El secretario gremial del sindicato Químico y Petroquímico de Campana, Oscar Casco, denunció que, a dos semanas de los 96 despidos anunciados por la empresa Carboclor y a cinco días de la apertura de una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo, se suspendieron las audiencias por cuestiones de "agenda" y en la última de ellas se pidió no firmar las actas para "no afectar ni incluir el nombre de la gobernadora" María Eugenia Vidal, quien días atrás se comprometió a defender los puestos de trabajo.
"Carboclor es el caso de un Estado totalmente ausente y despreocupado de la realidad de los trabajadores", sentenció el dirigente, quien adelantó que denunciaron a los funcionarios que pidieron no labrar un acta en la audiencia del lunes pasado, mientras esperaban un nuevo encuentro el viernes.
Carboclor, propiedad de la petrolera estatal uruguaya Ancap, envió esta mañana una nota a la Bolsa de Comercio en la que denunció "la continuidad del bloqueo ilegal de la planta" de Campana y alegó que las protestas "impiden proseguir la actividad productiva", por lo que "debió suspender" a otros 24 trabajadores.
Frente a esas versiones, Casco desmintió que la empresa haya despedido a 24 trabajadores, aclaró que suspendió hasta el 1° de agosto sin goce de haberes a los últimos 33 operarios y rechazó "la excusa del bloqueo del establecimiento" industrial para adoptar esa decisión e incumplir la legislación.
El titular de la regional sindical, en diálogo con Télam, agregó que la firma está violando la legislación, ya que "no obstante la suspensión de las audiencias", convocadas por la cartera laboral en el marco de la procedimiento preventiva de crisis, procedió a despedir a los 96 trabajadores.
Casco subrayó que los 96 trabajadores despedidos hace quince días percibieron "mucho menos" del 50 por ciento de la indemnización correspondiente, ya que descontó un 35 por ciento del pago. Ese porcentaje, según denunció el sindicalista, se lo apropió la firma de un 35 por ciento donado por el personal durante seis meses para capitalizarla ante la grave crisis.
Frente a este panorama, el viernes pasado la Policía Bonaerense rodeó con un nutrido operativo la carpa de los trabajadores químicos que permanecen frente a la planta para exigir la reactivación de forma inmediata la planta y retrotraer los despidos o, de lo contrario, abonar como estipula la ley el total de las indemnizaciones.
Sin embargo, las dos audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación fueron suspendidas por esos funcionarios por razones de "agenda" y resaltó que los funcionarios de la cartera laboral no permitieron que el lunes último se labrase el acta de la audiencia para "no afectar ni incluir el nombre de la gobernadora". Ese pedido fue rechazado por el sindicato, que iniciará "acciones penales a esos funcionarios laborales".
Casco recordó que días atrás el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y también la gobernadora María Eugenia Vidal, se comprometieron a intervenir en el conflicto para resguardar los puestos de trabajo. "Se comprometió a defender los empleos y a involucrarse en la realidad de Carboclor, de la planta nuclear de Atucha y de la avícola Cresta Roja", puntualizó el sindicalista. Por el momento, solo los trabajadores de Cresta Roja volvieron a sus puestos de trabajo, pero en medio de una conciliación obligatoria que durará hasta las elecciones primarias.
