La Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) le contestará a la justicia que “no hay impedimentos” para que el gobierno porteño traiga las 60 pistolas Taser que tiene compradas. La administración de Horacio Rodríguez Larreta ya lo sabe desde hace tiempo y lo que se está terminando es el trámite de la empresa importadora a la que se le requieren datos técnicos y comerciales para terminar la autorización. La Policía Federal ya tiene pistolas Taser, traídas en tiempos de Patricia Bullrich, y están a disposición de un grupo especial que actúa en tomas de rehenes, secuestros y allanamientos. 

El macrismo gobernó el país, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires durante cuatro años. En ese período trajo las Taser para la Federal y adelantó que también quería las armas electrónicas para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para la Bonaerense. Pero no inició el trámite. Recién al final de su mandato, cuando estaba a punto de asumir el gobierno de Alberto Fernández, puso en marcha el trámite de traer las Taser para la Policía de la Ciudad. 

Vino entonces la pandemia y, además, la Anmac se encontró con 90.000 trámites sin completar, tras una gestión en la que al macrismo no le interesó el control de armas.  Nada menos que el 75 por ciento de los legítimos usuarios de un arma tenía --y aún tiene-- vencida la credencial.

De manera insólita y tratando de caranchear políticamente con una muerte, el macrismo planteó la cuestión de las Taser a raíz del homicidio de la joven policía Maribel Zalazar, asesinada en Retiro por un hombre, Oscar Valdez, que a primera vista sufrió un brote psicótico. Es evidente que Zalazar no hubiera tenido una Taser porque todo lo que pretende el gobierno porteño es traer 60 y los efectivos son 31.900. Un cálculo elemental es que sólo habrá una Taser por cada 530 policías porteños. Pero en realidad ese cálculo está mal. Las Taser no están en manos de cualquier agente, sino en policías especializados que actúan en circunstancias extraordinarias.

Más allá de la maniobra política, lo cierto es que la Federal tiene un reducido número de Taser traídas en tiempos de Patricia Bullrich. Por lo que trascendió, están en manos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), pero se usan muy poco: sólo en casos de allanamientos complicados en que, por ejemplo, se encontraron perros muy agresivos. 

Ya en mayo de 2019, cuando Bullrich dio a conocer una reglamentación en el Boletín Oficial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que esas normas eran imprecisas y que las Taser “provocan un dolor intenso, es decir que su uso puede ser considerado tortura o trato cruel. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas desalentó su uso tras analizar casos en Nueva Zelanda y Gran Bretaña”. Lo cierto es que las Taser se trajeron y la Policía Federal las tiene.

El gobierno porteño salió a la cancha después de la muerte de Zalazar para instalar, con la complicidad de los medios alineados con el macrismo, un falso debate. Planteó falsamente que las cosas en Retiro hubieran sido distintas con una Taser. Cuando los efectivos la emprendieron a sillazos contra una persona en Belgrano no se atrevieron a lanzar una maniobra similar: quedaron a la luz los graves problemas de formación de los efectivos.

Aquel trámite que la Ciudad recién inició a finales del gobierno de Macri se demoró obviamente por la pandemia. Se retomó recién en abril de 2022, con un problema dramático que tuvo que resolver la actual titular de la Anmac, Natasa Loizou: no había personal, los trámites tenían un atraso descomunal y había que preocuparse inicialmente por el control de armas: tres de cada cuatro tenedores de pistolas o revólveres tenían las credenciales vencidas.

Respecto del trámite de las Taser, en agosto de 2021, la Anmac autorizó esas pistolas electrónicas, pero luego hubo una revisión de ese expediente en particular, se constató que faltaba mucha documentación, y se revocó aquella autorización. Lo que se hizo fue pedir la documentación que faltaba. A la Anmac le importa, en todos los casos de armas que ingresan a la Argentina, tener trazabilidad y registro, lo que significa dónde se van a guardar, quiénes las van a usar. 

El juez en lo contencioso administrativo Walter Correa le dio 30 días al organismo para definir una nueva autorización y la Anmac dirá que no hay impedimentos para el ingreso de las pistolas electrónicas --de hecho, la Policía Federal las tiene--, aunque la empresa importadora tiene que completar la documentación. 

Tratando de subir todavía más la apuesta, el gobierno porteño presentó una denuncia penal contra la titular de la Anmac y el fiscal Guillermo Marijuán fue el viernes al organismo a pedir, bajo amenaza de allanamiento, copia del expediente de las Taser. A Correa ya se le habían dado fotocopias de todo el trámite y Marijuán se llevó también su set de fotocopias. 

Uno de los criterios que se impone es el de la autonomía de los distritos, entre ellos obviamente la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que las cuestiones de letalidad y los modos de uso serán responsabilidad de la administración porteña. El trascendido, en general, es que las propias policías consideran a las Taser armas de poca utilidad y riesgo desproporcionado. 

Además, implican mucho gasto para un uso más que excepcional. Cada pistola cuesta cerca de mil dólares y los proyectiles cerca de 40 dólares cada uno. Pero el problema central es la peligrosidad: el profesor de un colegio secundario, Keenan Anderson, murió en Los Angeles el 3 de enero pasado después de que los policías de esa ciudad le aplicaran dos tandas de Taser porque Anderson protagonizó un incidente de tráfico y resistió la golpiza que le pegaban los policías. Anderson, afroamericano, era primo de la fundadora de Black Lives Matter, Patrice Cullors, los policías que actuaron están apartados de la fuerza y enfrentan ahora demandas por homicidio culposo. En paralelo, la familia del profesor exige una indemnización de 50 millones de dólares.