El año electoral y más concretamente la campaña que se avecina vuelve a plantear el tema de la relación entre política y comunicación, teniendo en cuenta que en los tiempos actuales la comunicación es un escenario determinante –aunque no exclusivo- de la acción política. Porque es allí, en la comunicación, donde se generan intercambios y se van produciendo sentidos que, en definitiva, ordenan la comprensión colectiva, construyen pautas de interpretación y terminan incidiendo en la decisión ciudadana.

Lejos estamos de afirmar que la totalidad de la política se juega en el espacio comunicacional. Porque más allá de las proclamadas “crisis de la política” o, mejor dicho, de la insatisfacción social frente al accionar de quienes hacen política por la falta de respuestas a las necesidades inmediatas de la vida cotidiana, no es menos cierto que siguen existiendo espacios, intercambios, lugares de encuentro y de debate que configuran a ciudadanos y ciudadanas como seres políticos. La educación, la cultura, las organizaciones sociales, son claros ejemplos de ello. Pero aún estos ámbitos están atravesados por lo comunicacional.

En la misma línea de reflexión hay que agregar que hoy la referencia a la comunicación parece reducirse, por una parte, a las redes sociales digitales y, por otra, al marketing comunicacional. Es sin duda un dato importante y un escenario imprescindible para cualquier análisis. Pero tampoco agota las consideraciones sobre la complejidad de lo que es la comunicación.

Porque como bien sostiene Daniel Prieto Castillo “estamos insertos, desde que nacemos, en situaciones de comunicación. La sociedad nos habla a través de múltiples discursos y nos va exigiendo que aprendamos a expresarnos de determinada manera y a referirnos a ciertos temas por encima de otros” (La comunicación en la educación, La Crujía, Buenos Aires, p. 93).

En todo caso –y teniendo en cuenta todas estas consideraciones- la comunicación es un ámbito de lucha simbólica por el poder y, en consecuencia, un espacio de ciudadanía. Surge entonces la pregunta ¿cómo se produce allí la participación política? Sobre todo porque no se trata apenas de audiencias, sino de ciudadanos y ciudadanas que deben tener la posibilidad de ser escuchados con atención, de expresarse, de opinar, de criticar, de juzgar y de aportar sus propios puntos de vista buscando además que los mismos alcancen a otras personas.

La investigadora María Cristina Mata acuñó la noción de “ciudadanía comunicativa” para referirse a esta realidad. Dice Mata que se entiende por tal “el reconocimiento de la capacidad de ser sujeto de derecho y demanda en el terreno de la comunicación pública, y el ejercicio de ese derecho”. En consecuencia, agrega la docente cordobesa con larga trayectoria en América Latina, esta noción “remite necesariamente a derechos civiles –la libertad de expresión, el derecho a la información, la posibilidad de exigir la publicidad de los asuntos públicos, etc.–, jurídicamente consagrados por diversos instrumentos tales como la constitución de los Estados, leyes, decretos, disposiciones reglamentarias. En este sentido, y como ocurre en general con los derechos civiles, la ciudadanía comunicativa representa un límite a la acción del Estado con el fin de garantizar la libertad de las personas y representa un estatus jurídico”. De tal modo, sigue diciendo, que “la ciudadanía comunicativa se entrelaza con las referencias identitarias y los reclamos más generales de igualdad ya no sólo en relación al Estado sino en relación con la acción del mercado y todo tipo de dispositivos que promueven la desigualdad”.

Volviendo entonces a la coyuntura que atravesamos: la política se juega hoy también y de manera primordial en el ámbito de la comunicación. ¿Cómo puede la ciudadanía participar en ese escenario de manera significativa, directa, con capacidad de incidencia? Nadie puede desconocer que el mapa comunicacional –no solo en Argentina sino en gran parte del mundo- está absolutamente concentrado a través de monopolios u oligopolios. Este solo hecho representa una grave limitación no solo para la libertad de expresión y de información, sino directa y sustancialmente para el ejercicio democrático y para la política.

No alcanza –de ninguna manera- ni con la comunicación popular y comunitaria, ni con el uso alternativo e inteligente de las redes sociales digitales por quienes tienen una mirada crítica sobre los procesos políticos, sociales y culturales. Estas acciones son importantes e imprescindibles, pero insuficientes.

Corresponde entonces a la política, a sus dirigentes y a quienes gobiernan, abrir las posibilidades del intercambio democrático en el ámbito de la comunicación. Generando propuestas para el presente y para el futuro respecto de la comunicación como escenario democrático. Pero en lo inmediato, tomando decisiones que hagan que la concentración corporativa del sistema de medios, las operaciones a través de las redes y el marketing político sustraigan una vez más a ciudadanos y ciudadanas de la posibilidad de tomar decisiones políticas en función de sus intereses y a favor de su calidad de vida. Sin comunicación democrática la política se devalúa y puede habilitar otra forma de fraude.

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