"No sabíamos qué iba a ser de nosotros. Por las dudas nos quedamos en el molino a cuidar. Vinieron acreedores de los Martin, un proveedor de yerba, se querían llevar las máquinas para cobrarse. No los dejamos pasar. Ni a la Gendarmería, aunque los gendarmes mucha fuerza no hicieron porque nos conocían del pueblo". Así cuenta Alfredo Fonseca aquellos días de incertidumbre del 2008, cuando la centenaria yerbatera Martin & Cía. quebró finalmente, luego de 10 años en concurso de acreedores.
Hoy preside la Cooperativa de Trabajo La Hoja Ltda., que integran 120 socios que antes fueron empleados y que desde 2015 han hecho un paradigma de empresa recuperada por sus trabajadores. Él mismo, Fonseca, se hizo al trabajo como cosechero de yerba mate en Capioví, colonia Oro Verde, Misiones, siguiendo el oficio de su padre. "Yo me crié en los yerbales", reafirma hoy a los 58 años, desde San Ignacio.
Después de tomar por mano propia el destino de su fuente laboral, la cooperativa yerbatera superó esta semana el afán de los herederos que habían llevado a la firma a la quiebra en 2008 y que ahora forzaron a los trabajadores organizados a vérselas ante la Justicia penal como acusados de defraudación, vaciamiento, administración infiel y hasta sospecha de lavado de dinero. Un cúmulo de diatribas que logró impedir por dos meses que la Cooperativa de Trabajo pudiera finalmente comprar la quiebra luego de haber cancelado las hipotecas que la familia Martin, cuando poseía la empresa, contrajo con el Banco Nación.
El juez penal Nicolás Foppiani derogó el jueves una medida cautelar de "no innovar" que el empresario Alberto Martin consiguió interponer a través del fiscal Mariano Ríos Artacho y la jueza Silvia Castelli. Con esa medida, la Cooperativa no pudo escriturar la cesión de derechos litigiosos por la que el BNA daba por concluidas las 4 hipotecas que había librado sobre el campo de 2800 hectáreas en San Ignacio, Misiones, por un crédito que la empresa, cuando era Martin & Cía tomó, renegoció y nunca pagó.
“Defraudación calificada, vaciamiento de empresa y administración infiel”, fueron los cargos con los que el fiscal de Delitos Económicos tituló la denuncia que promovió Alberto Martin, ex ejecutivo de la firma Martin & Cía, fundada por el suizo Julio Martin en 1894, con yerbales en San Ignacio, Misiones, y oficinas y planta empacadora de mate cocido y té en saquitos en Zuviría al 7300, oeste de Rosario.
Un siglo después, cómo se llegó a tanto. La empresa de la familia Martin entró en concurso de acreedores en 1998, y terminó por quebrar en 2008. "Alguien pidió la quiebra por un pagaré caído por una suma irrisoria, increíblemente se decretó la quiebra. Ellos pensaron que iban a seguir manejando todo porque el juez del concurso falleció y el juzgado quedó vacante", contó Marcela Macellari, la abogada y representante de la cooperativa en la causa civil. Esa acefalía hizo navegar a la deriva una empresa que quedó paralizada por meses.
“Desaparecieron todos los Martin, y nosotros por las dudas nos quedamos a cuidar las máquinas y no dejamos pasar a nadie. No sabíamos qué iba a ser de nosotros, por las dudas seguíamos haciendo el mantenimiento, ni luz teníamos”, contó Alfredo Fonseca, pero que se hizo a la vida de trabajo en un secadero de Puerto Mineral, en Misiones junto a su padre. Y que en 1989 tuvo la oportunidad de entrar a trabajar a la yerbatera Martin. Pero en esos años de debacle, se involucró con sus compañeros para defender su fuente laboral por mano propia.
En el medio aparecieron empresas repentinas a explotar la compañía Martin aunque estuviera quebrada. Demirol y Yerbatera del Paraná, Mavea después, fueron pantallas detrás de las cuales los Martin siguieron explotando el negocio con un mismo gerente siempre como cara visible, Esteban Impallari, un ex empleado de la familia.
Algo curioso: Demirol primero, Mavea después, operaron la empresa sin rendir ni un centavo al fondo de la quiebra que debía administrar el juzgado n° 12. Y la Sindicatura brilló por su ausencia. "¡Qué raro que los Martin nunca se quejaron de eso!", chanceó Héctor Superti, el penalista que patrocina la Cooperativa en la querella penal que entablaron los Martin.
"En diciembre de 2008 apareció la empresa Demirol que armaron los Martin con un tal Esteban Impallari, era el cabecilla. Era todo raro pero estábamos contentos porque reactivaron, no sabíamos si había autorización o no, ni sabíamos nada de la quiebra, ni juez había. A los dos años cerró y apareció Mavea, que estuvo 3 años, trabajamos así, y cuando empezó la cooperativa hicimos convenio y duró tres meses porque lo que Mavea buscaba era manejar la cooperativa. Ahí el juez entendió que la única manera de continuar era que la cooperativa siguiera sola. Corrimos al presidente porque era puesto por Mavea, y me pusieron a mí", relató Fonseca.
Un clavo y una farsa
La cooperativa prosperó y hasta levantó las 4 hipotecas que el Banco Nación (BNA) le hizo a Martin & Cía por un préstamo que nunca devolvió. Los trabajadores pagaron ese clavo en cuotas y así terminaron con el primer y mayor acreedor de la quiebra. Entonces buscaron comprar definitivamente, tal como la Ley de Quiebras lo habilita y el juzgado lo aceptó. Cuando Cooperativa y BNA se disponían a escriturar la cesión de derechos litigiosos (acción que formaliza la extinción de la deuda), Alberto Martin y un par de parientes acudieron al famoso estudio jurídico Salvatierra para frenar la causa civil desde la Justicia penal.
Denunciaron a la cooperativa de destruir los yerbales en San Ignacio, descuidar las instalaciones, para depreciar los activos, incidir en el interés del BNA por cobrarse, y así comprar barato. Para ello documentaron una inspección al campo misionero con dos entendidos que abonaron la hipótesis de que la cooperativa había arruinado el cultivo. Esos dos habían pertenecido a la cooperativa y habían sido desplazados por manejos turbios de la producción.
A pesar de esa denuncia, el fiscal Ríos Artacho nunca concurrió al campo a comprobar la veracidad de la acusación ni preguntó a Belizia, el juez de la quiebra. Un detalle que el juez Foppiani sopesó negativamente al desestimar la pretensión de Fiscalía.
Con todo, Martin consiguió que, a instancias del fiscal, la jueza penal Silvia Castelli dictara una medida de no innovar por 180 días, y así paralizó la escrituración de la hipoteca cancelada y lo que iba a ser luz verde para que el juez civil Belizia, a cargo de la quiebra, autorizara a la cooperativa a comprar su propia fuente de trabajo por la que viene pagando un alquiler de 2500 kilos mensuales de yerba canchada.
"¡Pero mire si vamos a querer tirar abajo el yerbal que nosotros mismos cultivamos! Si quisiera perjudicar el patrimonio voy por el activo más valioso, la marca La Hoja, y la saco de las góndolas, la desaparezco", explicó Fonseca para invalidar la acusación. "Se invirtieron 250 millones de pesos, mire si la cooperativa los va a desperdiciar si no proyecta quedarse con la empresa", reforzó la abogada Macellari.
"Los Martin creen que son los dueños y que tienen derecho a recuperar las cosas, y ensucian a un grupo de trabajadores que hace 7 años mantienen una empresa devastada, abusada por otras empresas que esa misma familia crearon y que obtuvieron ganancias por las que no rindieron cuentas a nadie. Y los trabajadores pagaron al Banco Nación una deuda que en 30 ni los Martin ni nadie fue a pagar. La Cooperativa fue la que se presentó a pagar", enfatizó la asesora legal.
Patrones de ellos mismos
"Valió la pena tanta angustia y sacrificio, es que en ese momento estábamos bien organizados mientras nos quedábamos a cuidar el molino: como ya no cobrábamos sueldo, el que tuviera una changa que fuera a hacerla, y el resto lo cubría, y así con todos. Pero siempre quedaba gente acá, todo el día. Teníamos la esperanza de que íbamos a arrancar, no se cómo pero sí. En esos ocho meses hicimos mantenimiento de las máquinas, engrasamos, reparamos sin tener luz porque hasta la luz nos habían cortado, nos habían dejado tirados", recordó el trabajador.
Fonseca se remontó a esos días claves en los que había que animarse a pasar de ser asalariado sin salario a ser patrón de uno mismo y con la misión de levantar la fuente de trabajo. "Pensamos en nosotros. Yo podría haber dado un paso al costado porque me decían de afuera que renunciara, porque esto a los dos meses se iba a caer. Pero lo que nos hizo continuar fue la gente mayor, mucha gente de 60 años o más que no tenían ningún ingreso de nada. Qué íbamos a hacer. Teníamos la gente unida, el apoyo, pero no teníamos cómo arrancar. Hicimos varias reuniones, no sabíamos si sería viable, la única chance era que los proveedores confiaran y nos fiaran la yerba mate. Sin problema. Los proveedores nos querían, sabían que ese desastre no era culpa nuestra, sí que Martin, Demirol, Mavea los habían clavado. Entonces arrancamos como cooperativa porque nos fiaron la materia prima en el comienzo".
La Hoja hoy participa del mercado nacional con 2 millones de toneladas de yerba empaquetada al mes, además de una importante porción del mercado de té y mate cocido en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La dirigen 120 socios cooperativos que emplean, a su vez, a 400 personas de manera indirecta.
"Hoy ya tenemos experiencia y conocimiento –reflexionó el presidente de la Cooperativa–, nos rodeamos de las personas ideales, honestas y capaces. Hoy pensamos como cooperativistas. Pero marcamos tarjeta y cumplimos horario, tareas, como en cualquier empresa. No somos dueños, solo de nuestro trabajo. El juez nos autoriza a usar esta herramienta, estos equipos para que trabajemos y salgamos adelante. Martin nos quiso trabar la opción de compra, pero ganó la verdad. Creo que vamos por buen camino".