El gobierno de Alberto Fernández confirmó ayer la compra de un centenar de pistolas electrónicas Taser, que serían destinadas a grupos especiales de fuerzas de seguridad federales. El anuncio lo realizó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien al asumir el cargo en 2021 había descartado esa posibilidad porque “la Argentina no está preparada para eso, ni de casualidad”. La noticia se conoce en medio del debate que reinstaló el ministro de seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro tras el asesinato de una mujer Policía de la Ciudad con su propia arma, y de las críticas de Patricia Bullrich contra su principal adversario interno en el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, a quien desafió a “que las use, que no le pida más permiso a nadie”. H.I.J.O.S. Capital destacó ayer que las Taser “son un instrumento de tortura”, recordó que las picanas se usaron en forma sistemática durante el terrorismo de Estado y le exigió al gobierno nacional “que retrotraiga la medida tomada y se prohíba su uso en la Argentina”.
“Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre”, informó Aníbal Fernández, enfatizando el mes para descartar cualquier vínculo con el debate en Juntos por el Cambio derivado del homicidio de la policía Maribel Zalazar la semana pasada. “Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo, no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos”, dijo el ministro en declaraciones a Radio 10. En ese marco, sostuvo que “seguramente” el gobierno porteño también podría utilizarlas.
La noticia de la compra se conoció el miércoles, cuando fuentes del Ministerio de Seguridad aseguraron a la agencia Télam que “el debate sobre la cuestión está saldado (sic), ya que nuestro gobierno respeta y cumple los plexos normativos nacionales y sus obligaciones internacionales”. Añadieron que la compra fue autorizada por dos resoluciones de la Policía Federal de octubre y de diciembre pasado, que la regulación de su control se rige por la Ley de Armas y Explosivos (20.429) del año 1975 y por los decretos 395/75 y 1039/89, y que “su uso y adquisición por las Fuerzas de Seguridad y Policías en la Argentina fue definido políticamente en los años ‘80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado”.
La compra, según las mismas fuentes, se realizó por contratación directa con una empresa que tomó en parte de pago un lote de armas electrónicas adquirido en 2019 durante la gestión de Bullrich y que había quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, que no cuentan con emisión de advertencia ni cámaras incorporadas. Las pistolas serán destinadas a los grupos especiales de fuerzas federales como el Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal. Para el uso de estas armas, los agentes deben cumplir con el “protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad”, vigente desde la gestión de Sabina Frederic, antecesora de Fernández.
El gobierno nacional derogó el 24 de diciembre de 2019, días después de asumir, el “Reglamento General para el Empleo de Armas Electrónicas No Letales”. Esa resolución gestada por Bullrich en 2018 contrariaba el paradigma de uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior, así como otros principios que rigen su uso, como el de la proporcionalidad, racionalidad y progresividad.
“Las pistolas Taser se promocionan como armas no letales pero en realidad son armas menos letales. Eso quiere decir que guardan peligrosidad, que su uso puede implicar graves daños a la salud”, advirtió Victoria Darraidou, directora de Violencia Institucional del CELS, quien recordó las muertes derivadas de su uso en Estados Unidos. “Nuestra preocupación es el uso de fuerzas desproporcionadas por parte de las policías. Este es un problema en todas las policías del país, ya sea con pistolas que tienen en su recámara balas de plomo o balas de goma, y el peligro es que ese uso desproporcionado de la fuerza se extienda a otras herramientas, como puede ser un arma de descarga eléctrica”, destacó.
H.I.J.O.S. Capital difundió un comunicado titulado “No a las picanas Taser en Argentina”, en el que recordó que esas armas “violan derechos humanos consagrados en nuestra Constitución”. “Con la decisión del gobierno nacional se está institucionalizando la tortura en nuestro país. Las TASER son instrumentos de tortura que afectan el derecho a la vida y a la integridad física. Su uso contraviene la obligación estatal de prevenir y erradicar la tortura, asumida por el Estado en tratados internacionales”, enfatizó. Citó al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que las definió como un instrumento de tortura que puede llegar a producir la muerte, y a Amnistía Internacional, que las considera armas letales y ya en 2012 registraba 500 muertes por su uso sólo en Estados Unidos.
“Con
profunda preocupación por esta decisión de adquirir picanas portátiles,
exigimos al gobierno nacional que retrotraiga la medida tomada y se prohíba su
uso en la Argentina”, reclamó el organismo fundado a mediados de los ’90 por
hijos e hijas de víctimas del terrorismo de Estado. “Estas armas TASER en un
país en el que la picana fue utilizada de manera sistemática como elemento de
tortura durante la dictadura genocida implica una regresión inadmisible en
materia de memoria y no repetición de estos crímenes”, alertó. “Nunca más
tortura en Argentina. No a las neopicanas Taser”, concluyó.
