Viviana Veloz, presidenta de la comisión parlamentaria del caso denominado "El Gran Padrino", que investiga un presunto entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico de Ecuador, denunció haber recibido amenazas de muerte. Según Veloz, las intimidaciones tendrían como objetivo impedir el avance del caso, en el que según una investigación periodística estaría implicado el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Las amenazas también buscarían evitar que se indague un informe policial archivado sobre supuestas vinculaciones entre el narcotráfico y la mafia albanesa, en el que se menciona la participación de un empresario cercano al gobierno. 

"Con el logo de la mafia albanesa"

En una sesión telemática para avanzar en las investigaciones de "El Gran Padrino", también conocido como "Encuentro", Veloz anunció la presentación de una denuncia en la Fiscalía ante una amenaza de muerte por un mensaje "con el logo de la mafia albanesa": una palabra en albanés que en español significa "difuntos", sobre el fondo de la bandera de ese país balcánico. La asambleísta indicó que la nota la dejaron en el auto de su asesor en el exterior de la Universidad Central ubicada en Quito.

Además, Veloz reveló que le llegaron a su cuenta de Instagram amenazas de muerte contra sus padres y su familia si no dejaba la investigación. "Responsabilizo públicamente al gobierno de lo que me pueda pasar", advirtió la parlamentaria correísta durante la sesión, y se preguntó: "Si el poder político no se ha unido con la mafia, ¿entonces por qué empiezan a amenazarnos de muerte?"

Veloz agregó que en la denuncia presentada en la Fiscalía también consta el nombre de un legislador de la comisión que el viernes pasado le dijo: "Dejen de estarse metiendo con la mafia, que ya les van a enviar un mensaje". El teniente coronel de policía José Luis Erazo, testigo clave que debe comparecer ante la comisión parlamentaria, también denunció haber recibido amenazas y pidió protección. 

En un comunicado la comisión investigadora rechazó las intimidaciones y amenazas de muerte contra Erazo, al considerar que las amenazas "buscan silenciarlo para evitar que responda al país toda la verdad de la investigación (...) sobre los ciudadanos Danilo Carrera y Rubén Cherres, quienes presuntamente habrían estado vinculados en una estructura criminal de narcotráfico a nivel internacional".

A la sesión telemática celebrada el lunes no acudieron José Luis Erazo ni el general Geovanni Ponce, coordinador administrativo financiero de la Policía Nacional. También fue convocado el presidente Guillermo Lasso, pero no asistió.

La Asamblea Nacional, con el acompañamiento de un total de 108 de 135 asambleístas presentes en la sesión virtual, aprobó el martes una prórroga de diez días para que entregue su informe la comisión que investiga el caso. Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza cercana al expresidente Rafael Correa, informó que en la investigación del caso se realizaron 19 sesiones y se recibieron 40 mil hojas con información.

"El Gran Padrino"

El medio digital La Posta reveló el mes pasado un presunto entramado de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en empresas públicas del sector eléctrico. En el informe mencionan como el supuesto "padrino" de esa estructura al empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso, quien rechaza enfáticamente las acusaciones. 

Además de Carrera, los otros dos implicados hasta el momento son Hernán Luque Lecaro y Rubén Cherres Faggioni. Entre julio del 2021 y noviembre del 2022, Luque fue delegado de la presidencia en el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), según el diario El Comercio. Sobre Cherres se sabe que no ocupó cargos públicos aunque, según documentos facilitados por el asambleísta Ricardo Vanegas, sería accionista en al menos nueve empresas. Entre sus socios aparece el empresario albanés Dritan Gjika. 

El proceso empezó luego de que La Posta publicara un audio el nueve de enero. En él se habla de pagos relacionados con nombramientos y contratos en empresas estatales. Entre otros se menciona la presunta entrega de un pago de 30 mil dólares para Carrera, familiar de Lasso. Los delitos que se investigan son concusión, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada. La Asamblea Nacional va más allá y apunta a responsabilidades políticas.

Evalúan reabrir un informe antidrogas 

En otro caso que preocupa a Lasso, la Fiscalía evalúa reabrir un informe de la policía antidrogas en el que aparece salpicado Cherres, hombre cercano al gobierno. El informe, elaborado entre mayo y julio de 2021, realiza un seguimiento a varias personas que supuestamente se reunieron en el local de una empresa que la policía sospechaba que era usada por el narcotráfico para enviar droga al exterior.

La fiscal general advirtió que las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas durante la realización de ese informe, en las que se lo escucha a Cherres presumir de su influencia por sus contactos en el gobierno, están bajo "reserva nacional". Entre los nombres mencionados por Cherres en el audio filtrado está el del ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, quien renunció una semana atrás, según dijo para evitar cualquier suspicacia. 

Manzano negó haber llegado al gobierno por intermedio de Cherres, aunque admitió conocerlo e incluso haberle entregado su currículum muchos meses antes de ser nombrado ministro. La difusión del informe causó un gran malestar en el gobierno, que en un comunicado arremetió contra el portal La Posta, también encargado de destapar esta olla bajo el título "El Gran Informe". 

El gobierno de Lasso lo calificó como "un informe reservado" que estaba "archivado desde hace más de un año por pedido de la Fiscalía y por orden judicial", porque "no había méritos para abrir un proceso". En un mensaje a la nación, Lasso incluso dijo que el informe periodístico está en el plano de una "historieta falsa, falaz e insultante".

La revelación de este documento llegó en el momento más complicado de los 20 meses de mandato presidencial de Lasso, luego de perder el referéndum promovido por su gobierno para aplicar reformas a la Constitución y ver al correísmo renovando sus fuerzas en las elecciones locales del pasado cinco de febrero.