El primer juicio en la historia de Córdoba en el que se juzga la responsabilidad del Poder Judicial en el Terrorismo de Estado comienza en un contexto nacional en el que la Corte Suprema se alinea con el Gobierno nacional en su idea de criminalizar a los trabajadores y flexibilizar las normas que los protegen, posterga largamente su decisión sobre la libertad de Milagro Sala y premia a los genocidas con el 2x1.

En este juicio, conocido como “Juicio a los Magistrados”, están siendo juzgados cuatro funcionarios judiciales por los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento. La cúpula del Poder Judicial federal luchó por la impunidad y el no esclarecimiento de los hechos cometidos en la dictadura cívico-militar. Aunque parezca una paradoja, los que tienen que impartir justicia convalidan injusticias. 

Este proceso pone de manifiesto las alianzas entre los sectores más conservadores del Poder Judicial y los proyectos neoliberales. Desde 1976 a 1983 el Poder Judicial avaló desapariciones, torturas, y asesinatos. Pero desde siempre avaló y sigue avalando represión, saqueos, censuras y desigualdades. 

El Poder Judicial Federal de Córdoba durante la dictadura cívico-militar estuvo directamente diagramado por Luciano Benjamín Menéndez –el genocida con más condenas a cadena perpetua en la historia de la humanidad– y por el cardenal Raúl Primatesta. Así se cerraba el círculo. Allí estaban presentes las responsabilidades militares, eclesiásticas y judiciales. 

El poder judicial responsable del Terrorismo de Estado es el mismo que luego se garantizó impunidad. Solo un ejemplo: Ricardo Haro es uno de los imputados en esta causa. Se lo acusa de convalidar declaraciones de detenidos torturados y amenazados mientras era defensor oficial. Haro, en 1989, pasados 13 años de aquel momento, votó, como miembro de la Cámara Federal de Apelaciones, a favor del indulto de Carlos Menem a Menéndez.

Existe también una parte de la justicia que defendió y defiende los intereses del pueblo y lucha por que se garanticen los derechos de todos y todas. Este sector del Poder Judicial siempre fue perseguido por la aristocrática y tradicional “familia judicial” en complicidad con los gobiernos neoliberales. Otra continuidad, desde siempre y hasta hoy.  

Además de poner de manifiesto la trama de complicidades políticas y judiciales en los proyectos de saqueo, este juicio viene a demostrar que cuando el camino es de lucha, de persistencia y de memoria, el futuro es de justicia. 

* H.I.J.O.S. Córdoba.