictamente porteño. Emilio Monzó, oriundo de Carlos Casares y ahora menemista confeso, fue el encargado de armar y reunir lo disperso. Marcelo Daletto, de Chacabuco, hoy senador por la cuarta y del mismo espacio político, se lo contó así  a Buenos Aires/12. “En el año 2008, la disputa por la Resolución 125 fue un punto de inflexión. Alejó a mucho dirigentes y votantes peronistas de lo que se conoce o se etiqueta como centroderecha. Los terminó de expulsar el kirchnerismo, que es un peronismo de centroizquierda. Por eso existe un peronismo republicano por fuera de Juntos y otro por dentro”.

En 2007, la elección inmediatamente anterior, Daniel Scioli ganó como candidato a gobernador en 132 de los 134 distritos (Lezama, el 135, todavía peleaba por su independencia de Chascomús). Las únicas excepciones fueron Rivadavia, al noroeste, y Saavedra, en la sexta, cuya cabecera es Pigüé, conocida como “la ciudad de los franceses”. En 2011, siempre observando la categoría “gobernador”, los distritos “rebeldes” saltaron a 5: Salliqueló, Saladillo, Dorrego, Puán y, una vez más, Rivadavia. En 2015 sobrevino la ola amarilla -aunque en este caso sus principales beneficiarios fueron de origen radical-, con las únicas excepciones de Chivilcoy, Zarate, Pila, Tordillo, Tres Lomas, González Cháves y Monte Hermoso.

En la última elección ejecutiva, en 2019, cuando el actual gobernador Axel Kicillof se impuso a su antecesora María Eugenia Vidal por un contundente 52 a 38, el interior bonaerense siguió siendo refractario al justicialismo. El Frente de Todos ganó la segunda casi completa, a excepción de San Pedro, pero en el resto de las secciones rurales sólo se impuso en Mar Chiquita, Alvarado, Tres Arroyos, González Chávez, Benito Juárez, Laprida, Monte Hermoso, Tordillo, La Costa, Pila, Rauch, Las Flores, Tapalqué, Daireaux, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Carlos Tejedor, Tres Lomas, Colón, Alem, General Pinto, Chacabuco y Chivilcoy. Fue el año de la famosa “campaña del Clio”, basada en largas recorridas y reuniones de cercanía, con grupos reducidos de vecinos y “fuerzas vivas”, pero la buena performance de Kicillof no logró arrastrar las candidaturas locales. Por el contrario, él fue beneficiado por el corte de boleta.

Aunque incluyen algunos distritos rurales como Punta Indio y Magdalena o Mercedes y Navarro, las secciones primera y tercera son consideradas básicamente conurbanas. La sección octava, también llamada “región capital”, aunque aún no comprende a los municipios vecinos de La Plata como Berisso y Ensenada, es también predominantemente urbana. El resto, las secciones segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima, suman 3600000 electores, que viven en 91 municipios. La segunda incluye a San Pedro, San Nicolás y Ramallo. La cuarta, a Chivilcoy, Chacabuco y Junín. La qunta a Maipú, Dolores, Chascomús y Madariaga. La sexta a Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez. La séptima, a Azul, Saldillo y Tapalqué. 

Los distritos que no son los del Gran Buenos Aires tienen 26 senadores sobre 40 y 53 diputados sobre 92. Es un área de poder importante.

“Vayan a buscar al campo”, la indicación registrada por este diario y que podría resumir el contenido del cónclave del martes pasado, sirve también como disparador para un análisis sociopolítico de la historia reciente de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué campo ir a buscar? ¿Cómo traerlo?

Agarrá la pala

Es en el terreno discursivo donde el antiperonismo, desde hace más de una década dominado por el macrismo, logró su mayor acierto. El relato primero toma los supuestos valores rurales, además presentados en condición de exclusivos,  como el trabajo, el esfuerzo, la tradición, el ahorro, la inversión productiva, el arraigo, todo eso que los publicistas usan para vender camionetas. Y luego los contraponen ya no a los de la ciudad sino a los del suburbio: vagancia, mendicidad, delincuencia, falta de rumbo y, lo peor, una subsistencia parasitaria respecto de los que trabajarían en serio. Cuando un discurso funciona y cumple los objetivos políticos, su veracidad pasa a segundo plano. Ya en el siglo XIX, el lema de la Sociedad Rural Argentina “cultivar el suelo es servir a la patria”, confundía deliberadamente intereses públicos y privados.

Los sectores conservadores del agro, y el PRO que busca representarlos, proponen una visión ordenada, que incluye una construcción positiva de la identidad del destinatario y un paradestinatario -el “otro”- duramente estigmatizado, con todos los boletos para convertirse en chivo expiatorio. Pero, más importante todavía, es lo que se oculta bajo esa simplificación extrema: la diversidad de sectores e intereses contrapuestos que componen “el campo” y, en consecuencia, la diversidad de necesidades en materia de representación política. Ningún urbanista lúcido afirmaría que “la ciudad” constituye un colectivo homogéneo. Aunque este discurso es anterior a 2008, el conflicto dejó ánimos alterados y heridas abiertas, un clima más que propicio para su proliferación y una consecuencia electoral casi natural: el voto a Cambiemos.

La política agrícola de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fue letal para los pequeños productores. La política de tasas de interés, pensada para favorecer los negocios financieros y no la inversión productiva, los privó del acceso al crédito. Al mismo tiempo que se bajaron las retenciones a la soja, trigo y maíz, se redujeron sustancialmente para otros cereales, que constituyen el alimento básico para porcinos, pollos y feedloteros. En consecuencia, muchos establecimientos debieron pagar sus insumos a valor internacional para vender el producto final en pesos en un mercado deprimido. Algunos resistieron, muchos cerraron o arrendaron sus propiedades, pero todos conservan en la memoria el recuerdo, traumático y reciente, de los años comprendidos entre 2016 y 2019.

Gustavo Tito, técnico del INTA y docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, afirma que “antes y después de la 125, los gobiernos peronistas tuvieron buenas políticas para los pequeños productores y la agricultura familiar: crearon la secretaría de Agricultura Familiar, el monotributo social rural, relanzaron el programa Cambio Rural". Según su visión, "lo que ocurrió con la 125 fue una simplificación. Cuatro entidades quedaron con la interlocución con el gobierno y la agricultura familiar, que es enorme, quedó afuera. Por cada miembro de la Sociedad Rural Argentina hay al menos diez pequeños productores”.

“Mucho de lo bueno que hizo el kirchnerismo lo deshizo el macrismo", dijo Tito. "Y la puesta en marcha, por parte del gobierno actual, viene con demoras.” Un ejemplo es el programa de asistencia a productores “Cambio rural”, que cita Tito. Data de los años noventa, pero fue relanzado en los primeros años del siglo, hasta 2015. Apalancado en su estructura federal y su conocimiento, caso por caso, de las necesidades y dificultades de los productores, INTA creó grupos por afinidad y región, con el objetivo de iniciarse en alguna producción no tradicional o modificar o modernizar prácticas de manejo. El programa ofrece asistencia profesional y técnica sin cargo y es muy valorado por los productores más pequeños, que difícilmente accederían a los mismos recursos por su cuenta. La política de recortes y despidos implementada en aquellos años por el presidente Macri y su ministro Luis Miguel Etchevehere, desfinanció “Cambio rural” hasta vaciarlo.

Desencuentro histórico

La concentración de la propiedad de la tierra en la provincia de Buenos Aires, uno de los mayores problemas, tal como permiten confirmar la comparación entre los sucesivos censos agropecuarios, comenzó durante el menemismo, con la instalación de la matriz productiva actualmente vigente. En 2018 se censaron 36.700 establecimientos agropecuarios productivos, menos de la mitad de los 75.531 que se habían registrado en 1988. El 16 por ciento de estos establecimientos tiene más de 1000 hectáreas y concentra el 66,5 por ciento de la superficie productiva. En el otro extremo, hay un 30 por ciento de establecimientos menores a 100 hectáreas, que apenas reúne el 1,8 por ciento. Esta concentración genera expulsión de población y desarraigo: un habitante cada 258 hectáreas en 2018 contra uno cada 141 hectáreas de 1988.

Agustín Suárez, referente nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, afirma que "las políticas públicas que aplica el Estado para ‘el campo’ están destinadas a la producción de commodities para la exportación, pero que puertas adentro del país las políticas son de libre mercado y concentración de las cadenas productivas. Se gestiona como si los alimentos salieran de las góndolas de los supermercados". Suárez pide "un Ministerio de la Alimentación para planificar cómo producimos comida”.

Para Tito, el camino para los pequeños productores bonaerenses es la soberanía alimentaria. “Seguridad alimentaria es garantizar la comida pero soberanía alimentaria es garantizar los medios de producción. El desafío es desarrollar alrededor de las ciudades polos que produzcan comida: salas de extracción de miel, de faena de animales pequeños, tambos. Eso genera empleo y arraigo, baja costos de flete, abastece mercados de cercanías”.

Patricio Griffin, ex presidente del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, muy vinculado a las cooperativas agropecuarias de la zona núcleo, hace una descripción complementaria al planteo de Suárez: “Desde el menemismo, la reducción de los márgenes de ganancia empuja hacia la gran escala, el que puede, compra y el que no, vende y desaparece. Esa tendencia no se revirtió en los años comprendidos entre 2003 y 2015 y se profundizó a partir de 2016. La necesidad de capital y tecnología ha generado la aparición de una figura relativamente nueva: el contratista. Ya es raro que el chacarero o propietario produzca”. El censo de 2018 lo confirma: el arrendamiento de campos subió de apenas 13 por ciento en 1988 a casi 35 puntos en la última medición.

Un dicho muy común en el campo sostiene que “la reforma agraria la hacen las herencias y sucesiones”. Griffin se reconoce como un ejemplo de esa regla. “Mi abuela tenía 500 hectáreas y obviamente vivía del campo. Mi papá tenía tres hermanos y heredaron 125 hectáreas cada uno. Nosotros somos 6, así que yo heredé alrededor de 20 hectáreas. ¿Se puede vivir de 20 hectáreas? Con esta matriz productiva, no. Generalmente, el que tiene superficies pequeñas las arrienda y se dedica a otra cosa”. Sostiene también la tesis del “desencuentro histórico”. Para él, las multinacionales -Cargill, Dreyfus, Bunge y Born-, han sido muy hábiles a la hora de confundir a los chacareros acerca de cuáles son sus intereses y quienes sus potenciales aliados. Sostiene que, con otra matriz económico política, el campo argentino y bonaerense podría producir alimentos de alto valor agregado, tanto para el mercado interno como internacional. “Si el que tiene 20 hectáreas no es un oligarca, ¿por qué no va a ser peronista?”.