Polonia no detiene su marcha por aumentar la intervención del Ejecutivo en la Justicia. A pesar del veto parcial del presidente Andrzej Duda, la ola de protestas y la advertencia de la Comisión Europea, que hoy decide si abre un procedimiento para sancionar a Varsovia, la reforma judicial aprobada la semana pasada por el congreso polaco sigue en pie. La Unión Europea (UE) advirtió que podría quitarle a Polonia su derecho a voto en las cumbres de líderes del bloque si no da marcha atrás con la reforma, que según la oposición atenta contra la independencia del Poder Judicial y la división de poderes. Más allá de las advertencias del bloque, el ministro de Defensa, Antoni Macierewicz, aseguró que el gobierno no abandonará el camino trazado. “Vamos a luchar para lograr los cambios necesarios y que se implementen tan pronto como sea posible”, aseguró el funcionario. Un día después de anunciar el veto de dos de las tres leyes de la reforma judicial impulsada por la primera ministra, Beata Szydlo, el presidente polaco ratificó ayer una tercera norma, que reforma el funcionamiento de los tribunales regionales y de apelación y permite al ministro de Justicia nombrar jueces.
La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, fue emisaria ayer de la preocupación de la CE por el impacto que los cambios propuestos en el sistema judicial polaco podrían tener sobre la justicia en toda la UE y afirmó que hay tensión. “Lo que vemos ahora es un alto nivel de nerviosismo en el mundo de la justicia en la UE, porque si la justicia y el sistema en un Estado miembro se ven negativamente afectados, esto repercutirá en el sistema de reconocimiento mutuo de las decisiones de tribunales y de cooperación judicial”, dijo Jourova.
La comisaria checa insistió en que el sistema judicial en un Estado miembro es parte esencial del sistema en toda la UE y añadió que es por ello que los comisarios tienen preocupaciones por los cambios propuestos por el gobierno polaco. “Para el sistema judicial de la UE es absolutamente esencial que tengamos una cooperación judicial efectiva entre Estados miembros, para lo que es absolutamente esencial que haya un sistema judicial efectivo e independiente en (cada uno de) los Estados”, recalcó Jourova. Las reformas son criticadas por Bruselas por minar la independencia de este órgano y suponer una ruptura del Estado de Derecho que llevó a los polacos a manifestarse. Miles salieron el lunes a las calles de Varsovia, frente al palacio presidencial, para pedir al presidente que extienda su veto a las tres normas de la reforma judicial impulsada por el gobierno, y no sólo a dos de ellas, como finalmente hizo el jefe del Estado.
Con todo, la comisaria no se pronunció sobre si la decisión del presidente Duda (de vetar dos de las tres leyes) cambió la posición del Ejecutivo comunitario y emplazó a esperar la decisión de hoy. “Las cosas están cambiando cada hora”, sostuvo Jourova, quien señaló que la CE “tendrá que analizar mañana (por hoy) la situación con información nueva actualizada” para “llegar a la decisión adecuada sobre si continuará el procedimiento de infracción o del artículo 7 o qué pasos se darán”.
La primera ministra polaca, Beata Szydlo, afirmó que el Ejecutivo no puede ceder ni a la presión de la calle ni del extranjero y recordó que su partido, Ley y Justicia, tiene una mayoría estable y cumplirá su programa. Y admitió que el veto del presidente a dos de las leyes aprobadas por el Parlamento va a ralentizar el ritmo de las reformas. Duda, por su parte, ratificó ayer la tercera ley en cuestión: la norma, que reforma la elección de magistrados de tribunales regionales y de apelación, se aprobó en el Parlamento el 12 de julio, gracias a la mayoría absoluta que el partido Ley y Justicia tiene en la cámara.
El gobierno sostiene que la reforma permitirá una Justicia más eficiente, aunque los críticos de la ley dicen que es inconstitucional, ya que confiere al ministro de Justicia, quien también asumió las funciones de fiscal general, la facultad de nombrar a los magistrados de los tribunales de apelación y regionales. El ministro de Defensa, Antoni Macierewicz, defendió el camino emprendido por el Ejecutivo nacionalista de Ley y Justicia, convencido de que “las reformas en el sistema judicial son esenciales para cambiar el país”.
El veto impulsado por el presidente polaco dio por tierra con el poder de jubilar a los jueces de la Corte Suprema y reemplazarlos por otros; también con la posibilidad de cambiar a los integrantes del Consejo Nacional del Poder Judicial. En este sentido, el presidente polaco presentará sus propuestas alternativas en los próximos dos meses para volver a someterlas a tramitación parlamentaria.
