Para junio de 2015, Bahía Blanca era una jurisdicción en tinieblas en lo que hacía a las causas de lesa humanidad: no había juez, secretario ni subrogante que avanzara con las investigaciones por los crímenes del terrorismo de Estado, especialmente aquellas que involucraban al poder mediático, la Iglesia y el Poder Judicial. Ante lo que los organismos de derechos humanos denunciaron como una situación de gravedad institucional, el Consejo de la Magistratura designó al juez Alejo Ramos Padilla para subrogar en uno de los juzgados vacantes. Ramos Padilla estuvo seis meses, tiempo en el que llamó a indagatoria a uno de sus superiores, el camarista federal Néstor Montezanti, por su vinculación con la Triple A y lo declaró rebelde por no presentarse. Si bien la suplencia de Ramos Padilla terminó a finales de 2015, desde entonces arrastraba una causa penal por su actuación en el juzgado, que tomó envión cuando investigaba el D’Alessiogate y terminó de cerrarse días atrás después de que el fiscal dijera que no había delito para investigar.

Hubo un tiempo en que las causas de lesa humanidad se movieron en Bahía Blanca: coincidió con la designación del secretario Álvaro Coleffi como juez subrogante. Fue él quien llamó a indagatoria al dueño de La Nueva Provincia Vicente Massot, localizó al excapellán Aldo Vara después de meses prófugo en Paraguay y avanzó en determinar la responsabilidad del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, en la cobertura de la fuga –como informó en este diario Diego Martínez–. Pero esa ráfaga de aire fresco duró poco: la Cámara Federal de Bahía Blanca corrió a Coleffi y el clima se terminó de enturbiar con las subrogancias de Santiago Ulpiano Martínez y de Claudio Pontet.

El 19 de junio de 2015, el Consejo designó a Ramos Padilla para hacerse cargo temporalmente del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca después de una audiencia en la que referentes de los organismos de derechos humanos describieron cómo la jurisdicción bahiense se había erigido en un bastión de impunidad. Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca el 24 de junio. Para entonces, el secretario a cargo de las causas de Derechos Humanos, Mario Fernández Moreno no estaba: había pedido licencia por enfermedad. La situación más acuciante tenía que ver con esos expedientes: había detenidos que nunca habían sido indagados y otros que sí habían pasado por la indagatoria pero nunca se les había resuelto su situación procesal. La documentación sobre esas causas estaba guardada en una sala a la que accedían tanto el secretario como los oficiales de la Policía Federal (PFA) destinados a la custodia del edificio –lo que entrañaba un riesgo para víctimas y denunciantes–. También habían desaparecido archivos sobre la causa de la Triple A en una computadora.

Como la situación era delicada, Ramos Padilla elevó un sumario contra el secretario antes de terminar la subrogancia. En 2019, la Cámara Federal de Bahía Blanca le dio la razón al juez y suspendió durante diez días al secretario Fernández Moreno, pero en simultáneo se activó una investigación penal contra Ramos Padilla por hechos que habían denunciado integrantes de la vieja guardia del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. A resumidas cuentas, habían hablado de supuestas situaciones de abuso de poder, de que debían trabajar horas extras o que debían acudir a los tribunales durante la feria en medio de un clima intimidatorio. Todas estas acusaciones estaban salpicadas con frases como que el juez era de Justicia Legítima y que llevó colaboradores que eran kirchneristas.

Después de tres años de investigación, el fiscal Gabriel González da Silva dijo que Ramos Padilla no cometió delito alguno. Le tomó declaración a casi todo el personal del juzgado e incluso le pidió a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que analizara si hubo algún maltrato diferencial por cuestiones de género, pero no lo encontró. Incluso, el fiscal le preguntó a la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) si había recibido alguna denuncia contra el juez, pero tampoco la halló. El fiscal terminó diciendo que el secretario –apuntado por cajonear las causas de lesa humanidad– terminó atizando la denuncia como una forma de defenderse del sumario administrativo.

“Para decir verdad, y a fuerza de ser honesto, si a mí me hubiese tocado la misma tarea que le fue asignada al juez Ramos Padilla, es seguro que hubiese procedido de similar forma a la que él lo hizo, al menos en lo que refiere a llevarme a mi personal de confianza; reacomodar la estructura del personal; tratar de resolver la mayoría de las causas atrasadas, sobre todo con personas con prisión preventiva y situaciones procesales no resueltas y habilitar días y horas, hasta bajar el caudal de causas en trámite”, escribió el fiscal González da Silva.

Al no existir una acusación del fiscal, el juez Walter López da Silva firmó el sobreseimiento de Ramos Padilla en una causa que curiosamente tomó envión mientras él investigaba en su juzgado de Dolores la trama de espionaje que se edificó alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio y tenía como uno de los nodos principales al fiscal federal Carlos Stornelli.