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Desde Lima
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el Congreso aprobó este viernes una acusación constitucional por corrupción contra el expresidente Pedro Castillo. También se determinó acusar a sus ministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado. El primero de ellos está prófugo. A Castillo se le acusa de “encabezar una organización criminal” para direccionar licitaciones. Otros cargos son tráfico de influencias y colusión. Con esta decisión se le levanta el fuero para ser procesado por corrupción. Castillo se encuentra en prisión preventiva acusado de rebelión por haber intentado cerrar el Congreso, lo que ha sido apelado. El expresidente denuncia que no se ha respetado el debido proceso para su destitución de la presidencia y su encarcelamiento. Su defensa ha señalado que recurrirá hasta la justicia internacional para anular la detención de Castillo. Ahora la fiscalía podrá solicitar una nueva prisión preventiva por corrupción.
Motivaciones políticas
El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, declaró que con esta acusación se busca asegurar mantener en prisión al exmandatario en caso se declare ilegal su detención preventiva por rebelión. Declaraciones del jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, le darían la razón al abogado. “Advertimos el intento de este señor de acudir a la jurisdicción internacional para pedir su libertad y su reposición como presidente. Es altamente probable que presente una denuncia y una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a pretender defender sus derechos políticos y cuestionar la prisión preventiva por el evidente golpe de Estado que cometió. Se nos va a abrir un escenario internacional. Es por eso que necesitamos urgentemente que se acelere la acusación por corrupción, en lo que la justicia internacional no tiene competencia”, declaró Otárola. Horas después de estas declaraciones, la mayoría parlamentaria aprobó la acusación contra Castillo.
Al expresidente no se le permitió ir al Congreso a exponer su defensa, como había solicitado. Se argumentó que no se le podía dar permiso para salir de prisión y se le ofreció hacerlo en forma virtual, pero no aceptó. Su abogado, que participó virtualmente para presentar sus alegatos de defensa, denunció que se estaba violando el debido proceso y el derecho a la defensa al no permitirle a su patrocinado ir al Congreso.
Las acusaciones
La acusación contra Castillo es por licitaciones para obras de agua y saneamiento en poblaciones del interior del país consideradas entre las de mayor pobreza, por la construcción de un puente y por la compra de combustible por parte de la petrolera estatal. En el caso de las obras de agua y saneamiento, se le imputa haber promulgado un decreto para facilitar las inversiones en estas obras en más de cien distritos en situación de pobreza, por 130 millones de dólares. La acusación señala que hubo corrupción en licitaciones de esas obras y apunta a Castillo. Esas licitaciones, sin embargo, estuvieron a cargo de las alcaldías y no del Ejecutivo. Esta acusación se sostiene en el testimonio del empresario Hugo Espino, quien ha declarado que pagó una coima de 60 mil dólares al alcalde del distrito rural de Anguía, donde Castillo vivía antes de llegar a la presidencia, para obtener una obra. Ha dicho que en esa operación participaron la esposa, la cuñada y dos cuñados de Castillo. La acusación contra el expresidente indica que es amigo del alcalde de Anguía, José Medina. Por este caso, la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, estuvo en prisión preventiva entre agosto y octubre del año pasado. Sigue procesada. También lo está la esposa del expresidente, Lilia Paredes, ahora asilada en México. La acusación señala que desde el Ministerio de Vivienda se operó para direccionar el financiamiento de algunas obras.
Una segunda acusación afirma que el consorcio Termirex obtuvo irregularmente la licitación para construir un puente, una obra de 58 millones de dólares. Esa denuncia se basa en lo dicho por la lobista Karelim López, ligada a Termirex, que asegura se pagó un soborno. López se reunió con Castillo antes de esa licitación, la que estuvo a cargo del Ministerio de Transportes. A Castillo le imputan haber nombrado al ministro Luis Silva en ese despacho para direccionar licitaciones.
En el caso de la compra de combustible, se denuncia una supuesta coima de dos millones de soles (523 mil dólares) para entregarle a la empresa petrolera nacional Heaven Petroleum Operation (HPO) la venta de combustible a la estatal Petro Perú por 74 millones de dólares. El propietario de HPO, Samir Abudayeh, se reunió con Castillo en Palacio de Gobierno días antes que se entregue esa licitación. Por la denuncia de irregularidades, esa compra fue anulada y se convocó una segunda licitación, la que volvió a ganar HPO.
La defensa de Castillo
En su alegato de defensa, el abogado de Castillo argumentó que no se han presentado pruebas de los delitos por los que se acusa al expresidente. Dijo que esa acusación se basa “en testimonios no corroborados” de empresarios y exfuncionarios denunciados por corrupción, declaraciones dadas a cambio de beneficios judiciales, como evitar una prisión preventiva. Aseguró que no se ha podido demostrar que Castillo haya recibido el dinero que se afirma le entregaron por supuestas coimas. “No hay dinero, no hay cuentas bancarias, no existe la ruta del dinero, no hay nada. Para que exista delito tiene que probarse que hubo pagos a Castillo, y eso no se ha establecido. No se ha podido probar porque eso no ha existido. Castillo no tuvo relación con las decisiones para entregar esas licitaciones”, señaló el abogado Pachas. Calificó como “absurdo” que se acuse de corrupción al expresidente por haber emitido un decreto para obras públicas, en las cuales luego se podrían haber producido hechos de corrupción. “Que algún alcalde haya hecho una obra que no cumplió con la ley es otro asunto”, dijo. Recordó que ese decreto no fue observado en su momento por el Congreso. “Con ese razonamiento absurdo, el Congreso también sería culpable de organización criminal por haber avalado ese decreto”, indicó.
El debate en el Congreso
El debate en el Congreso tuvo poco, o nada, de jurídico. La derecha, dándole al asunto un tono de juicio con motivación política, reiteró sus ataques contra el gobierno de Castillo y la izquierda en su conjunto. Legisladores que acusaron a Castillo hablaron de “luchar contra el socialismo del siglo XXI”. En una afrenta a la memoria del país, la bancada fujimorista, que reivindica la dictadura corrupta de Alberto Fujimori, se prodigó en impostada indignación al hablar de corrupción estatal, y acusó a Castillo de corrupto y golpista. Desde las bancadas de la izquierda destacaron su compromiso en la lucha contra la corrupción, pero argumentaron que en este caso no hay pruebas sólidas y se está acusando “por razones políticas” y “por venganza”. Demandaron una investigación “imparcial y objetiva”.
Fiscal denunciada
Esta acusación se basa en la que la fiscalía presentó en octubre pasado ante el Parlamento. En ese momento, con esa acusación se buscaba destituir a Castillo de la presidencia. Fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunciada por utilizar su cargo para bloquear una investigación fiscal contra su hermana que es jueza y ha sido denunciada por liberar narcotraficantes a cambio de sobornos, y por obstruir las investigaciones a una mafia judicial ligada al fujimorismo. Con su acusación contra Castillo ganó el respaldo y la protección de la mayoría parlamentaria de derecha y de los medios. En el contexto actual de graves violaciones a los derechos humanos por la represión, ha debilitado las fiscalías de derechos humanos y fortalecido las de terrorismo, usadas para denunciar a dirigentes sociales y manifestantes. Esta cuestionada fiscal será la encargada de llevar el proceso de investigación penal contra Castillo.
