Arcoíris, la niña que denunció los abusos de su abuelo paterno, expresó su deseo de continuar viviendo con Delfina, su mamá. Lo hizo ayer en la audiencia citada debido a la presencia de su padre en Buenos Aires, y de los hechos desatados tras la orden de separarla de su madre, librada por la jueza riojana Gisella Flamini. La niña acudió a la audiencia en compañía de su abuelo materno, su progenitor finalmente no se presentó.

Tras la estrategia de la Justicia riojana de separar a Arcoíris de su mamá en la noche del miércoles mediante una orden de detención y el allanamiento a la vivienda que ambas comparten en la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Judicial de la Nación determinó que la niña debe continuar viviendo al cuidado de Delfina.

Una muralla humana evitó que Arcoíris sea separada de su madre protectora, después de nueve horas de concentración masiva en la puerta del domicilio. Organismos nacionales pertinentes velaron por evitar la vulneración de los derechos de ambas.

Recién en la madrugada del jueves y debido a la presión mediática, de organizaciones y organismos nacionales, la jueza Flamini tuvo que dar marcha atrás y derogar la disposición que implicaba la criminalización de la madre de Arcoíris.

Emilio Pagotto, abogado de Matías Vergara, padre de la niña, fustigó el accionar de los dispositivos de protección librados por el gobierno Nacional, y se refirió al hecho como “una cama”. Dijo que fue una intromisión, y que la defensora de los Derechos de los Niños, Marisa Graham “obstaculizó el trámite judicial”. También mencionó a los organismos del Estado que aseguraron el bienestar de la niña como como “grupos de presión feminista”.

Vergara está denunciado en CABA por violencia familiar y tiene una orden de no acercamiento desde 2022, que ha desobedecido en reiteradas oportunidades.

“No pasarán”

La Policía de CABA irrumpió en el domicilio con orden de trasladar a Arcoíris y ponerla a disposición del Consejo de Derechos de los Niños, detener a Delfina, su mamá, y llevarla a La Rioja privándola de proteger a la niña. Lo hizo sin ningún tipo de acompañamiento de organismos de protección de la niñez. Desde la Mesa de Justicia por Arcoíris, denunciaron el hecho y llamaron a luchar por “no más niñeces abusadas. “Ayer construimos una pacífica muralla humana para proteger a la niña, que por primera vez en este año no ha sido abusada después de cuatro años consecutivos de volver de las visitas de la casa de su abuelo paterno y narrar hechos de abuso sexual que deben ser investigados, y que son el tema de fondo”, señalaron.

“Hoy en La Rioja no se está discutiendo el abuso, sino que se está poniendo el foco en la madre, hay un ensañamiento. La causa por la denuncia de abuso contra su abuelo paterno sigue sin avanzar”, lamentaron.

Arcoíris y su mamá gozan de medidas de protección basadas en un informe librado en junio de 2022 por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que derivó en que el Juzgado 106 de la Justicia Nacional dictara el resguardo hoy ratificado como vigente. “Hasta que no se demuestren los abusos sexuales, el principio general es el de protección de la niña”, explicaron desde la Mesa.

Criminalizar a la madre

Durante la feria judicial, el juez de La Rioja Héctor Daniel Barría, había pedido la captura de la mujer, y la declaró en rebeldía sin mediar un abogado o abogada defensora para comparecer en las audiencias citadas en la causa que se caratuló como “Desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto”. En la Justicia riojana se intentó avanzar con esta imputación penal sin garantizar el derecho a defensa de quien denunció cinco veces los abusos sexuales contra su hija.

Actualmente, Arcoíris está con su mamá y tiene el cuidado provisorio del abuelo materno por un acuerdo que se firmó en la madrugada del jueves a modo de resguardo, tras el asalto policial, con la intención de que continúe con las clases y su vida normal en la Ciudad de Buenos Aires.

Muralla humana evitó que una orden judicial separe a la niña de su madre. 

Arcoíris y su mamá poseen medidas de protección desde junio de 2022 que fueron dictadas por el Poder Judicial de la Nación que actúa en Capital Federal. Esas medidas están vigentes y desde entonces el padre de la niña de siete años tiene prohibido mantener contacto con ella, dado que está denunciado por violencia familiar y se lo acusa de haber permitido los abusos sexuales por parte del abuelo paterno durante años.

En el proceso que se extendió hasta altas horas de la madrugada del jueves, intervino la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación Marisa Grahan, el defensor adjunto Facundo Hernández, la directora general de NNyA de la Defensoría del Pueblo María Elena Naddeo, el Director operativo de la Guarda Jurídica Permanente del Consejo de Derechos de NNyA de la CABA Diego Terrens e integrantes del MMGYD de la Nación.