El escenario económico es complejo con origen multicausal. Para revertirlo es necesario desandar las políticas económicas y sociales desplegadas desde fines 2015, de lo contrario se agudizará la compleja y regresiva situación económica, social y distributiva actual. La disputa por los estratégicos recursos naturales deben de abordarse con enfoque desarrollista y de seguridad nacional. Este y otros temas de suma importancia regional han sido abordados en los discursos de los presidentes latinoamericanos reunidos en esta capital en el marco del encuentro de la Celac, en los últimos días de enero pasado.

La economía no es una ciencia exacta y sus efectos en la sociedad son interpretados según la ideología. De ahí el carácter de ciencia social y condicionada por los intereses y el lugar desde el cual se construyen las teorías y modelos utilizados para interpretar, explicar y justificar las realidades económicas y sociales. También se aplican a las ciencias económicas las categorías filosóficas causa y efecto, dado que todas las decisiones económicas generan consecuencias sobre la tenencia, producción y distribución de los recursos limitados.

Existen realidades en las sociedades que, más allá de posiciones ideológicas o preceptos de modelos económicos, muestran drásticas y tangibles consecuencias sobre personas y comunidades, que son el resultado de decisiones políticas y económicas. El escenario económico, social y político presente es adverso y complejo y no es el estadio en que deberíamos estar posicionados, si se considera los recursos humanos, científicos, técnicos y naturales que posee el país.

Si bien existe un ciclo de crecimiento económico que no implica desarrollo, una parte significativa de la sociedad se encuentra en una situación de mayor pobreza incluyendo a sectores que aun estando ocupados laboralmente han visto reducidas sus remuneraciones reales, accediendo a menos de la riqueza producida.

A fines de 2015 el salario mínimo en dólares de Argentina se ubicaba como uno de los más altos de Sudamérica. Para fines de 2019 y hasta inicios de 2023 este indicador se posiciona entre las más bajo de la región. En este descenso han incidido el continuado proceso devaluatorio de la moneda nacional frente al dólar de los últimos ocho años.

La deuda pública ha tenido un crecimiento muy importante en 2017 y 2018. El endeudamiento constituye una táctica más dentro de la estrategia de debilitar económica y políticamente a países latinoamericanos, para además de disminuir la intensidad de los sistemas democráticos. El objetivo es que se encuentren en peores condiciones económicas y de negociación de sus importantes recursos naturales con el objetivo de que prevalezca su entregas en forma de materia prima en lugar de que sean productos industriales con valor agregado y generando desarrollo y empleo.

Estas cantidades significativas de divisas que el país debe pagar para honrar la deuda, generan escasez de dólares y devaluación de la moneda nacional. con lo que también se impulsan los precios internos de bienes y servicios, o sea la inflación. Las elevadas tasas de inflación de los últimos ocho años han implicado una caída del salario real –abaratamiento de la fuerza laboral-, dado que el crecimiento de los precios a superado al incremento de los salarios nominales, con el efecto en el crecimiento de las ganancias empresariales y, sobre todo, de las más grandes, concentradas y extranjeras corporaciones internacionales.

Las elevadas tasas de devaluación con altos índices de inflación han mostrado la fuerte correlación positiva que han tenido estos indicadores en la economía local. El endeudamiento no solo implica al momento de su pago una fuga de riquezas nacionales al exterior mediante los intereses que genera, sino que también restringe el crecimiento y el desarrollo al no poder destinarse a estas actividades las divisas fugadas. También se contrae la capacidad de gestión y regulación de parte del Estado en la economía, dado que el pago de la deuda y sus intereses implica desviar gasto público de funciones redistributivas, reguladoras, de desarrollo y sociales

Otro de los efectos de la deuda externa, sobre todo cuando es con el FMI, es la pérdida de soberanía económica y política dado el condicionamiento que impone dicho organismo internacional una vez que pasa a monitorear la política económica de los países endeudados. Los recursos públicos destinados al pago de la deuda retornan al mercado sin que el Estado haya podido ejercer con ellos acciones de política económica de forma integral. Además, si los orígenes de esos recursos provienen de ganancias privadas que han sido recaudada por el fisco mediante impuestos estarían retornando al sector privado esos beneficios económicos sin haber generado efectos redistributivos. Vale la pena recordar que la deuda contraída no se destinó a financiar el desarrollo ni a solucionar necesidades públicas, sino que fue utilizada fundamentalmente a satisfacer necesidades privadas como fue la fuga de capitales.

La devaluación ha provocado mayor ingreso nominal del fisco, pero además ha generado un abaratamiento de nuestros recursos naturales y patrimoniales en pesos, lo que puede generar también una reducción del gasto público en términos reales – aunque aumento en cantidades nominales - para necesidades sociales y redistributivas, como son por ejemplo en salud y educación, con el efecto negativo que esto puede generar en las bases electorales de los sectores populares hacia los gobiernos progresistas, como ya ocurrió en las elecciones de medio término de 2021.

El país cuenta con estratégicos y valiosos recursos naturales que van desde sus extensiones territoriales, reservas de agua y minerales, así como su estratégica posición geográfica. Esos recursos se pueden exportar como materias primas o generar una industria que los transforme y le adicione valor para que puedan ser exportarlos a un mayor precio generando más ingresos. De la manera en se gestionen, administren y regulen la explotación de estos estratégicos y escasos recursos dependerá que sus beneficios queden concentrados en el sector empresarial o se utilicen en bienestar de toda la sociedad y de su desarrollo social y económico. Estas alternativas son objeto de disputas claves en el presente. Como nación debemos proyectar una estrategia de desarrollo consensuada, nacional y soberana que propicie realidades equitativas y justas para la sociedad en su conjunto. Contamos con todos los recursos necesarios para lograrlo.

* Docente en la UBA y en UNQ en Economía y en Impuestos.