La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a la carga con la utilización de las pistolas Taser por parte de la Policía de la Ciudad para mantener abierta la disputa de campaña con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le pidió que "tome la decisión". Los encargados de responderle fueron el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, quienes dijeron que la decisión está tomada, pero el armamento está demorado en la aduana por una decisión judicial. Sin embargo, tal cual contó Página/12, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) le contestará a la justicia que “no hay impedimentos” para que el gobierno porteño traiga las 60 pistolas Taser que tiene compradas. La administración de Horacio Rodríguez Larreta ya lo sabe desde hace tiempo y lo que se está terminando es el trámite de la empresa importadora a la que se le requieren datos técnicos y comerciales para terminar la autorización.
El debate sobre el uso de las pistolas Taser en lugares cerrados como estaciones de subte, trenes y aeropuertos se reflotó como ocurrió durante la campaña anterior, en 2019, cuando Bullrich como ministra de Seguridad anunció la compra de pistolas para la Policía Federal y desde el gobierno de Larreta anunciaron estar "totalmente coordinados" en esa política para aplicarla en la Ciudad desde marzo de aquel año. Más allá de la maniobra política, lo cierto es que la Federal tiene un reducido número de Taser traídas en tiempos de Patricia Bullrich. Por lo que trascendió, están en manos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), pero se usan muy poco: sólo en casos de allanamientos complicados en que, por ejemplo, se encontraron perros muy agresivos.
Ahora los dos espacios del PRO parecen descoordinados o enfrentados y Bullrich aprovechó una entrevista en América 24 para decirle a Larreta: "En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito".
Que la Policía de la Ciudad porte armas Taser es un viejo objetivo del PRO desde tiempos en los que Mauricio Macri era jefe de gobierno y Jorge "El Fino" Palacios era titular de la entonces Policía Metropolitana. Bullrich ahora volvió a poner en agenda el tema por el asesinato de la oficial Maribel Salazar.
La presidenta del PRO le exigió a Larreta "no pedir permiso" debido a que existe una causa judicial que impide Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) haga entrega del armamento comprado por el gobierno de la Ciudad. "CABA ya decidió usar las taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas", respondió el jefe de Gabinete porteño tras los dichos de Bullrich.
Miguel insistió que la importación de armas en la Argentina deben recibir una autorización del Gobierno nacional y que ahora depende de una decisión del Poder Judicial. "Hace dos semanas hubo, ante un amparo del gobierno de la Ciudad, una sentencia judicial que ordena al ANMAC a definir la situación", sostuvo el jefe de Gabinete porteño.
En ese sentido, Straface detalló que "Ciudad consiguió sentencia favorable de un juez federal para importar las Taser" el 8 de febrero pasado, pero la decisión fue apelada por el gobierno nacional un día después y suspendió la autorización. "Sin sentencia firme ningún gobierno puede comprar Taser", indicó el secretario general del gobierno porteño.
Aquel trámite que la Ciudad recién inició a finales del gobierno de Macri se demoró obviamente por la pandemia. Se retomó recién en abril de 2022, con un problema dramático que tuvo que resolver la actual titular de la Anmac, Natasa Loizou: no había personal, los trámites tenían un atraso descomunal y había que preocuparse inicialmente por el control de armas: tres de cada cuatro tenedores de pistolas o revólveres tenían las credenciales vencidas.
Respecto del trámite de las Taser, en agosto de 2021, la Anmac autorizó esas pistolas electrónicas, pero luego hubo una revisión de ese expediente en particular, se constató que faltaba mucha documentación, y se revocó aquella autorización. Lo que se hizo fue pedir la documentación que faltaba. A la Anmac le importa, en todos los casos de armas que ingresan a la Argentina, tener trazabilidad y registro, lo que significa dónde se van a guardar, quiénes las van a usar.
El juez en lo contencioso administrativo Walter Correa le dio 30 días al organismo para definir una nueva autorización y la Anmac dirá que no hay impedimentos para el ingreso de las pistolas electrónicas --de hecho, la Policía Federal las tiene--, aunque la empresa importadora tiene que completar la documentación.
"Dolor intenso"
El empleo de la Taser X26 —con capacidad para inmovilizar a una persona hasta a 8 metros de distancia por una descarga que genera múltiples contracciones musculares por segundo— había sido un antiguo anhelo del presidente Macri, en sus tiempos de jefe de Gobierno, que fue rechazado por los organismos de derechos humanos, de acuerdo a las observaciones hechas por organismos internacionales, y, finalmente, fue frenado por vía judicial.
La gestión macrista apelaría esas sentencias y, en 2015, conseguiría el visto bueno de la justicia porteña. En 2016, la Corte Suprema ratificó el fallo. Ya en mayo de 2019, cuando Bullrich dio a conocer una reglamentación en el Boletín Oficial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que esas normas eran imprecisas y que las Taser “provocan un dolor intenso, es decir que su uso puede ser considerado tortura o trato cruel. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas desalentó su uso tras analizar casos en Nueva Zelanda y Gran Bretaña”.
