La Corte Suprema de Justicia (CSJ) redobló la apuesta y volvió a rechazar tomarle juramento al senador Martín Doñate como consejero del Consejo de la Magistratura en representación del bloque oficialista Unidad Ciudadana-Frente de Todos. La acordada de la Corte esgrime los mismos argumentos de su resolución del 8 de noviembre pasado que invalidó la asunción de Doñate en favor del legislador de Juntos por el Cambio, Luis Juez (PRO), y dispuso que no se incorpore el senador del oficialismo. Por el contrario, autorizó la designación de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde (Frente de Todos-Frente Nacional y Popular) y de Eduardo Vischi (UCR). La ratificación de los cortesanos vuelve a colisionar con uno de los motivos que abrieron paso al juicio político a los miembros del máximo tribunal en la Cámara de Diputados: La intromisión de la Corte en otros poderes del Estado (el Poder Legislativo) y desconocer las facultades del Senado para designar a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de acuerdo a la representación política que se den sus propios integrantes en la conformación de los bloques partidarios.

La respuesta de la Corte llegó en medio de la apertura del juicio político a todos sus integrantes y una semana después de que los senadores oficialistas designados por la Cámara alta para ocupar el sillón en el Consejo de la Magistratura --paralizada desde hace meses y con el supremo Horacio Rosatti a la cabeza-- se presentaran ante el máximo tribunal alegando "un trato discriminatorio", ya que eran los únicos representantes a los que aún no se les tomó juramente tras la renovación de autoridades de noviembre.

A mediados de noviembre, el Senado votó por unanimidad --con la ausencia del interbloque de Juntos por el Cambio-- las nuevas designaciones para ocupar los cargos en el Consejo de la Magistratura. En esa sesión y ya en disputa abierta con la Corte Suprema, el bloque del Frente de Todos reunió los votos para volver a postular a Martín Doñate (Unidad Ciudadana-FdT). Doñate, que integra el interbloque oficialista al igual que Recalde y Pilatti Vergara, fue nominado en los dos periodos por una segunda minoría, representada por el subbloque de Unidad Ciudadana.

Una estrategia legislativa del oficialismo que la Corte rechazó antes del recambio de los consejeros y que volvió a ratificar ayer tras las nuevas designaciones. El punto cuarto de la acordada que firman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda declaró "inoponible la partición del Bloque Frente de Todos a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura, en tanto y en cuanto, mediante dicha maniobra, ese bloque mayoritario pretendió que uno de los bloques escindidos (Unidad Ciudadana) desplazara al bloque que representa a la segunda minoría (Frente Pro), violando de ese modo la pluralidad representativa consagrada en la ley 24.937".

En el punto quinto, los supremos señalan que tomar juramento a Doñate "implicaría convalidar los efectos de una maniobra que fue declarada inoponible en una sentencia dictada en el ámbito de su competencia".

El conflicto por la representación en el Consejo de la Magistratura fue precisamente uno de las causales por las cuales el presidente Alberto Fernández y gobernadores promovieron el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. En un documento, Fernández y los mandatarios, denunciaron a principios de año un "asalto al Consejo de la Magistratura" por parte de los magistrados, mientras criticaron duramente que Rosatti se constituya en presidente del alto tribunal y también del Consejo.

"La Corte avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional", indicaron.

Desde el FdT señalan que el Poder Judicial no puede inmiscuirse en las decisiones del Poder Legislativo para designar sus autoridades. "La Corte arma un Consejo de la Magistratura con una ley derogada y ahora se atribuye la decisión de los integrantes de la misma", sostuvieron. Al tiempo que también alegaron que la misma estrategia utilizó la alianza opositora, años atrás, cuando se apoderaron de un asiento en el Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara baja aludiendo que representaban a dos minorías distintas (PRO y UCR), pese a que ambos bloques formaban parte del interbloque de Juntos por el Cambio. El Poder Judicial convalidó entonces la postura opositora.

La Corte Suprema fue la única instancia en la que JpC consiguió un fallo favorable. No lo había obtenido en sus reclamos anteriores ante distintas instancias judiciales antes del recambio de los consejeros. Lo mismo ocurrió tras las nuevas designaciones votadas por el Senado en noviembre pasado. Juez volvió a presentar un amparo para llegar por vía judicial al Consejo de la Magistratura, pero la jueza en la Contencioso Administrativo federal María Alejandra Biotti rechazó la presentación porque entender que no se daban los "criterios de urgencia necesarios".

Ahora, la Corte volvió a darle una oportunidad a Juntos por el Cambio, la bancada opositora que se abroqueló en la defensa de los cortesanos ante el juicio político iniciado en la Cámara baja.