El proceso de monitoreo interno de la empresa Edesur que hará el Gobierno es un camino que empezará en los próximos días con acciones concretas. Se designará una cabeza técnica para el desembarco en la distribuidora eléctrica, se sumarán universidades públicas para que colaboren con la veeduría y, en paralelo, el Ente Regulador Eléctrico (ENRE) le está preparando al presidente Alberto Fernández un informe minucioso sobre la situación general de la empresa, los cortes, la calidad del servicio y los problemas operativos. 

De allí en más, el Ejecutivo Nacional deberá tomar la decisión final de qué hacer con una compañía que ya avisó, en la misma reunión que mantuvieron esta semana con el ministro de Ecoonomía, Sergio Massa, que tiene tomada la decisión de irse del país y vender su participación accionaria. 

Según confiaron a Página I12 fuentes de las negociaciones, entre miércoles y jueves de la semana próxima el ENRE formalizará la disposición para que representantes del Estado concurran a la empresa a revisar los procedimientos vinculados al servicio. En ese mismo acto, se comunicará quién es la cabeza que dará ordenes a los técnicos del ENRE que concurran a la firma a hacer el monitoreo in situ. Será un ingeniero responsable del organismo que comanda Walter Martello, que estará además acompañado por técnicos del organismo. Asimismo, además de técnicos de la Universidad de Buenos Aires, se sumarán especialistas de la Universidad de La Plata, que cuenta hoy con una carrera específica de Ingeniería Eléctrica. La idea es que el proceso esté validado por especialistas que no tengan directamente que ver con los intereses puntuales del Gobierno.

El informe reservado

En dos o tres meses, el presidente Alberto Fernández tendrá en sus manos un informe con conclusiones técnico-administrativas que le elaborará el ENRE. El documento es de extrema sensibilidad y se redacta con cuidado quirúrgico porque es el material que le permitirá al Poder Ejecutivo definir qué hará legalmente con la situación de la empresa. 

La trama actual es compleja porque cualquier desliz o escrito incorrecto que se considere afectación del capital, creen en el Gobierno, puede ser tomado por la empresa para ir a litigar a tribunales internacionales. Esta es la principal razón por la cual el quite de concesión no es una decisión tomada. La otra razón es que la misma empresa está en retirada. A principios de esta semana, fue el propio ceo de Enel (el accionista mayoritario de capitales italianos), Claudio Cunha, quien expresó en la reunión con Massa y al secretaria de Energía, Flavia Royon, que la firma se va del país. Ese fue el disparador, según cuenta, para que Massa pidiera formalizar de forma inmediata el desembarco del Estado en la compañía, en un marco en el que la firma no cumple con la asistencia a los afectados por los cortes de energía. 

Si bien Edesur aún tiene 60 años de concesión por delante y se seguirá haciendo cargo del servicio, tiene definido vender el más de 50 por ciento de acciones que tienen a un nuevo comprador. Hace unos meses, de hecho, en una comunicación a la Bolsa de Valores, la compañía afirmó que el Banco Santander ya está gestionando la venta de acciones. Lo paradójico, y es lo que precipitó el pedido de Massa de intervenir, es que estas operaciones de la empresa que amenaza con irse, se dan en un marco en el que el Estado está convalidando aumentos tarifarios que le pegan directo en la inflación, aumentos que recibien directamente las empresas que incumplen con la prestación del servicio. 

La retirada y el espejo con Edenor

En este escenario, más que pensar en la quita de concesión, al Gobierno le sirve la instancia de venta para intentar influir en quiénes serán los nuevos compradores. Según contaron desde el Gobierno, expropiar supone pagar un dinero que hoy el Estado no tiene, con riesgo de juicios internacionales y, sobre todo, cuando la empresa está en retirada. En pocas palabras, si el Estado avanzara en esa línea estaría casi que jugando a favor del interés de la empresa de retirarse con una ganancia que sería demasiado premio para la conducta que ha tenido para con los clientes en una larga historia de incumplimientos. 

Este diario consultó, además, cuál es la diferencia entre Edenor y Edesur, las dos privatizadas que se alzaron con la zona de concesión que Segba tenía en las privatizaciones del menemismo. Los datos muestran que en calidad de servicio la diferencia es 5 a 1 a favor de Edenor, aún con una zona en la que atiende más clientes y de más complejidad. 

Por caso, toda la zona de Capital más caliente, que atiende Edesur, tiene cableados subterráneos que protegen el servicio de las cuestiones climáticas, y aún así hay cortes. 

Por otra parte, los que conocen el mercado y sus actores cuentan que Edenor, hoy en manos del tándem nacional que integran Daniel Vila y José Luis Manzano (Grupo América) y Mauricio Filiberti, de Transclor, tiene un juego político diferente con el Estado. Con una empresa que invierte, también, para posicionarse en otros negocios que no son los de la energía. Esa mayor inversión, según fuentes del ENRE, en reacciones de tres o cuatro minutos antes los cortes y el doble de cuadrillas de guardia en relación a las que maneja su gemela Edesur.