La niña vivía en Córdoba junto a su madre, pero el conflicto de competencias respecto al centro de vida de la menor se llevó puesto el interés superior de la niña.

Este viernes la niña estaba citada para una audiencia en La Rioja ordenada por la jueza de menores Alicia Nicolasa Valdez, pero mientras la niña se preparaba junto a su madre para viajar a dicha audiencia, las sorprendió la policía en su casa de Córdoba para llevarse a la menor con una orden judicial firmada por el juzgado de familia 8A a cargo de María Alejandra Mora. Desde entonces la niña está privada de muchos de sus derechos, entre ellos la comunicación con su referente emocional en una situación traumática para cualquier persona de su edad.

Entre los distintos expedientes que atraviesan la vida de esta niña casi desde que nació, ambos progenitores poseen imputaciones penales. El progenitor posee medidas cautelares en ambas provincias por varias denuncias de distintas violencias, y la progenitora si bien no posee medidas de restricción con su hija, a pesar de viajar inmediatamente a La Rioja, no ha tenido información sobre el paradero o estado de la niña.

En La Rioja

Los audios que en 2023 se difundieron en medios nacionales y poseen millones de vistas en redes sociales fueron presentados ante la Justicia por el progenitor tras la separación en 2019 y datan del estado puerperal de la progenitora cuando atravesaba una severa depresión post parto en 2018.

La niña nació a fines de 2018 y antes de cumplir su primer año de vida, su progenitor inició una medida cautelar en 2019 a través de la subsecretaría de niños, niñas y adolescentes de La Rioja reclamando el cuidado exclusivo. La progenitora ya estaba en tratamiento de su salud mental cuando se inició el litigio y aun así el estado la obligó a presentar informes psicológicos por años por seguridad de la menor a su cargo. De ellos se desprende la violencia de género que la progenitora padecía por el progenitor desde el inicio de su relación. En un informe de finales de octubre de 2021 la profesional advierte: “pasado dos años de asistencia psicológica no pude observar que el nivel agresivo del padre contra la madre y la niña involucrada se haya moderado”.

El desarrollo de la vida de la niña transcurrió judicializado, atravesado por violencias y con supervisión del estado en el cuidado, y sin obstrucción del vínculo hasta fines de 2021 tras una denuncia de abuso sexual que realiza la progenitora contra el progenitor a fines de noviembre. Tras haber pasado varios días con su progenitor la niña empezó a rechazar ir con él porque le hacía “cosquillitas en la cola”. En los primeros días de diciembre la querella en la causa de abuso pide medidas de protección para la menor.

A fines de diciembre de 2021 la Secretaría de Mujer y Diversidad remite un informe a la jueza Gisela Flamini advirtiendo la escalada de violencia del caso, mencionando los incumplimientos y sosteniendo que según su evaluación de riesgo del caso lo calificaba como altísimo, por lo que “se sugiere reevaluar las medidas de protección dictadas, contemplando la posibilidad de la implementación de dispositivo electrónico, dados los incumplimientos antes mencionados”.

En enero de 2022 al progenitor se le impone una medida cautelar por tiempo indeterminado por haber violado una medida perimetral que estaba vigente, en la causa de desobediencia a la autoridad a cargo de Gisela Flamini se ordena colocarse un dispositivo electrónico que se lo sacan dos semanas después. La medida, entre otras cosas, le prohíbe explícitamente realizar publicaciones relacionadas a ella o su hija, nombrar, mencionar o referirse a ella en cualquier ámbito público o privado.

En febrero de 2022 la progenitora vuelve a denunciar un episodio de violencia sosteniendo que el progenitor desobedece las medidas que debían protegerlas.

En marzo de 2022 el progenitor denuncia a la progenitora por impedimento de contacto, la causa se tramita en el Juzgado de Violencia de género y protección integral de menores N° 1 a cargo de la jueza Jessica Díaz Marano, la cual avanzó sin dilaciones.

La causa de ASI (Abuso sexual en la infancia) está en el Juzgado de Violencia de género y protección integral de menores N° 2 a cargo de la jueza Gisela Flamini, y quedó estancada en el requerimiento de la cámara Gesell e intervención del CATI para pericia psicológica, ya que no volvió a haber un movimiento en el expediente desde abril de 2022.

La responsabilidad parental estuvo a cargo de la progenitora hasta el 8 febrero de 2023, cuando la jueza de sala unipersonal Nro 2 de la cámara primera en lo civil, comercial y de minas Marcela Fernández Favaron ordenó la custodia compartida sosteniendo que el centro de vida de la niña era en La Rioja. La jueza de menores Valdez conocía el cambio de domicilio a Córdoba, libró oficios para conocer sobre el desarrollo de la niña en aquella ciudad, pero la Justicia riojana interpreta en los distintos expedientes que el centro de vida no es donde la niña se desarrolla libre de violencias, sino el lugar donde la niña pasó más tiempo de su vida.

En Córdoba

En marzo de 2022 por decisión unilateral la progenitora se muda junto a su hija a Córdoba, allí rehacen su vida, la niña asiste a la escuela y el único contacto con el progenitor de ese año fue pasar 3 fotos mensuales como lo ordenó la jueza Valdez para no perder contacto ante esta nueva situación.

En junio de 2022 la niña asiste a una audiencia privada en La Rioja y se informa sobre su vida en la ciudad de Córdoba.

En agosto de 2022 se fija por primera vez una cuota alimentaria al progenitor de 10 mil pesos mensuales. En septiembre de 2022 la jueza de menores Valdez solicita informe a la escuela de la niña en Córdoba, y a la Secretaría de Niñez y Adolescencia y familia de la ciudad de Córdoba le solicita constatar el estado de la niña.

En diciembre de 2022 una mujer de CABA se presenta en el domicilio de la progenitora insistiendo ver a la menor, diciendo presidir una Fundación dedicada al cuidado de las infancias, logró convencer a la progenitora de someter a su hija a una entrevista con un supuesto psicólogo que resultó ser un preventor de ASI compañero deel Partido Celeste.

La activista provida Bárbara Vaquero Morelli empezó a subir a redes sociales imágenes de la niña acusando a la progenitora de posible asesina y así comenzó el acecho de violencia digital y mediático de esta persona pautado con el progenitor de la niña burlando la medida cautelar que le prohíbe realizar este tipo de acciones para acechar a sus víctimas.

Tras estos extraños episodios de acecho, el 19 de diciembre la progenitora debió comparecer junto a su hija ante la sede del equipo técnico de los juzgados de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género a raíz de una denuncia de violencia familiar radicada en su contra. El informe técnico en este expediente infiere “posible vulneración de derechos emergiendo riesgo elevado en el contacto paterno filial” y advierte que la progenitora “se habría constituido para la niña en referente de contención y resguardo” por lo que resolvieron otorgar por 3 meses la prohibición de contacto recíproco entre la niña y el progenitor.

El 6 de febrero de este año el juzgado de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género 5A sec 14 de la provincia de Córdoba a cargo de la jueza Carla Olocco establece la ciudad de Córdoba como centro de vida de la niña, y fija una audiencia para el progenitor y progenitora para fines de marzo, exhortando al Juzgado de Menores de la Ciudad de La Rioja, a fin de que se informen el estado de las actuaciones que hay esta ciudad.

Actualmente la niña habita hace días en un lugar que le es extraño, con personas que no conoce, privada de la libertad de poder comunicarse con su “referente de contención y resguardo” y permanecerá allí hasta que la Justicia de La Rioja resuelva quien le parece que es la persona idónea para el cuidado de la niña porque su madre quiso vivir sin el acecho de su agresor y de quien podría haberle hecho cosquillitas en la cola a su hija, pero no se sabrá porque la Justicia de La Rioja no lo investigó.