Ângela Ferreira, una mujer que lideró el movimiento para conseguir que la inseminación post-mortem fuese legalizada en Portugal, anunció este lunes que está embarazada de su marido, fallecido de cáncer en 2019.
"Hoy finalmente comparto con todos ustedes la tan deseada noticia. Fueron años de lucha para llegar aquí, el proceso fue largo y doloroso... ¡Pero finalmente lo conseguimos! Con una alegría enorme y el corazón lleno comparto que ahora baten dos corazones dentro de mí ", anunció en una publicación en su perfil de Instagram.
Ferreira protagonizó una batalla en Portugal para conseguir que la inseminación post-mortem fuese legalizada, después de que su marido Hugo muriera de cáncer en 2019, tras dejar por escrito su deseo de que su mujer tuviese un hijo con el semen que criopreservó todavía en vida . Sin embargo, este tipo de inseminación no era legal en Portugal.
La lucha por la inseminación post-mortem
La historia fue divulgada en 2020 en una serie documental de la cadena lusa TVI y consiguió movilizar a más de 100.000 personas para que firmasen una petición para que la propuesta fuese discutida en el Parlamento.
Tras varios proyectos de diferentes partidos, y con un veto presidencial de por medio, la inseminación post-mortem entró finalmente en vigor en Portugal en noviembre de 2021.
La norma permite que una mujer sea inseminada con el material genético de su pareja fallecida " en los casos de proyectos parentales expresamente consentidos " y en un periodo de entre seis meses y tres años tras la muerte. Si el proceso culmina con el nacimiento de un bebé, es considerado hijo del fallecido a nivel legal.
El presidente portugués había vetado una primera versión del proyecto
En noviembre de 2021, el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó la ley que permite a una mujer ser inseminada con el material genético de su pareja fallecida, después de que en abril de aquel año vetase una primera versión de la norma.
Rebelo de Sousa decidió promulgar la ley después de que se aprobasen alteraciones que respondieron "a varias de las objeciones suscitadas" por su veto y de que el Parlamento se reafirmase en el resto del texto.
En aquel entonces, el Parlamento aprobó una ley que permitía a una mujer ser inseminada con el material genético de su pareja fallecida, siempre que se realizase en un periodo de entre seis meses y tres años tras la muerte y se demostrase que la paternidad era un objetivo ya establecido por el difunto.
Sin embargo, Rebelo de Sousa deio de baja la primera versión de la ley argumentando que no daba "seguridad jurídica" al bebé que pudiera nacer en cuestiones de herencia. Asimismo, le pidió a los legisladores que revisasen el texto y corrigiesen "cuestiones en el plano del derecho sucesorio" que el decreto no incluía.
También solicitó que se exigiese que se establezca "por escrito" que hay "un proyecto parental" dentro de la pareja para proceder a esta inseminación cuando el donante ya ha fallecido.
