Como parte de las medidas para atender la crisis humanitaria en Territorio Indígena Yanomami el gobierno de Brasil adelantó el cierre definitivo del espacio aéreo para evitar la llegada de mineros ilegales. Inicialmente estaba previsto para el seis de mayo pero los ministros de Defensa y Justicia indicaron que será el seis de abril.
La situación es tensa en esa región amazónica. Esta semana el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) denunció que hubo un disparos contra una de sus sedes a orillas del río Uraricoera.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, anuncio el adelanto del cierre del espacio aéreo. "Como hay dos o tres áreas en las que las personas están insistiendo en quedarse, en esta fase les cerraremos el corredor al tráfico aéreo", advirtió.
"A partir del 6 de abril vamos a cerrar (el espacio aéreo) completamente", remarcó Dino, que también indicó que en los últimos días registraron uno o dos vuelos para retirar a los mineros ilegales de la reserva indígena.
El ministro de Defensa, José Múcio, explicó que el cierre definitivo del espacio aéreo sobre la Reserva Indígena Yanomami “es importante para no fomentar más la minería ilegal”.
Esta semana el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) confirmó que una de sus bases ubicada al margen del río Uraricoera fue tiroteada por un grupo de mineros ilegales que presuntamente salían de la tierra Yanomami en una canoa. Las autoridades también dispararon un minero resultó herido y luego fue detenido. El resto del grupo huyó.
Crisis humanitaria del pueblo indígena Yanomami
Hace un mes el presidente de Brasil, Lula da Silva, viajó a la localidad de Boa Vista en el estado amazónico de Roraima para conocer la situación de cientos de indígenas Yanomami. Un informe oficial había revelado que 99 niños menores de cinco años murieron de desnutrición y paludismo en 2022.Desde Boa Vista el mandatario denunció el genocidio de la población indígena Yanomami y abrió una investigación.
Según las autoridades, una de las razones de esa crisis fue la masiva actividad de mineros ilegales, que han contaminado ríos con mercurio y devastado parte de ese territorio, habitado por cerca de 30.000 indígenas.
En sus cuatro años de gobierno (2019-2022) el expresidente Jair Bolsonaro alentó la minería ilegal que en consecuencia se expandió por toda la región amazónica. Los yanomami ya habían denunciado esta situación sin encontrar respuesta en el gobierno de Bolsonaro.
Lula también puso en marcha un plan integral que además de atención sanitaria de emergencia incluyó la retirada de los mineros ilegales (unos 20 mil), decomiso de helicópteros y otros elementos usados por los garimpeiros (mineros ilegales).El gobierno además detectó al menos 75 pistas clandestinas en territorio indígena Yanomami y unas 800 en todos los territorios indígenas del país.
