Con la mira puesta en ponerle freno al narcotráfico en Rosario y al lavado de activos, el Gobierno nacional decidió abrir una oficina local de la Unidad de Información Financiera (UIF). La iniciativa se activó a partir de la reforma del decreto reglamentario de la ley por la que se creó el organismo. Fue el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien confirmó el alcance del cambio publicado en el Boletín Oficial. A su vez, subrayó que la nueva normativa permitirá sumar otras delegaciones en el interior del país, de acuerdo a las necesidades operativas en cada región.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el ex ministro de Defensa destacó que la decisión del presidente Alberto Fernández abrió la puerta para una sede de la UIF en Rosario, “tal cual lo solicitó el gobernador Omar Perotti”. Así aludió al acuerdo previo para implementar “acciones en conjunto” con la Casa Gris y potenciar el trabajo para frenar al narcotráfico.

La reglamentación prevé la distribución de las Unidades en seis regiones: Central, Cuyo, Litoral, Norte, Pampeana y Patagónica. La primera región, conformada por las provincias de Córdoba y Santa Fe, tiene su sede en la capital cordobesa y, por la modificación de hoy, se sumará Rosario. La UIF funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del actual Ministerio de Economía.

En los considerandos del decreto que también firmó el ministro de Economía, Sergio Massa, las autoridades advirtieron que la actividad criminal y los niveles de violencia de Rosario están “por encima de la media”. Luego señalaron que la ciudad es “uno de los principales puntos de destino” de la droga en el país.

Un informe de la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos en la República Argentina señala que el transporte por la Hidrovía Paraná-Paraguay y los vuelos irregulares tienen un “rol destacado” en el negocio narco que confluye en Rosario. De esta manera describieron cómo entran los cargamentos a través de las fronteras y también el desplazamiento para la exportación ilícita.

Según anticipó Agustín Rossi, la creación de una delegación de la UIF en Rosario “permitirá aumentar la eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, muchas veces derivado del narcotráfico”. La medida apunta a cortar el flujo del dinero que genera la venta de drogas y se derrama hacia actividades legales.

El Gobierno señaló que la ciudad tiene “vital importancia por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general”. Al margen de ser una de las más pobladas y con mayor volumen de comercio, señalaron que es un punto clave para los delitos vinculados a la comercialización ilícita de estupefacientes.

A partir del Decreto 85/2023, el organismo quedó habilitado para abrir una agencia rosarina. En cada una de estas oficinas pueden asignarse cinco personas y una de ellas será designada como coordinadora por el Presidente.

Justicia federal y lavado de activos

Desde Rosario el fiscal federal de juicio Federico Reynares Solari recibió de buena forma la medida presidencial, y se mostró crítico con ese fuero. "Hay una causa como la de lavado de activos donde se lo investiga a Andrés Bracamonte (alias Pillín, jefe de la barra de Rosario Central) en la cual la justicia federal no reclamó la competencia y la declinó en la justicia provincial. 

"El lavado de dinero siempre es un delito federal, porque hay que entender que el narcotráfico se hace para ganar dinero. Por eso creo que los funcionarios encargados de la persecución penal del fuero federal por lo menos tienen la obligación de reclamar la competencia para investigarlo y, en todo caso, que sea la Corte nacional la que diga si es provincial o federal, sino parece una jurisdicción de clase B; como jurisdicción estamos dando la idea de que no nos ocupamos de las causas verdaderamente importantes", sostuvo.

-¿Qué piensa de la decisión de generar una delegación rosarina de la Unidad de Información Financiera?

-Esta era claramente una necesidad. Es más, cuándo expuse sobre el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal señale que esta actual estructura raquítica de la justicia federal también determinó comportamientos institucionales raquíticos, que hicieron que no se peleara la competencia de lavado de dinero, y que la provincia se ocupara de eso, cuando es una obligación de la justicia federal. Así lo evidencia la decisión del presidente, porque responde en el marco de una política criminal a una política razonable, y es que la instancia federal se ocupe de la circulación de dinero ilícito y la provincia de la circulación de las armas ilícitas. Estos son, entiendo, los problemas graves que hoy por hoy generan marchas por la inseguridad. Hay que entender que la mayoría de los delitos se cometen para ganar dinero y donde estamos fallando fundamentalmente es en la persecución del dinero, porque sino parece que quienes venden drogas son villanos que simplemente quieren envenenar a la juventud, y no gente que quiere ganar plata. Y la plata se usa por el lavado de dinero, la finalidad última es el lavado de dinero, porque entiendo que esta decisión del Ejecutivo debe ser acompañada por una política criminal clara de la instancia federal de persecución de este delito.