La reciente visita del Canciller alemán Olaf Scholz a la Argentina, los dichos de la jefa del comando Sur del Ministerio de Seguridad de los Estados Unidos sobre la importancia del litio para aquel país y el avance de las empresas de China en los proyectos de litio en el Noroeste argentino son algunos ejemplos del reciente interés de las potencias mundiales por los llamados minerales para la transición energética o minerales críticos. Entre ellos se encuentra el litio, cuyas reservas globales se distribuyen en un 60 por ciento en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile.

De estos minerales depende hoy en día la redefinición de áreas estratégicas vinculadas a la transición energética como llaves de las economías del futuro y bajas en carbono. También se asocian a ellos temas como la seguridad energética, que se puso al tope de la agenda global a partir de la pandemia y la guerra en Ucrania.

Además, el desarrollo y el dominio de las tecnologías de los productos finales, como los automóviles eléctricos y otros artículos electrónicos, son nuevas oportunidades para expandir el capital y disputar o mantener la posición de poder global.

Disputa de poder

El dominio de China en la producción de baterías y en los restantes eslabones de la cadena de producción encuentra a Estados Unidos planeando aumentar su capacidad de producción de baterías a partir de gigafactorías, del 6 al 10 por ciento para el 2026. En tanto, Europa haría lo propio del 7 al 12 por ciento.

Además del dominio de los productos finales, estos países buscan el acceso a los minerales, mediante estrategias para revertir la lógica de deslocalización, con proyectos dentro de las fronteras del norte global; o bien, con friend-shoring, potenciando la cooperación con sociedades afines.

Con una retórica vinculada a la crisis climática, el grupo del Banco Mundial estima que deberá aumentarse en un 500 por ciento la extracción de litio para el 2050 para dar cumplimiento con los objetivos de mitigación. También plantea que Europa deberá aumentar en un 3500 por ciento el consumo de litio para alcanzar su objetivo de neutralidad de emisiones al 2050. En consecuencia, se proyecta la necesidad de contar con entre 59 y 74 nuevas operaciones mineras hasta el 2035 para dar respuesta a la creciente demanda.

Sin embargo, de avanzar hacia la concreción de esas previsiones, no sólo no habría minerales que alcancen, sino que se destruirán ecosistemas que también pueden contribuir a la adaptación y la mitigación del cambio climático y las comunidades en el Sur Global. Esto sumaría nuevos elementos a las crisis climáticas y ecológicas ya existentes, a la vez que se reforzarán las asimetrías existentes entre el norte y sur global, lo cual sumaría en éste último problemas de pobreza, desigualdad y deuda.

Estas tendencias a nivel global, que privilegian las agendas unilaterales y bilaterales por sobre el multilateralismo, reducen las posibilidades de acceso a financiamiento por parte de los países en el sur global para mitigar y para adaptación a un cambio climático al que contribuyeron en menor medida, y que ya muestra sus consecuencias con episodios como sequías, incendios e inundaciones. 

Tampoco se fomentan líneas de desarrollo más autónomas que permitan la transformación de la economía. En cambio, profundizan las sendas preexistentes y abren la posibilidad de un nuevo ciclo vicioso anclado en más endeudamiento, por los inminentes problemas en la balanza comercial que se van a generar al tener que importar los productos finales más costosos y volver a extraer naturaleza para pagar.

Límites

Pero además, estas soluciones no integran los límites planetarios ni dan cuenta de una mirada de justicia para las comunidades, teniendo en cuenta que América Latina es la región más peligrosa para defender la naturaleza, y para los países que padecen los impactos. Tampoco busca un cambio significativo respecto del paradigma que sostiene este modo de producción y consumo. 

El sobreconsumo del norte global con el foco puesto en la movilidad individual, en vez de colaborativa o pública, implica una demanda de materiales y minerales de 27,2 toneladas por cápita, muy superior a la media mundial de 12,3 y a la de Argentina, de 16,9 toneladas. Esto implica una nueva apropiación desigual de la naturaleza como respuesta a la crisis climática.

En este complejo escenario, resulta central el rol del Estado para propiciar un debate público e integral sobre una senda de desarrollo, que brinde un lugar sustantivo a la protección ambiental y salga de la desafiante situación de focalizar siempre en el corto plazo. 

Es sumamente necesario contar con políticas de protección de bienes ambientales, especialmente si se tiene en cuenta que fue en base a ellos que se lograron los objetivos sociales y económicos de desarrollo. Se debe detener la tendencia a la sobreexplotación.

Para ello, en el plano local es fundamental que las herramientas de planificación y gestión ambiental (evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica) sean implementadas adecuadamente para asegurar que no se generen irreversibles daños ambientales a los frágiles sistemas hídricos de la puna andina y se respete la capacidad de carga de los ecosistemas. 

Teniendo en cuenta el compromiso de larga data de Argentina con los derechos humanos, frente a la extracción del litio resulta necesario que en las provincias se implementen los derechos a la información, participación y consulta previa a comunidades indígenas y campesinas que habitan en los salares.

Además, debe avanzarse en un plan de transición energética con enfoques por sectores y regiones para progresivamente abandonar los combustibles fósiles, en lugar de promover, por ejemplo, la explotación mar afuera para aprovechar el contexto de elevados precios de los fósiles.

Solo garantizando una protección ambiental real y teniendo en cuenta la voz de las comunidades en los territorios podremos cuidar lo nuestro y así disputar la desigual apropiación de la naturaleza entre el norte y el sur global, y al interior del propio sur global. Avanzar hacia un modelo de justicia socioecológica es un primer paso hacia forjar un camino hacia otro tipo de desarrollo, respetuoso de la vida. 

* Directora Ejecutiva adjunta de FARN