El Banco Central mantiene alta la tasa de interés e insiste que alcanzará la meta de inflación del 17 por ciento este año. Los organismos internacionales y las consultoras del mercado hace meses que aseguran que la entidad no conseguirá cumplir el objetivo. Ahora se sumaron las principales calificadoras de riesgo del mundo. Standard & Poors difundió ayer un informe entre inversores en el que menciona que la meta de inflación no es alcanzable. La calificadora le recomendó al Gobierno ser más flexible en las metas y le pidió concentrarse en las políticas de ajuste fiscal que siguen pendientes, a su criterio.  

 En la licitación de pases de esta semana el Central mantuvo su tasa de referencia en 26,25 por ciento. Pese a que en la entidad sostienen que en 2017 la inflación bajará del 41 al 17 por ciento, siguen sin poder reflejarlo con un retroceso en el nivel de las tasas de interés. El titular del organismo, Federico Sturzenegger, tuvo que admitir el martes último que en julio la inflación volvió a rebotar. Las consultoras privadas la estiman cercana al 2 por ciento. Esto implica que los precios hasta julio acumulen un ascenso cercano al 14 por ciento (11,8 por ciento lleva registrado hasta junio, inclusive). El Central deberá conseguir que los precios mantengan un aumento promedio inferior al 0,6 por ciento por mes hasta fin de año para poder cumplir la meta del 17 por ciento.

 Los principales argumentos de economistas heterodoxos apuntan que en la autoridad monetaria no consiguen comprender que la inflación no es un fenómeno monetario sino que se asocia con tensiones de costos. Plantean que subió el dólar 20 por ciento, suben las tarifas 50 por ciento y los salarios avanzan arriba del 20, por lo que no hay manera que la inflación se ubique debajo de esos niveles. Afirman que es un tema estructural y que la demanda, si bien se moderó fuertemente, todavía le permite a los empresarios ajustar sus precios para trasladar el aumento de los costos.

 Los sectores conservadores apuestan a que se avance con un programa de recortes fiscales para atacar los precios, en lugar de intentar con enfoques no convencionales como los controles de precios, políticas de ingresos y diferentes tipos de iniciativas enfocadas al problema de los costos. La calificadora Standard & Poors no ahorró recomendaciones de ajuste. En su último informe indicó que “este año la meta de inflación no es alcanzable y el último fundamento para pensar que la inflación será de 20 por ciento (y no más), como espera el mercado, es suponer que el Gobierno mantendrá las distorsiones de precios actuales, que afectan los servicios públicos y al tipo de cambio real”. Precisó que “alcanzar una tasa de inflación del 5 por ciento para 2019 puede ser posible si el equipo económico se decide a eliminar los subsidios fiscales a los servicios públicos. Hacer esto más temprano que tarde eliminaría simultáneamente la represión artificial de la inflación, reduciría el déficit fiscal y facilitaría el reajuste del tipo de cambio real, preparando terreno para el establecimiento de metas de inflación más creíbles”.

 En la calificadora llegaron incluso a darle consejos a Sturzenegger. Le plantearon que debería establecer metas menos rígidas, es decir plantar una inflación más elevada. “Es necesario para hacer espacio a los significativos aumentos que se necesitan en los precios regulados y en el precio del dólar”. El déficit fiscal que mantiene el Gobierno se convirtió en la nueva obsesión del establishment económico. Algunos advierten que el rojo fiscal será este año del 8 por ciento, tomando en cuenta el resultado financiero por pago de intereses. Por todos los canales posibles –esto es, informes de consultoras para inversores, documentos de organismos internacionales y análisis de calificadoras de riesgo–, los sectores ortodoxos le piden a Mauricio Macri que realice un ajuste de los gastos del sector público, que en un 75 por ciento se explican por salarios, jubilaciones y subsidios económicos y a sectores vulnerables de la población.  

 Pese a que los funcionarios del Gobierno se empeñan en negar que se esté instrumentando un ajuste fiscal para después de las elecciones legislativas de octubre, desde distintos sectores aliados a Cambiemos se insiste en la inevitabilidad de ir en ese camino. El factor central es que la economía sigue sin arrancar, y una nueva vuelta de ajuste podría implicar una profundización de la contracción económica. Si se afectaran las transferencias, implicaría una nueva reducción del consumo, por ejemplo con un nuevo aumento en las tarifas públicas por reducción de subsidios. La demanda de los hogares fue una de las variables que más impacto recibió en los últimos 19 meses y hasta el momento no recuperó los niveles de consumo de finales de 2015.