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En su desesperado intento por defender a los integrantes de la Corte Suprema, aparecieron las voces alineadas con el macrismo para difundir fallos a favor de los ministros del máximo tribunal. Las resoluciones son de diciembre, pero sirven de publicidad ahora, en las vísperas del juicio político.
Por un lado, el juez federal Ariel Lijo rechazó un pedido de sobreseimiento del fiscal Carlos Stornelli -o sea, el fiscal jugando a favor del acusado-, que pidió que se libere de toda responsabilidad al supremo Juan Carlos Maqueda, imputado en el escándalo del desfalco de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ). El argumento del fiscal -a todas luces falso- fue que “Maqueda no ha sido individualizado como imputado ni aparece en las hipótesis delictivas investigadas”. En realidad, hubo maniobras oscuras en un organismo manejado por un hombre de confianza de Maqueda y una sobrina del ministro de la Corte manejó la administración sin siquiera tener designación. El otro fallo llamativo fue el sobreseimiento de Horacio Rosatti en una causa por enriquecimiento ilícito. El pedido de cierre del expediente fue de otro fiscal, en este caso fiscal de Cámara, Raúl Plee, el mismo que apeló el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros funcionarios en la burda causa conocida como dólar-futuro. Es el aparato judicial defendiendo con uñas y dientes a los cortesanos que enfrentan el juicio político.
Pasársela a los de amarillo
El diario La Nación difundió el fallo de Lijo casi con un canto de victoria: “Decisivo golpe contra el juicio político”, agrandó el matutino. La maniobra fue advertida por la diputada Vanesa Siley que retrucó con un largo hilo de tweets en el que dejó claro que ninguna resolución judicial es oponible al juicio político. Y, además, Siley afirmó que el fallo no cierra el expediente, que hay mucho por investigar.
La OSPJ no fue sólo motivo del expediente que instruyó Lijo y en el que Stornelli jugó de defensor de Maqueda. El escándalo pegó en todo el país: una obra social que funcionaba aceptablemente bien entró en bancarrota. Y aparecieron contratos más que extraños con dos empresas cordobesas, la provincia de Maqueda. Por un lado, EMI, que registraba contratos por 100 millones de pesos anuales y no tenía requisitos de ningún tipo. La otra empresa cordobesa, Farmadant, que supuestamente prestaba el servicio de control de las recetas, no tenía ni la infraestructura más elemental.
Como se publicó en Página/12, el control de la OSPJ lo tenía un hombre de confianza de Maqueda, Aldo Tonon, que renunció recientemente, y quien firmaba los cheques era María Guadalupe Burgos, sobrina de Maqueda, sin formación alguna, sin designación oficial y con un sueldo de 400.000 pesos el año pasado.
Pese a todos esos datos, Stornelli pidió el sobreseimiento, Lijo contestó que el fiscal estaba pidiendo demasiado, pero que no tiene hipótesis delictivas contra Maqueda. El resumen es que le dio una especie de cheque en blanco judicial. Un favor con vistas al juicio político.
Carlos Salvador Bilardo, el técnico campeón mundial, decía con ironía que había que pasársela a los del propio equipo. El team de los fiscales no se la pasa a los propios, al equipo de la acusación, sino que se la pasa a los de amarillo. Siempre.
Pasársela a los de amarillo II
Por su parte, Horacio Rosatti, el presidente de la Corte Suprema también se vio beneficiado por la jugada de un fiscal. En este caso Raúl Plee, fiscal de Cámara, y exintegrante de la famosa comisión de seguridad de Boca Juniors en tiempos de Mauricio Macri. El origen del expediente fue un anónimo en el que se decía que Rosatti recibía sobres con dinero en tiempos en que era procurador del Tesoro y ministro de Justicia de la Nación.
Lo asombroso es que el cortesano recusó al juez que intervenía, Reinaldo Rodríguez, según contó en detalle Juan Carlos Tizziani en Rosario/12. El fiscal Gustavo Onel también se la pasaba a los de amarillo: pidió el sobreseimiento de Rosatti dos veces, aduciendo que correspondía la prescripción. Y para redondear, llegó el más conocido de los que juegan para los amarillos, Plee. El fiscal general dejó el expediente sin imputación y la Sala I de la Cámara de Casación terminó absolviendo justamente por no existir acusación fiscal. El fallo es de diciembre, pero lo reparten como un panfleto ahora.
En la causa dólar-futuro, también Plee se la pasó a los de amarillo. La Casación sostuvo que no existía delito alguno, que no hubo perjuicio para el Estado y que los únicos que se beneficiaron con la operatoria de dólar-futuro fueron los financistas, amigos de Macri, que usufructuaron la devaluación dispuesta por el expresidente. En este caso, Plee sí apeló el sobreseimiento de Cristina, Kicillof y otros funcionarios y el recurso le deja las cosas servidas a la Corte Suprema que ahora podría mandar a hacer otro juicio contra la vicepresidenta.
