La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), denunció que el Estado Nacional le adeuda 3500 millones de pesos al sector desde hace más de 6 meses lo que hace insostenible el fraccionamiento para garrafas, que abastecen a 20 millones de argentinos.
Para asegurar que los hogares de bajos recursos (que residen en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribución) puedan acceder a precios diferenciales de garrafas, el gobierno dispuso, mediante el Programa Hogar, subsidiar a los consumidores, mientras que a los fraccionadores y al resto de la cadena industrial, se los compensa con una Asistencia Económica Transitoria (AET), establecida por la resolución 809. “Esto último no se cumple desde hace meses y hay empresas que desde abril de 2022 no perciben esos fondos”, denunció CEGLA.
A pesar de los recientes aumentos de los Precios Máximos de Referencia, la cámara afirma que el sector produce con una pérdida operativa estimada por garrafa de 156,4 pesos de promedio ponderado nacional, que varía según la zona de distribución. Por ejemplo, por la venta de garrafas en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santa fe (zona I), las pérdidas alcanzan 104,3 pesos por unidad, mientras que la brecha entre el Precio Máximo de Referencia y el costo producción es aún mayor en las regiones de NEA y NOA (zona II), donde las pérdidas superan el doble, llegando a 234,6 pesos por garrafa, sobre todo, por el costo del transporte, y más aún en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (zona III).
“Los precios de referencia, que define la Secretaría de Energía de la Nación, sólo alcanzan para cubrir aproximadamente entre el 55 y el 70 por ciento de los costos operativos promedio de la actividad, según las zonas de comercialización dentro del país”, sostuvo Pedro Cascales, presidente de CEGLA y agregó: “La fijación de precios, que impiden a los fraccionadores cubrir sus costos y obtener una rentabilidad razonable, constituyen una reglamentación irrazonable que no tiene en cuenta los derechos constitucionales de trabajar y ejercer una industria lícita”.
Si se tiene en cuenta que en la estructura de costos influye el valor del gas licuado, impuestos, costos de mano de obra, mantenimiento, rehabilitación de envases, canjes y transporte primario, el costo ponderado total de producción sería de 883,6 pesos, mientras que el precio de referencia dispuesto por la Secretaría de Energía para la venta es de 606 pesos y 121,2 pesos de Asistencia Económica Transitoria (AET), que denuncian que se está incumpliendo, pero aún así da una pérdida estimada de 156,4 pesos por unidad.
Por eso, la cámara que nuclea a 17 pymes (representando al 70 por ciento del mercado nacional), que dan trabajo a 9 mil personas y que fraccionan GLP butano en garrafas para 18 millones de consumidores, previendo un inminente quiebre del abastecimiento, fundamentalmente en las zonas más alejadas del país, presentaron un nuevo reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía, para evitar que el sector colapse y se ponga en riesgo la distribución.
